Provincia
Víctima de las pasiones argentinas
Magnicidio: El fusilamiento de Dorrego
El 27 de junio de 1827, Rivadavia renunció a la presidencia de la Nación, ante su incapacidad para resolver el caos que habían generado sus políticas. La sanción de la constitución unitaria de 1826 sólo había servido para revelar a las provincias en respuesta al avasallamiento de sus autonomías.
La oligarquía ganadera porteña se había puesto en pié de guerra a consecuencia de la federalización de Buenos Aires y la nacionalización de su aduana, con la pérdida de privilegios que esto suponía. La guerra con el Brasil estaba a punto de perderse en la mesa de negociaciones, luego de haberse obtenido sucesivas victorias en el campo de batalla, ya que un estado quebrado por el despilfarro no contaba con recursos suficientes para su continuación. El deshonroso tratado de paz acordado por su enviado Manuel García, que incluía la cesión de la Banda Oriental al Brasil, una fabulosa indemnización en metálico y el desarme de la isla Martín García, decidió a Rivadavia a poner los pies en polvorosa, desembarazándose de la tarea de apagar el incendio.
Tras la renuncia de Rivadavia, el Congreso Nacional se disolvió. El estado porteño recuperó su autonomía y con ello su territorio y sus instituciones fugazmente nacionalizadas. En el mes de agosto de 1827, la Sala de Representantes designó como gobernador al coronel Manuel Dorrego. Federal atípico, de origen urbano y vida aventurera, el “loco” Dorrego manifestaba una particular preocupación por las clases subalternas, que le hizo acreedor al mote de "líder de los pobres". Por sus derechos políticos batalló en vano en 1821, cuando se discutió la ley de Sufragio en Buenos Aires. Ello le valió el rechazo de la elite comercial y la desconfianza de los ganaderos.
El calamitoso legado de Rivadavia condenó a su gestión a una gran estrechez económica. Para peor, el Banco Nacional, compuesto por capitales británicos y de unitarios opositores, le negó sus fondos para reiniciar la guerra con el Brasil. Dorrego, entonces, debió recurrir a una salida negociada. Inglaterra ofició como mediadora y compartió los beneficios con el Brasil. La Banda Oriental sería un país autónomo, sometido a la tutela de los intereses británicos. Brasil se haría acreedor a una jugosísima reparación económica. A Dorrego le correspondía hacerse cargo del costo político.
Los ganaderos federales lo aislaron inmediatamente. La voracidad de los unitarios no tardó en manifestarse y de inmediato concibió un plan macabro. Lavalle sería designado gobernador por una asamblea de vecinos porteños adinerados, haciendo caso omiso de la legislación vigente. A cambio, el general unitario debería destituir y ejecutar a Dorrego y a Juan Manuel de Rosas. Lavalle objetó únicamente este segundo crimen, ya que Rosas había sido su hermano de lactancia.
Alarmado por el grave cariz que estaban tomando los hechos, Rosas le aconsejó buscar refugio en la provincia de Santa Fe, donde podría organizar sus fuerzas y contraatacar. Dorrego desestimó la sugerencia con fatal soberbia: "Señor don Juan Manuel: que usted me quiera dar lecciones de política, es tan avanzado como si yo me propusiera enseñar a usted cómo se gobierna una estancia”.
El 1 de diciembre de 1828, Lavalle depuso a Dorrego. Éste se dio a la fuga, pero fue atrapado. Inmediatamente, Salvador María del Carril, principal instigador del crimen, le recordó al militar su compromiso a través de una carta redactada en términos imperativos: "La prisión del general Dorrego es una circunstancia desagradable, lo conozco; ella lo pone a usted en un conflicto difícil. La disimulación en este caso después de ser injuriosa será perfectamente inútil al objeto que me propongo. Hablo del fusilamiento de Dorrego. Hemos estado de acuerdo en ella antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla". Lavalle, fiel a su palabra, cumplió su parte del trato y ocultó la misiva, asumiendo en solitario la responsabilidad del magnicidio.
Las consecuencias fueron terribles. La anarquía se profundizó y la guerra civil se extendió por todo el país. El antiguo oficial del ejército de los Andes, devenido ahora en carnicero, ordenó la matanza de más de mil federales en el sur de la provincia para imponer el orden. Simultáneamente invadió Santa Fe, en persecución de Rosas. Con sus tropas agotadas por la marcha forzada y la escasez de víveres, Lavalle fue derrotado por las fuerzas conjuntas de Rosas y del gobernador Estanislao López en la batalla de Puente de Márquez, del 26 de abril de 1829.
Lavalle escapó con lo que pudo salvar de su ejército, pero sus vencedores lo persiguieron hasta Buenos Aires, y le pusieron sitio. Para entonces, el asesino de Dorrego era una especie de paria. Los mismos unitarios que habían instigado el crimen ahora lo denostaban. Los federales exigían venganza. Un futuro trágico asomaba en su horizonte. Enterado de que José San Martín se encontraba de incógnito en el puerto de Buenos Aires, sin decidirse a desembarcar debido a su profundo disgusto por el curso que había tomado la política criolla, Lavalle le ofreció la gobernación. La negativa fue rotunda: "El general San Martín jamás desenvainará su espada para combatir a sus paisanos". A continuación, le recomendó rendirse ante Rosas y López para evitar un nuevo derramamiento de sangre. Decepcionado y con el corazón escarnecido, el “libertador” retomó definitivamente el camino del exilio.
Despreciado por propios y extraños, Lavalle trató de negociar una salida política con Rosas, consciente de la imposibilidad de mantener la gobernación provincial en sus manos. El resultado del encuentro fue el pacto de Cañuelas, firmado el 24 de junio de 1829, donde se acordó la convocatoria a elecciones para conformar una nueva Sala de Representantes, en las cuales federales y unitarios presentarían una lista de unidad
Sin embargo, ya Lavalle no estaba en condiciones de negociar a nombre de los unitarios. El general Carlos María de Alvear desconoció el acuerdo y presentó una lista unitaria que obtuvo la victoria mediante la práctica de un grosero fraude que incluyó 43 asesinatos. Rosas, burlado en su buena fe, reclamó airadamente y Lavalle anuló los comicios. Poco después se celebró un nuevo acuerdo, denominado pacto de Barracas, que dispuso adjudicar la gobernación provisoria al federal Juan J. Viamonte, quien asumió el 26 de agosto de 1829. Lavalle buscó refugio en territorio uruguayo y, en el mes de diciembre, la Sala de Representantes designó a Juan Manuel de Rosas como gobernador, otorgándole la suma del poder público. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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