Fabricaciones Militares: Denuncian por corrupción al subinterventor Fernando Speranza

El sub interventor de la dirección general de Fabricaciones Militares, Fernando Speranza, llevó adelante una polémica gestión del organismo, con despidos masivos y denuncias de vaciamiento que le valieron el enfrentamiento con los gremios y el cuestionamiento de los medios de comunicación, con los que se negó a hablar. Lo más grave de su gestión, sin embargo, pareciera esconderse en decenas de casos de malversación de fondos públicos, aprietes, amenazas, estafas y corrupción.

El raid de delitos de Speranza pareciera haber comenzado en el mes de enero de 2019, cuando el sub interventor solicitó cobrar el plus vacacional. En aquel entonces, sus propios subordinados le explicaron que, al ser autoridad superior, dicho pago no le correspondía. Incluso, el departamento de Administración de Personal le mostró la norma correspondiente. No obstante ello, los trabajadores denunciaron que en aquella ocasión Esperanza “dijo que le paguemos igual, por orden de él, y que ‘acá no se dice nada’”, aseguraron.

Desde el mes de enero hasta agosto inclusive, Speranza utilizó amenazas de sumarios y despidos –los que cobraban vigor con el programa de cesantías masivas que estaba llevando adelante –para cobrar entre 90 y 150 mil pesos mensuales extras.

Pero no se quedó ahí. En el mismo mes de enero ordenó además que se le pague el ajuste de Rentas, un diferencial que sirve para no pagar el impuesto a las Ganancias. Nuevamente, el equipo de Administración le explicó que era ilegal, y entonces recurrió una vez más a las amenazas. Desde principios de año hasta el mes de agosto inclusive, cobró también éste agregado ilegal.

“Estos pedidos de Speranza provocaron todo tipo de descalabros. De pronto nos encontramos con mayores pagos y cargas sociales en materia de impuestos, que no sabíamos cómo justificar dado que se debían a un caso de malversación de fondos públicos”, le comentaron a REALPOLITIK desde el departamento de Haberes. “Le exigimos parar con esto, pero nos amenazó, nos pidió que nos callemos o nos rescindía el contrato”.

Los pagos eran autorizados por el propio sub interventor, que por aquel entonces hacía esperar afuera a los empleados para que reciban en vivo y en directo las nuevas listas de cesanteados, y luego se enviaban al director de Administración los importes a pagar.

No fue éste el único ilícito que se cometió puertas adentro de la dirección general de Fabricaciones Militares. El jefe de Relaciones Laborales del organismo es Esteban Farioli, quien a pesar de no haber terminado nunca su carrera universitaria se hacía llamar “licenciado” y hasta cobraba el título todos los meses. Farioli fue denunciado por sus propios compañeros y finalmente dejó de percibir la suma ilegal que cobraba, aunque nunca devolvió el dinero percibido irregularmente.

A esta seguidilla de delitos se le suman otros que configuran la segunda entrega de esta investigación llevada adelante por REALPOLITIK, en la que se explicará en detalle la maquinaria de aprietes, despidos masivos, documentación adulterada y la negativa a pagar los salarios que corresponden según las diferentes categorías administrativas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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