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14 de diciembre de 2019 | Judiciales

La desacreditada Justicia argentina

Un sector de la Justicia se alinea al albertismo y vuelve a abrir el debate sobre su rol

En su mensaje inaugural como presidente de la República Argentina, Alberto Fernández anticipó una profunda reforma para un poder judicial que tiene el raro privilegio de ser considerada como la institución más corrupta de la Argentina, por más del 85 por ciento de los ciudadanos. 

HORACIO DELGUY

por:
Alberto Lettieri

Ni lerdos ni perezosos, los jueces de Comodoro Py –los más reprobados por la población-, comenzaron a abroquelarse en defensa de sus privilegios, y a sólo 48 horas de ese discurso reeligieron a Martín Irurzun como presidente de la Cámara Federal porteña. Justamente el juez identificado por Cristina y Fernández como creador de la “doctrina Irurzun”, instrumento esencial para la aplicación del lawfare contra los ex funcionarios del kirchnerismo. 

Sin embargo, la Justicia no es homogénea, sino que también experimenta su propia grieta. Este viernes, por ejemplo, sorprendió la decisión del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien procesó y trabó un embargo de 50 mil pesos, “por haber entorpecido el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo”, a los integrantes de la Mesa de Enlace y miembros de la oposición que el 19 de marzo de 2008 implementaron un corte de ruta en el kilómetro 150 de la ruta nacional Nro. 9, a la altura de San Pedro, como estrategia de presión sobre el gobierno nacional en el marco de la discusión sobre la aplicación de la resolución 125, elaborada por el entonces ministro de Economía de Cristina Fernández, Martín Lousteau

Los procesados por Villafuerte Ruzo son Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente de la SRA y Fernando Gioino, ex presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO). También se extendió el procesamiento a Silvio Etchehum, del Sindicato de la Carne; Margarita Stolbizer; la dirigente María del Carmen Alarcón, del Grupo Pampa Sur, y Raúl Víctores, ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.

La decisión generó sorpresa y alboroto entre los damnificados, ya que el mismo magistrado los habría absuelto a todos ellos. Sin embargo, se presentó una apelación ante la Cámara de Rosario, que motivó que Ruzo reviera su decisión inicial y dispusiera el procesamiento y embargo de quienes impidieron el libre tránsito de sus conciudadanos, a contramano de lo dispuesto por la constitución nacional. 

A poco de conocerse la noticia, la dirigencia opositora coincidió en atribuir el drástico giro en la decisión judicial al cambio institucional experimentado en el país a partir del 10 de diciembre, y al deseo del juez de la causa de reposicionarse ante las nuevas autoridades nacionales. 

“Resulta llamativo que al mismo tiempo que se escuchan voces que apuntan contra el campo y su actividad productiva, se reaviven procesos que todos dábamos por cerrados luego de once años de aquellos sucesos”, expresó un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas. 

Y agregó: “Aquellos reclamos no difieren de los que vimos y vemos a diario, llevados adelante por grupos sociales disconformes con las políticas públicas que ellos pretenden. Cuesta entender el por qué de un tratamiento tan distinto a situaciones fácticamente idénticas. Cuando reclama el campo, proceso judicial; cuando reclaman los movimientos sociales, justificación y solidaridad”.

Sabido es que las entidades que formaban parte de aquella Mesa de Enlace no interactuaron en conjunto durante la gestión de Mauricio Macri, pero volvieron a hacerlo con inmediatez cuando los referentes del Frente de Todos no ocultaron su predisposición a aplicar nuevas retenciones a las exportaciones de productos primarios, mucho antes del 10 de diciembre.

En todo caso, la decisión de Ruzo permitiría corroborar las afirmaciones del propio Alberto Fernández, quien aseguró en ese discurso inicial que aquellos que aplauden la violación de las garantías constitucionales de que hacen gala los jueces de Comodoro Py, serán las víctimas de ese mismo poder judicial amañado cuando cambie el signo del gobierno de turno. 

No menos significativa fue la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso la “Inmediata libertad de Julio Miguel De Vido”, aunque “no se hará efectiva continuar detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1”, imponiéndole una serie de condiciones para el momento de su liberación. A punto de cumplir los setenta años, De Vido será excarcelado y revistará en situación de prisión domiciliaria por la causa de Río Turbio en su vivienda de Zárate.

En ese momento, varios fueron los que tomaron las palabras de Fernández como una amenaza, cuando sólo se trataba de un diagnóstico crudo sobre una Justicia que está muy lejos de ceñirse al texto constitucional y a los códigos en vigencia. De allí, justamente, la necesidad de una urgente reforma. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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14 Dec | 12:24
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siguiendo el hilo conductor de que la corrupción mata, y considerando que la "Justicia" argentina hace por lo menos cuarenta años que es corrupta, y teniendo en cuenta que la corrupcion genera miseria, pobreza, enfermedad, accidentes, y finalmente muchas muertes ¿cuantos muertos finalmente le corresponden a la "justicia"?? ¿merecen seguir vivos por ser asesinos seriales de tantos argentinos?
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