Piden el procesamiento de funcionarios por la habilitación irregular de termoeléctricas

La abogada y vecina de Pilar, Laura Chacar Buj, el abogado Gustavo Madeira, y el letrado Fabián Andrés Maggi, presentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones un recurso al que adjuntaron un resumen del caso. En dicho documento, que hoy presenta en exclusivo REALPOLITIK, se develan las muchas irregularidades que rodean a la instalación de las dos centrales termoeléctricas en Pilar.

Los querellantes pidieron el procesamiento de José Ignacio Barbera, Vicente Iannone, Sandra Inés Martínez, Patricio Horacio Maranghello, Andrea Cumba, Hugo Adrián Dabos, Claudia Zakhem, Liliana Berardozzi y María Victoria Ranielli Nuñez por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Barbera, Maranghello, Iannone y Martínez son funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y fueron acusados de otorgar la habilitación ambiental de las termoeléctricas omitiendo que era una empresa de tercera categoría, es decir, que implicaba una actividad industrial de máximo riesgo ambiental.

Según detalla la documentación presentada, el accionar de las autoridades del OPDS hubiera sido determinante para que el sitio de Pilar en el que finalmente se instaló fuera declarado como zona no apta para tales fines. Los vecinos también señalan que se incumplen los deberes de funcionario público al omitir la participación ciudadana en el proceso previo a la instalación.

La falsedad ideológica se sostendría en el hecho de que los funcionarios habrían sostenido datos falsos con el objetivo de permitir la instalación de la planta de APR Energy y de Araucaria Energy, poniendo en riesgo la salud pública de todo el distrito. “Respecto del entorno circundante, no se visualizaron viviendas algunas, ni vegetación de importancia”, señala uno de los datos que son presentados como falaces, dado que a 300 metros existen numerosas viviendas.

En tanto, Cumba y Dabos, funcionarios de la Autoridad del Agua, violaron el orden vigente sobre el uso del recurso hídrico, habilitaron el uso exorbitante de la misma sabiendo que en Pilar el agua escasea, tal como señala la resolución 796/17 de la ADA. Por otro lado, Zakhem y Berardozzi, de la municipalidad de Pilar, no convocaron a la participación ciudadana para hacer el cambio de zonificación.

Asimismo, las centrales termoeléctricas no cumplirían con la ley Nro. 11.723, más conocida como ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Estas son las acusaciones más destacadas de una serie de irregularidades de suma gravedad, que ponen en jaque el rol del estado y la complicidad con los privados en perjuicio de los ciudadanos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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