Las reformas rivadavianas: El inicio del endeudamiento como política de estado en la Argentina

La batalla de Cepeda, en 1820, clausuró el orden político nacional del Directorio, propiciando la consolidación de las autonomías provinciales en nuestro país. Buenos Aires debió afrontar entonces la creación de un estado provincial, aunque la empresa no resultó sencilla, ya que en pocos meses desfiló una decena de gobernadores que no consiguieron sostenerse en su cargo. Finalmente, en 1821, el nuevo titular del ejecutivo provincial, el general Martín Rodríguez, decidió convocar a Bernardino Rivadavia para hacerse cargo del estratégico ministerio de Gobierno y RREE de la provincia.

Tal como había sucedido en su anterior paso por la gestión pública, Rivadavia opacó con su desempeño al gobernador provincial, adquiriendo un rápido liderazgo sobre una Sala de Representantes compuesta por mitades por comerciantes y ganaderos. La acción de Rivadavia apuntó a reorganizar la provincia bajo el control de comerciantes locales e ingleses, como paso previo para la imposición de una hegemonía portuaria sobre el resto del país. Para entonces, poco quedaba del “españolista” deportado por la Junta Grande, ya que sus medidas políticas, sociales y culturales se enfocaron a crear las condiciones apropiadas para la inclusión del Río de la Plata como satélite del imperio británico en expansión.

Las denominadas "reformas rivadavianas" incluyeron la organización de los poderes provinciales, la reducción de los gastos del estado, que implicó una reducción del número de civiles en las tropas –reemplazados por gauchos desocupados reclutados por la fuerza- y la baja de los oficiales opositores. A fin de centralizar el poder, se dispuso la supresión de los cabildos de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos y Luján.

Asimismo, se crearon la Bolsa Mercantil y del Banco de Descuentos, antecedente del Banco Provincia, que fue puesto en manos de financistas británicos y criollos, con la funciones de emitir moneda y otorgar préstamos a corto plazo. También aprobó la expulsión de las órdenes religiosas y la estatización de sus propiedades, y la creación del Colegio de Ciencias Morales y la Universidad de Buenos Aires. Para fomentar el establecimiento de europeos en el Río de la Plata, se formó una Comisión de Inmigración.

En política exterior, se abandonó la lucha revolucionaria, aislando a los ejércitos de San Martín y de Güemes, quienes se vieron librados a sus propios medios para continuar con la gesta por la independencia americana. Las reformas incluyeron la sanción de una ley de “sufragio universal”, que era en realidad bastante restrictiva, ya que excluía a jornaleros, domésticos y empleados, y mereció la condena de Manuel Dorrego, quien sostuvo que estaba orientada a dejar los destinos del país en manos de un estrecho número de comerciantes y capitalistas, entronizando a la “aristocracia del dinero”, que ya tenía el control del Banco y de la Bolsa.

Otras dos medidas se vinculan directamente con prácticas de corrupción y tendrán importancia decisiva en la formación de la oligarquía argentina: el empréstito contratado con la Baring Brothers y la ley de Enfiteusis. En 1822, la Sala de Representantes de Buenos Aires autorizó a Rivadavia a gestionar un empréstito con la Baring por 1 millón de libras esterlinas, para construir un puerto, un sistema de aguas corrientes y fundar pueblos. Ninguno de estos objetivos se concretó, y la iniciativa se convirtió en un gigantesco acto de corrupción en beneficio de una minoría acomodada. Las tierras públicas, hipotecadas como garantía de pago, fueron asignadas en posesión a legisladores y actores próximos a Rivadavia a través de la Ley de Enfiteusis, a cambio del pago de un canon prácticamente teórico.

En lo referido al empréstito Baring basta con puntualizar que de la suma de 1 millón de libras por la que fue contratado, sólo llegaron al país 570 mil, la mayoría en letras de cambio sobre casas comerciales británicas en Buenos Aires que eran propiedad de los intermediarios, los hermanos Parish Robertson, Braulio Costa, Juan Pablo Sáenz Valiente, Félix Castro y Miguel Riglos, quienes además recibieron por sus servicios una comisión de 120 mil libras. El empréstito se terminó de pagar en 1904 y en total, se abonaron 23.734.766 pesos fuertes. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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