El ministerio de Hacienda le pidió 50.000 millones al Banco Nación para llegar al 10 de diciembre

El ministro Hernán Lacunza no sabe cómo deshacer la trampa mortal que armó cuidadosamente Cambiemos a lo largo de su gestión, al destruir la producción y el empleo, el comercio interno y desfinanciar significativamente de este modo las arcas públicas. Primero recurrió al endeudamiento irresponsable, que sumó 120.000 millones de dólares a la deuda pública, de los cuales permitió la fuga de más de 88.000 millones. Después malvendió las acreencias del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, que garantizaba el cobro de haberes razonables a los jubilados. Luego avanzó sobre la banca pública, para tratar de sostener la cotización del dólar, que en poco más de tres años y medio pasó de 9 o 15 pesos, según la base sobre la que se lo calcule, a los actuales 60 pesos, con sangría cotidiana de cientos de millones de dólares. En esta última etapa, directamente pretende condenar a la quiebra al Banco Nación.

Lacunza sabe que no puede enfrentar las necesidades financieras hasta el 10 de diciembre recurriendo a la emisión, ya que se espiralizaría la inflación provocando una hiper que impediría cualquier posibilidad de mantener el núcleo duro de votantes de Juntos por el Cambio. Por esto recurrió al zarpazo sobre las acreencias del Banco Nación, solicitándole un préstamo de 50.000 millones de pesos. El encargado de realizar la solicitud fue el secretario de Finanzas Santiago Bausili, quien se comunicó con el presidente del BN, Javier González Fraga, para que la entidad bancaria oficial oficie como prestamista de última instancia.

La información que trascendió indica que el gobierno deberá hacer frente a un rojo fiscal de 212.000 millones hasta la cesión del mando, monto que, sumada al pago de intereses, el principal y las letras del tesoro, implica un rojo fiscal de 335.000 millones.

Lacunza no quiere emitir por el impacto electoral y ya se despojó de otras alternativas de financiamiento con las medidas de alivio previas. No puede postergar el vencimiento de Letes, ni tampoco llegarán los 5.400 millones de dólares del FMI. Por esto recurre, una vez más, al DNU 668 que firmó Mauricio Macri a fines del mes de septiembre, que obliga a organismos y empresas públicas a comprar letras del tesoro que fueron reperfiladas para asegurar el financiamiento de la transición. Este decreto se ensaña particularmente con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), al disponer que sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez mediante la suscripción de letras precancelables emitidas por el Tesoro Nacional a un plazo que no exceda los 180 días.

En caso de que el préstamo solicitado se conceda, a cambio de la emisión de una letra u obligación similar, significaría un golpe de gracia para un ya comprometido balance de Banco Central que actuó a control remoto del gobierno de Mauricio Macri, prescindiendo de toda racionalidad financiera.

Según datos oficiales de la entidad, el Banco Nación perdió 3.000 millones de pesos durante el segundo trimestre del 2019 y se esperan resultados calamitosos para el balance anual, a consecuencia de las frecuentes solicitudes del ministerio de Hacienda y los créditos forzosos otorgados a Aerolíneas Argentinas por decisión del presidente Mauricio Macri, DNU mediante.

A cada día, los resultados del cambio impulsado por Macri y el “mejor equipo de los últimos cincuenta años” resultan más evidentes. Y escalofriantes. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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