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15 de octubre de 2019 | Nacionales

Aprobada en el Congreso

Sancionada hace un año, crece la polémica por la ley de Barrios Populares

Las críticas señalan que atenta contra derechos tales como el de la propiedad privada, garantizado por la constitución nacional. En este sentido, el gobierno afirma que en el país existen 4.400 asentamientos o barrios populares, en los que se estima que viven 4 millones de personas.

Alejandro, un vecino de Berisso que prefirió resguardar su identidad, es un caso entre tantas otras personas que serían damnificadas por la ley de Barrios Populares, sancionada en octubre del año pasado y declarada de interés público por los legisladores del Congreso Nacional. Según expresó en diálogo con este medio, tenía un terreno de dimensiones importantes que fue tomado por un grupo de familias y que fue ingresado dentro del marco de la norma, la cual sostiene que “atenta contra el derecho a la propiedad privada” y “fomenta la usurpación”.

“Declárase de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por decreto 358/2017”, sostuvieron los legisladores nacionales hace un año atrás.

En este marco, los diputados y senadores explicaron que la integración socio urbana son las acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización de los dominios.

Según el mismo gobierno nacional señala en su página web, en el país existen 4.400 barrios populares, en los que se estima que viven 4 millones de personas. En dicho sitio también definen como barrio popular a aquel en el que viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (agua, luz, gas, cloacas).

“FOMENTAN LA USURPACIÓN”

Con la ley sancionada el año pasado, se declara de “utilidad pública” y sujeto a expropiaciones las tierras en las que se encuentran dichos barrios o asentamientos precarios, a cuyos habitantes luego se les otorgará certificados de vivienda familia. Pero, según las críticas realizadas por damnificados, con esta norma desde el estado “fomentan la usurpación y la declaran de interés público”.

“En síntesis: si usted es dueño de una propiedad, pero se le meten nueve familias al terreno y golpean la puerta de la municipalidad, se puede declarar que es un barrio popular y gozar los beneficios de la ley”, criticó un vecino de Berisso que se lamentó por su hijo de siete años, quien ahora “se quedó sin casa”.

Finalmente, vale decir que el artículo 15 de la mencionada ley sostiene que deben suspenderse por el plazo de cuatro años las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el registro de barrios populares. Ahora, en el caso de Alejandro, un juez deberá fallar para comprobar que es el propietario del terreno en cuestión. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Berisso, Congreso Nacional, Barrios Populares

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