Con la excusa de las retenciones, el campo elige a Alberto Fernández como enemigo

Desde este sábado, los titulares de La Nación, Clarín e Infobae destacan con títulos catástrofe la firma del decreto presidencial, y algunos dirigentes opositores, con “Lilita” Carrió a la cabeza, han salido a convocar explícitamente a la rebelión.  

Sin embargo, las quejas sobre las retenciones no tienen ningún asidero racional, más allá de la defensa de sus privilegios y la expresión de su tradicional aversión por las grandes mayorías argentinas, que son características de las corporaciones agrícolas y las empresas agroexportadoras. El cálculo es bastante sencillo. Hasta ahora, la exportación de soja pagaba 18 por ciento de retenciones más 4 pesos por dólar exportado. Con un dólar mayorista calculado a 60 pesos, esos 4 pesos implican una alícuota real del 6,5 por ciento. Es decir, que la soja pagaba, antes del decreto de Alberto Fernández, 24,5 por ciento de retenciones -18 por ciento de base + 6,5 por ciento por esos 4 pesos adicionales. 

Sin embargo, cuando el gobierno de Mauricio Macri estableció esa alícuota el dólar cotizaba a 38 pesos, por lo que significaban una alícuota efectiva del 10,5 por ciento de la valuación de cada dólar físico, por lo que impuesto + alícuota implicaban un pago real del 28,5 por ciento en concepto de retenciones (18 por ciento más 10,5 por ciento). La devaluación posterior del peso disminuyó la alícuota del 10,5 al 6,5 por ciento por dólar. De este modo, la retención fijada por el decreto presidencial para la soja, que mantiene el 18 por ciento de base más la alícuota de un 9 por ciento, implicaría una actualización de las cargas impositivas dispuestas por la gestión de Cambiemos, aunque 1,5 por ciento por debajo de lo aplicado por el gobierno de Mauricio Macri. No hay otra razón real más que el oposicionismo y la decisión de profundizar la grieta en el reclamo de las corporaciones agrarias. 

Por el contrario, se ha llamado la atención sobre la existencia de 600 mil trabajadores en negro, precarizados, en el campo. La soja a menudo se exporta a precios subvaluados y por puertos ilegales, y se evaden impuestos constantemente, a través del contrabando liso y llano o la práctica de falacias contables.  

Un dato adicional para agregar es que, en los países centrales, las exportaciones agrícolas tributan una tasa de entre el 30 y el 35 por ciento, razón por la cual el decreto de Alberto Fernández debería juzgarse como benévolo y tolerante con el “campo”.  

Lo mismo sucede con la aplicación de una alícuota adicional a los consumos dolarizados con tarjetas de crédito al turismo en el exterior. Se trata de una medida aplicada habitualmente por los gobiernos para evitar la sangría de divisas, sobre todo en instancias críticas, como la que legó la administración de Cambiemos. No se puede gastar lo que no se tiene. 

Queda claro qué tipo de oposición han decidido implementar los sectores más privilegiados de la sociedad. Paradójicamente sus amenazas coinciden con un editorial del Financial Times, uno de los periódicos más prestigiosos en el ámbito de los negocios y las finanzas internacionales, que se deshace en elogios hacia el ministro de Economía Martín Guzmán, valorando de manera muy positiva tanto sus capacidades como las primeras medidas económicas anunciadas. 

Para las minorías privilegiadas, la patria siguen siendo exclusivamente ellas mismas, y el interés general, exclusivamente el propio. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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