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Provincia
El organismo habría dejado de pagar el alquiler de sus oficinas en la localidad bonaerense, razón por la cual los vecinos se movilizaron y recurrieron a la Justicia. En este marco, las autoridades locales de la obra social de los jubilados y pensionados respondieron a una citación del Concejo Deliberante con una nota y negando el cierre.
La asamblea de jubilados y pensionados de la localidad bonaerense de Quequén, partido de Necochea, tomaron la sede del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) reclamando que las oficinas de atención no se cierren. Bajo la consigna “El PAMI de Quequén no se va”, los vecinos coparon las oficinas gubernamentales ante la aparente falta de respuestas de las autoridades correspondientes.
El organismo habría dejado de pagar el alquiler de las oficinas en la mencionada localidad y, en tanto, el juez federal de Necochea, Bernardo Daniel Biebel, respondió a una acción de amparo bajo la causa “Garrido, Gloria y otro contra INSSJYP”. El magistrado ordenó “mantener el efectivo funcionamiento de un centro de atención personalizada dentro del ámbito geográfico de la localidad de Quequén”.
Dictamen del juez Bernardo Daniel Biebel.
Asimismo, el juez Biebel destacó que, de no cumplirse su resolución, las autoridades correspondientes serán sancionadas “ante la posible comisión del delito de desobediencia a una orden judicial”. La orden del funcionario judicial fue dictada el pasado 23 de julio.
A su vez, hace algunas horas, y tras ser tomada la sede del organismo, Facundo Croci, jefe de agencia de PAMI en Necochea, envió una notificación al presidente del Honorable Concejo Deliberante de la localidad, Ernesto Mancino, excusándose de no asistir a la convocatoria que le habían hecho desde la comisión de Salud y Desarrollo Social de dicho cuerpo.
En la nota, el funcionario del organismo nacional sostiene que no se cerrarán las oficinas, sin embargo, señala que las mismas se trasladarán a otra dirección. Con motivo del “cúmulo de tareas” que llevaría dicha mudanza, Croci pegó el faltazo a la citación del Concejo.
Resta ver si las órdenes judiciales se cumplen, y si PAMI respeta la voluntad de los jubilados y pensionados de la localidad bonaerense, uno de los grupos más vulnerables de la sociedad y más golpeados por la crisis ante la incesante suba del precio de los alimentos y los medicamentos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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