Qué es y cuáles son los desafíos de la ley de Solidaridad Social de Alberto Fernández

Desde el momento en el que Alberto Fernández y Mauricio Macri se reunieron para delinear los pormenores de la transición, quedó en claro que la complejidad de la operación no estaría dada sólo por cuestiones políticas, sino por la grosera recesión en la que se encuentra Argentina, caracterizada fundamentalmente por una inflación descontrolada, crecimiento paralizado, el desempleo superando el 10 por ciento y una altísima desconfianza de los inversores extranjeros en un país en el que nunca, bajo ninguna circunstancia, parecieran estar las reglas claras.

Con el objetivo de evitar una agudización de la crisis en una de las economías más inestables de Latinoamérica, el flamante ministro de Economía nacional Martín Guzmán decidió atacar los fundamentos de la incertidumbre financiera y social enviando al Parlamento la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La misma está compuesta por varias medidas “de urgencia”, como el aumento del 30 por ciento al impuesto sobre las compras en el exterior (que incluye la compra de pasajes y paquetes turísticos, cualquier compra con tarjeta de crédito en moneda extranjera, cursos online dictados en el exterior y hasta el pago de las aplicaciones Netflix y Spotify), el aplazo de deudas impositivas y previsionales hacia las pequeñas y medianas empresas, la condonación de intereses y multas y el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por un lapso de seis meses.

El impacto social de la ley tendrá fundamentalmente tres bases. Una reforma al sistema de pensiones mínimas en un plazo de 180 días, incrementos trimestrales para los sectores de más bajos ingresos y bonos de 5 mil pesos en diciembre y enero para los jubilados que reciban la pensión mínima. Estas últimas son medidas de shock que buscan una satisfacción inmediata, la sensación de un cambio concreto en la línea político-social. Para el largo plazo, Guzmán dejó entrever que encontró un “descalabro fenomenal” en el sistema de seguridad social, y se espera que muchas de sus medidas hagan foco en éste plano.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva será la punta de lanza de una serie de medidas y políticas apuntadas a hacer mella en los principales problemas que el diagnóstico económico del “albertismo” encontró en el país: Un dólar que no detiene su escalada y que, sólo por ahora, fue controlado con polémicas medidas como el cepo cambiario, una inflación del 55 por ciento que sólo es superada a nivel mundial por Venezuela y Zimbabue, la deuda más grande de la historia con el FMI, desempleo por encima del 10 por ciento y el gasto social de mantener a unos 19 millones de empleados públicos que ahoga una y otra vez las vapuleadas cuentas nacionales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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