Se profundiza la grieta en la Justicia: Causas armadas, corrupción y dudosos criterios

La grieta entre la Suprema Corte y la Procuración General que lidera –al menos en los papeles –Julio Conte Grand son de larga data. Casi un espejo de la que se dejó ver en las últimas semanas en los fueros federales entre la Corte Suprema de Justicia y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Las acusaciones cruzadas sacaron a la luz el hedor de una estructura judicial en preocupante decadencia. Escuchas editadas, abusos en la utilización de la figura del arrepentido, causas armadas con fines que poco y nada tienen que ver con la administración de justicia y fallos cuyos criterios son tan subjetivos como caprichosos. En el medio, vidas afectadas. Familias arruinadas material y psicológicamente que chocan una y otra vez con un cuerpo de magistrados que no logra explicar la naturaleza de sus propias decisiones.

¿Cuál es la razón para que Rubén Alejandro Montes de Oca, uno de los agentes condenados por la muerte de 33 presos durante un incendio en la Unidad 28 de Magdalena sea beneficiado con prisión domiciliaria? ¿Por qué el mismo beneficio no fue otorgado a Eugenia Mercado, presa hace casi 8 meses bajo la sospecha –aún no probada –de que pudo haber cambiado un ticket de cambio de 4.500 pesos por una cartera en forma de dádiva? Conocer el criterio subyacente que hace que una persona imputada, procesada y condenada por 33 muertes se pueda ir a su casa y otra investigada por comprar una cartera se quede en prisión, es una tarea imposible, un absoluto misterio que indigna y sorprende por igual.

Para muestra, basta un botón. En el fallo que le negó la prisión domiciliaria a Mercado, la jueza María Silvia Oyhamburu mencionó entre las razones el hecho de que aún está “lúcida, con claridad de conciencia” –aunque sus abogados debieron presentar un hábeas corpus por el notable deterioro psicológico y los riesgos de lesiones autoinfligidas en su defendida-, y que sus hijos, de 15 y 20 años respectivamente, “cuentan con una familia primaria extensa”, dando a entender que la figura de la madre puede ser fácilmente reemplazada por una tía o una abuela.

Resulta igualmente arduo advertir que Ezequiel T., un joven que robó dos litros de leche en un supermercado para darle de comer a su hija en Lomas de Zamora, no puede acceder a la morigeración de su pena, mientras que la Justicia determinó que Alberto Samid, que fue encontrado en Belice huyendo del país, no tiene riesgo de fuga.

En los pasillos de Tribunales se cuece a fuego lento la teoría de que el procurador general Conte Grand no es más que un enviado de la gobernadora María Eugenia Vidal, su “pata judicial”, dispuesto a darle cumplimiento efectivo a todo aquello que se le pone en mente a la mandamás bonaerense. Una obediencia debida que hasta el momento se ha cobrado más de una víctima.

La división de poderes, la independencia entre lo político y lo judicial, hasta el momento es una cuenta pendiente. Un fracaso que lleva generaciones y que pareciera aún muy lejos de encontrar la luz al final del túnel. La enorme mayoría de los jueces de la provincia de Buenos Aires salieron séptimos, décimos y hasta decimo quintos en sus exámenes para acceder al cargo. Sin embargo, ostentan la titularidad de juzgados a lo ancho y largo del territorio bonaerense porque luego fueron elegidos a dedo por el poder político. No llega el mejor preparado, sino el que mejor supo moverse en la arena política. Resulta casi una profecía autocumplida, entonces, que los jueces no entiendan sus propios fallos, no logren justificar fehacientemente sus decisiones y las causas tengan un final tan caprichoso y burocrático como impredecible.

A diferencia de lo que ocurre en los países más desarrollados, en los que los jueces son profesionales de probada valía, que deben superar arduos exámenes y cumplir exigentes requisitos para acceder al cargo, en Argentina pareciera alcanzar con una bendición política, un piadoso manto de corrupción que no hace más que perjudicar a toda la sociedad. Como resultado, violadores, empresarios vinculados a defraudaciones multimillonarias, asesinos convictos y funcionarios con desvíos de fondos que superan el presupuesto completo de un año caminan por las calles en libertad, mientras que la Justicia bonaerense gasta fondos que no tiene en investigar a fondo si la cartera que cuelga del hombro de una empleada administrativa fue comprada con su sueldo o se la regalaron. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. (www.REALPOLITIK.com.ar)  

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