A los palos, piden la renuncia del titular de la UTA

El motivo de la acción fue exigir la renuncia del secretario General Roberto Fernández, quien, aliado a Mauricio Macri durante su gestión, consiguió ser reelecto valiéndose de maniobras facilitadas por las autoridades de la secretaría de Trabajo de Cambiemos y la Justicia amiga del gobierno anterior, impidiendo la participación de la lista opositora.

Cuando los trabajadores tomaron la sede en defensa de sus derechos, Fernández concedió una entrevista radiofónica en la que aseguró encontrarse “en el techo del edificio”, y amenazó con “matar a todos a fierrazos” si no desalojaban inmediatamente la sede sindical. Sin embargo, no pudo confirmarse su presencia.

"Las medidas están siendo orquestadas por un grupo de dirigentes que perdió las elecciones de nuestro gremio y que no tiene, por lo tanto, ninguna autoridad orgánica", aseguró el irascible.

"La medida se viene analizando y hace una semana que venimos haciendo un reclamo con la línea 257. Los compañeros de ahí sufrieron el despido de un compañero que tiene fueros sindicales. Y otro compañero de Merlo también fue despedido", aseguró el sindicalista opositor Miguel Bustinduy.

Las protestas se iniciaron al mediodía de este lunes, y fueron lideradas por choferes de la empresa DOTA, una de las más afectadas por los despidos que afectaron gravemente al sector durante los últimos meses, e incluyó a las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188. Cuando los manifestantes se acercaron al sindicato fueron agredidos desde adentro de las instalaciones por elementos que responden a Fernández, lo que motivó la épica respuesta.

Cerca de la medianoche aún los disconformes mantenían el control de la sede sindical, sin que se hubiera conseguido llegar a un acuerdo.

Los hechos desarrollados en la UTA causaron cierta sorpresa, pero responden a un malestar generalizado en varios sindicatos que fueron utilizados como caja por el gobierno macrista, tanto durante la gestión de Jorge Triaca (h) como de Dante Sica.

Por ejemplo, existe un enorme descontento en el Sindicato del Seguro, donde las actuales autoridades aprovecharon su vínculo con el gobierno de Cambiemos para apropiarse de 32 millones de dólares a través de un convenio firmado con un abogado de la entidad, que debía desempeñar tareas de defensa de los trabajadores en juicios laborales, que ya formaban parte de sus obligaciones con la entidad.

Para tratar de tapar la situación y eternizarse en el control del sindicato, el oficialismo adelantó elecciones, persiguió a dirigentes de la oposición e, incluso, trató de que presionar a las empresas en las que trabajaban para que los despidiera. Algunos días atrás la Justicia determinó la necesidad de realizar nuevas elecciones, pero Dante Sica, antes de abandonar su cargo, firmó una grosera resolución para garantizar la continuidad de las autoridades, con las que mantiene diversos acuerdos que deberán ser objeto de investigaciones judiciales.

Otros de los casos de saqueo de los gremios a partir de la complicidad entre sus autoridades y el gabinete de Mauricio Macri fue el SOMU, que generó beneficios extraordinarios para el ex ministro Triaca y sus familiares y allegados.

Cada día que pasa van conociéndose nuevos detalles de la trama de corrupción establecida entre sindicalistas, el gobierno de Mauricio Macri y algunos sectores de la Justicia. Y la similitud y reiteración de los casos autoriza a pensar que no se trata de situaciones aisladas, sino de una operatoria sistémica implementada –o al menos propiciada- por la gestión concluida el 10 de diciembre. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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