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9 de septiembre de 2019 | Judiciales

La trama oculta

Tres policías bonaerenses estarían presos por haber intentado combatir el crimen organizado

Tres agentes de la fuerza de seguridad provincial están detenidos hace casi dos años y sus familiares reclaman justicia. Están acusados de “extorsión en grado de tentativa” contra el conductor de una camioneta con pedido de secuestro, pero el proceso estaría plagado de irregularidades.

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Las familias de tres ex agentes de la Policía Bonaerense apuntan contra la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del departamento judicial de San Martín, afirmando que los ex miembros de la fuerza de seguridad están presos producto de una “causa armada”. Los hechos que llevaron a los ex oficiales a la cárcel ocurrieron el 28 de diciembre del año 2017 y constan en la causa caratulada como “extorsión en grado de tentativa”.

El oficial ayudante Sergio Mansilla, el oficial principal Gerardo Mosqueda y el sargento Lucas Canteros, todos miembros de la DDI San Martin, realizaron un procedimiento en el que detectaron y detuvieron una camioneta con pedido de secuestro, tras lo cual el secretario de la UFI N°8, Sebastián Scebba los acusó de pedirles dinero a modo de extorsión al conductor del vehículo en cuestión.

La familia denunció ante este medio que, en la primera entrevista con el fiscal, el conductor del vehículo negó que lo hubieran querido extorsionar. “Se escucha la misma pregunta en varias oportunidades y en varias oportunidades el conductor respondía que no. El secretario de la fiscalía Scebba le dice ‘te pidieron plata... dale yo estaba en un asado y vine por vos...’ Y le seguía preguntando induciéndolo para que diga que sí”, sostuvo Sabrina Mansilla, hermana de uno de los detenidos.

A raíz de una suma de irregularidades, las familias de los detenidos señalan que éstos no extorsionaron al conductor de la camioneta y que en la investigación existió “un ensañamiento contra los efectivos y un mal desempeño privándolos de la libertad con blasfemias”. También apuntan contra la fiscal Verónica Pérez, quien no habría cumplido con las garantías del personal policial.

En el día del debate oral realizado el día 8 de agosto del corriente año, el juez Alejandro Moramarco Terrarossa constató que el conductor del rodado y los testigos presentados por la fiscalía se contradijeron con las declaraciones tomadas en la sede fiscal. Sin embargo, a mitad de juicio, el magistrado se declaró incompetente y el hombre que deberá realizar el nuevo proceso (aún sin fecha) es el juez Miguel Ángel Bacalauh. La familia detectó que el nuevo magistrado es amigo de los cuestionados fiscales en la red social Facebook.

Cabe destacar que los familiares de los tres ex policías bonaerenses reclaman ser oídos y que el proceso se realice con justicia, sin irregularidades. Asimismo, sospechan que los tres policías fueron “barridos” a causa del buen trabajo que estaban haciendo, afectando el funcionamiento del crimen organizado. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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