En plena campaña, comenzó el debate en comisión de la ley de Ficha Limpia

El peronismo en todas sus vertientes dio quórum y tuvo lugar una de las escasísimas reuniones de comisión de la Cámara de Diputados en este infartante acto electoral. Esto le permitió al gobierno obtener dictamen para la denominada ley de Ficha limpia, que impide que candidatearse a quienes carguen con condenas de corrupción.

Sion embargo, la presencia de la oposición no sólo fue testimonial, ya que los miembros del Frente de Todos presentaron un dictamen propio, que incluye entre las restricciones a otros delitos como el tráfico de drogas, el lavado de activos y de dinero, la apropiación ilegal de tributos, la evasión de recursos correspondientes a la seguridad social, el contrabando y los delitos tributarios. Los agregados fueron rechazados por los diputados oficialistas, ya que se trata de acciones que devuelven la pelota a su propio campo, cuando la discusión de la ley, lanzada en plena campaña electoral y en un año en que casi no se registra actividad legislativa, había sido enmarcada dentro de la estrategia de campaña de Juntos por el Cambio para apuntar al kirchnerismo, y así atraer los sufragios de los indecisos.

Si bien en un primer momento la oposición estaba dividida respecto de la conveniencia de recoger el guante y participar de un debate claramente asociado a esa estrategia de campaña del gobierno nacional, Cristina Álvarez Rodríguez consiguió convencer a los dubitativos afirmando que la inasistencia sería tomada por la sociedad como un signo de complicidad con los ex funcionarios de la gestión K procesados, desmintiendo el lema: “Vamos a volver para ser mejores”, que reitera en cada aparición pública el candidato presidencial Alberto Fernández. 

Irónica como siempre, la diputada de Consenso 2030, Graciela Camaño, exclamó: “Nunca pensé que íbamos a juntarnos todos a cerrar la campaña”. Y a continuación recordó que una iniciativa similar obtuvo dictamen de comisión en noviembre de 2017, pero nunca llegó a tratarse en reunión plenaria porque súbitamente quedó excluida de las prioridades del oficialismo. Nueva campaña, nueva apelación a la transparencia. ¿Conseguirá ser aprobada esta vez, o se extinguirá nuevamente el interés después de las elecciones generales?

"Si la hubiéramos tratado, no habría condenados por corrupción que fueran candidatos”, recordó Camaño, quien en aquella ocasión había acompañado la propuesta de Cambiemos, y este martes avaló la propuesta del Frente de Todos.

Pablo Kosiner, también participante de Consenso 2030, decidió diferenciarse y presentó un dictamen propio. El diputado salteño reclamó que “se juntaron 90 mil firmas para una ley de emergencia en violencia de género y nunca se trató”. Y exigió una mayor actividad legislativa: “Deberían abrir la comisión de Presupuesto y tratar los temas que le interesan a la gente”.

Divididas así las aguas, Cambiemos consiguió imponer su dictamen como de mayoría, con el agregado de que la prohibición para las candidaturas deberá regir para los condenados en primera instancia. También se negaron a incorporar delitos como la violencia de género, exigido por varias diputadas. Sin embargo, preocupa que el dictamen de minoría, presentado por la oposición, pueda finalmente imponerse en el tratamiento en la cámara, ya que allí Cambiemos no puede garantizar mayoría propia, Massot pidió licencia y Monzó no estaría demasiado dispuesto a facilitarles las cosas, tal como lo hizo con maestría en el pasado, sin que su experticia fuera premiada por el gobierno nacional. 

En el debate no estuvieron ausentes los cruces frontales entre los diputados. El argumento del oficialismo para negarse a ampliar la grilla de delitos que impedirían la presentación de los candidatos fue presentado por la diputada del Pro, Silvia Lospennato: “El artículo 36 de la constitución es claro y no permite llevar esta restricción a delitos dolosos”. Otro miembro conspicuo del Pro, Pablo Tonelli –presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales-, adicionó: “Siempre se frenó esta ley por la presunción de inocencia, que en realidad es salvable, porque existe la prisión preventiva. Lo que hacemos es reglamentar la presunción de inocencia”.

La respuesta frontal provino de la diputada kirchnerista María Emilia Soria: “Lamento que muchos se olviden de principios elementales de la constitución, el proyecto le baja considerablemente el precio al principio de inocencia. Condena es sentencia firme. No hay vueltas”.

La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría si una condena en primera instancia fuera revertida por la cámara, pero, en el ínterin, un ciudadano fuera privado de su legítimo derecho a presentar su candidatura? Sobre todo, habida cuenta de que la Justicia es el poder público que más sospechas genera entre los argentinos.

Un debate que recién comienza y que, en medio del fragor electoral, corre serio riesgo de denaturalizarse. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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