Martes 23.04.2024 | Whatsapp: (221) 5710138
2 de septiembre de 2019 | Judiciales

Pedidos de apartamiento y jury

Preocupación en la Justicia bonaerense por el prontuario de la familia de una jueza

Amenazas, bancos que presentaron quiebra, juicios, pedidos de enjuiciamiento, historias de coimas y sobornos, ningún condimento pareciera faltarle a la jueza Marcela Garmendia y a su familia, que otra vez se encuentra bajo la lupa de sus colegas.

facebook sharing buttonCompartir
twitter sharing button Twittear
whatsapp sharing buttonCompartir
telegram sharing buttonCompartir
print sharing buttonImpresión
gmail sharing buttonCorreo electrónico

Corría el año 1999, y la jueza Marcela Garmendia acababa de llegar a su casa. Mientras se apresuraba a abrir el portón, un desconocido la tomó por el cuello, le apoyó un arma en la nuca, gatilló en falsó y le aseguró en voz baja, junto al oído: “La próxima vez va a haber un tiro para vos y otro para Luis”.

El rumor corre, desde hace años, en los despachos de la Justicia bonaerense y los estudios de abogados de la ciudad de La Plata. Las polémicas y los episodios oscuros que rodean tanto a la jueza de Garantías Marcela Garmendia como a sus familiares son tantas, que a su alrededor se han tejido pedidos de apartamiento, cuestionamientos y hasta se han propuesto juicios políticos.

El esposo de la jueza Garmendia es Luis Martínez Varela, quien se desempeñó como vicepresidente del Banco Municipal de La Plata durante los años más oscuros del mismo, en la gestión que llevó a la entidad a su completa desaparición.

Martínez Varela asumió la vicepresidencia del Banco Municipal en diciembre de 1991, pero pronto debió asumir la presidencia interina por el apartamiento de Juan María Manganiello. El esposo de Garmendia logró conducir al banco a pesar de no tener quórum. El directorio, originalmente de seis miembros, se vio diezmado por dos renuncias y una licencia, por lo que era imposible alcanzar la mayoría necesaria para la aprobación de créditos de envergadura. No obstante ello, Martínez Varela intercedió ante Julio Alak para firmar un decreto modificatorio de la carta orgánica del banco, incorporando al gerente general para completar el quórum.

A partir de entonces, el banco comenzó a otorgar créditos de dudosa regularidad. Primero le aprobó un préstamo de 3.5 millones de dólares a Construar S.A. para construir viviendas. El capital de la empresa era de 12 mil pesos y no presentó aval alguno ni tenía permiso municipal. Martínez Varela lo aprobó igual. El Concejo Deliberante presentó una denuncia judicial que recayó en el juzgado del ahora ex juez detenido César Melazo.

En la causa del Banco Crédito Provincial, el abogado que llevaba adelante el caso denunció que el secretario de la jueza Garmendia, Jorge Núñez, le pidió 200 mil dólares para exhibirle las nulidades que luego harían caer la causa. Incluso grabaron a Núñez negociando el monto de la coima. Dos emanas después del hecho inicial, el secretario había acordado un adelanto de 50 mil dólares “por sentarse” con ellos. En aquel entonces, se solicitó ante las cortes provinciales y nacionales que Garmendia sea apartada de la causa. No era aquella la primera ni la última vez que se cuestionaría la moral de la magistrada.

En el 2017 falleció el ex comisario Maximiliano Jurado mientras dormía en la Unidad número 9 de La Plata. Había sido apresado por la causa de los sobres. Su abogado, Daniel Mazzochini, explicó que su defendido tenía un grave caso de diabetes y pidió que no se lo traslade a una unidad carcelaria. La jueza del caso, Marcela Garmendia, lo envió igual. Jurado tenía 41 años y nunca volvería con vida. “No existía ningún fundamento para la prisión preventiva. Siempre se ajustó a derecho, nunca existió el riesgo de fuga ni el entorpecimiento de la investigación. Ahora hay una familia destruida porque la jueza no aplicó el artículo 409 del Código Procesal Penal”, aseguró Mazzochini.

En septiembre, un detenido de la comisaría Sexta de Tolosa declaró como testigo en la muerte de otro interno. Como represalia, el testigo recibió –según declaró un detenido de identidad reservada –“sucesivas golpizas en la unidad número 9, donde le quemaron la cara con agua hirviendo”. Luego lo trasladaron a un penal en Florencio Varela donde fue molido a golpes por 12 internos. De ahí lo llevaron a Mercedes donde lo volvieron a golpear con una faca hasta que perdió un ojo y parte de la visión del otro. En vista de lo que estaba ocurriendo, el abogado solicitó que fuera trasladado a un domicilio particular, dado que los médicos oficiales indicaron que no estaba en condiciones de permanecer detenido. Según Rimada, abogado del testigo, la respuesta de Garmendia fue que “no puede estar liberando detenidos por ahí”. (www.REALPOLITIK.com.ar)


¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS

¡Escuchá Radio Realpolitik FM en vivo!