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22 de diciembre de 2019 | Opinión

Limites y posibilidades

Solidaridad entre los municipios de la región capital bonaerense

En su reasunción el intendente de Ensenada, Mario Carlos Secco, después de recibir la imposición de manos de un cura, dijo que estaba dispuesto a ir en ayuda del municipio de Berisso “porque se acabaron las rivalidades”. 

HORACIO DELGUY

por:
Daniel Montes

Es muy buena la actitud de ser solidario, pero el dinero es de los vecinos para administrar solamente dentro de los límites de su jurisdicción. Por eso quien se encarga de todo lo demás es la provincia, que articula a toda la sociedad bonaerense, que es nuestra marca común. 

La ciudad es nuestro paraíso terrenal. En ella nos educamos, crecemos, nos curamos y morimos, y la ley Orgánica de las Municipalidades colabora a que esto sea posible (hasta la reforma constitucional que facilite las cartas municipales y la plena autonomía).

Esta ley no permite que el dinero de los vecinos sea invertido sino en el propio municipio: el artículo 25 establece la competencia, y no es facultad del Concejo otorgar préstamos dinerarios; el artículo 29 establece que será la ordenanza impositiva la que determina recursos y gastos, no previendo recursos para invertir en otras jurisdicciones; el artículo 31 no autoriza gastos sin fijar los recursos para ellos y todo desvío “requerirá la justificación pertinente ante el organismo competente del poder ejecutivo provincial…”.

Hasta aquí, es imposible transferir los recursos económicos presupuestados de una municipalidad a otra. 

La ley permite, sin embargo, la creación de consorcios intermunicipales (artículo 41) para emprendimientos de interés común, como puede ser la gestión medioambiental, el control de la polución, transporte público intermunicipal, el recurso azul (río Santiago y canales naturales que desembocan en el rio de la Plata) y la gestión conjunta de la preservación costera, y de los residuos sólidos domiciliarios, además de un plan de reforestación.

Estas son algunas de las cuestiones que se podrán resolver mediante el establecimiento de un consorcio intermunicipal, para lo que solo es necesario votar la autorización presupuestaria de la cuota que aportaría el municipio al patrimonio del consorcio, creando un gravamen transitorio a la actividad portuaria e industriales, además de consolidar su capital con parte de la siempre reclamada deuda provincial.

Quizás sea el momento de impulsar una vieja idea de un banco regional solidario dispuesto a financiar proyectos productivos y microcréditos. 

Quizás sea un tema de agenda común entre los intendentes de la región capital.         

 

 

(*) Daniel Montes es concejal de Juntos por el Cambio –UCR, en la localidad de Ensenada.

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