Asuntos Internos: La esposa de Berra mandó a espiar a colegas y funcionarios

La auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la Auditoría General de Asuntos Internos de la provincia, RS, mandó a espiar a gente pidiendo informes a una empresa privada. Este medio obtuvo, en exclusivo, la factura que constata el ilícito. La esposa del titular del área, Guillermo Berra, contrató a una compañía para requerir información crediticia.

Le facturaron por casi 1300 pesos por usar a la empresa Advanced Development Solutions (ADS) para hacer inteligencia con fines desconocidos. En tanto, en su LinkedIn la compañía especifica que comenzó a trabajar en el año 2002 de la mano de “profesionales de gran conocimiento y experiencia en el mercado financiero y de consumo masivo”.

La polémica facturación.

“Poseemos la más completa y confiable base de datos con información comercial y crediticia sobre personas físicas y jurídicas de la República Argentina. Contamos con más de 3 mil clientes activos adquiridos durante trece años de crecimiento sostenido. Nuestra cartera incluye empresas líderes en servicios financieros, consumo masivo, cobranzas, seguros, telefonía celular y fija, televisión por cable y marketing directo”, detalla la compañía en su perfil de la red social laboral.

LinkedIn de la empresa.

HISTORIAL DELICTIVO

En este marco, vale decir que el año pasado se descubrió a una presunta banda dedicada a hackear datos de los contribuyentes para venderlos a terceros, con el fin de extorsionar y provocar otros delitos. Los empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) involucrados en la maniobra serían Martín del Cuadro, Waldo Gil Roldán, Alejandro Aducci, Sebastián Karamanian, Daniel Courmanian y Pablo Degano; en tanto que las empresas que vendían la información eran ADS y Reporte Online.

Registraban movimientos bancarios, cajas de ahorros, embargos, si la persona investigada pagaba correctamente la empleada doméstica, si tenía automotores, sociedades, vínculos, entre otros. Toda esta información se entregaba a cambio de dinero, por lo que los funcionarios de la AFIP cometieron el delito de violar el secreto fiscal.

Foto de la investigación judicial.

Asimismo, de la investigación judicial llevada a cabo en febrero del año pasado surgió que Leandro Rodríguez, presidente de ADS, adhirió al régimen de sinceramiento fiscal por más de 55 millones de pesos, dinero que habría sido obtenido a partir de la venta de información adquirida ilícitamente.

FOTO 4

Foto de la investigación judicial.

En ese marco, este medio pudo acceder a algunos de los informes que la empresa confeccionó para RS, que habría investigado a Martín Adrián Diago, empleado de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y cuñado de Cristian Ritondo, que supo estar a cargo de la dirección provincial de Registro y Control para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (ReBA). En tanto, también habría espiado a Gisela Mariel Banega, otra trabajadora del ministerio de Seguridad bonaerense.

Constancia de los pedidos de informe, presentados en forma parcial solo a fines de proteger a los damnificados.

Constancia de los pedidos de informe, presentados en forma parcial solo a fines de proteger a los damnificados.

Cabe destacar que las fuerzas de seguridad no pueden llevar a cabo este tipo de procederes, sino seguir los trámites formales y judiciales: abrir una causa y a partir de allí es el juez o el fiscal quien instruye para que, mediante oficio, se pida a los organismos competentes la información que se necesita saber. Solicitar datos a este tipo de empresas, desde una fuerza de seguridad estatal, para perseguir a funcionarios de gobierno es no solo polémico sino también ilegal. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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