Con diversos aumentos, Kicillof envió el proyecto de ley Impositiva para la provincia

Sin respiros, el próximo paso será la discusión de los impuestos que deberán abonar los contribuyentes bonaerenses el próximo año, en una provincia quebrada y con graves dificultades de financiamiento. La herramienta ya estaba preparada de antemano. Es difícil sorprender a Axel y a su equipo rezagados frente a los desafíos. De este modo, el proyecto de ley Impositiva ya fue enviado a la Legislatura para su tratamiento. Como sucedió con la emergencia económica, tampoco en este caso la discusión será un simple trámite. Habrá que negociar, y mucho, ya que la propuesta implica cambios significativos respecto a lo que se vino haciendo durante la gestión de María Eugenia Vidal. 

El punto de partida es el diagnóstico aprobado por las cámaras: la provincia “se encuentra atravesando una situación de emergencia". "Para atender las urgencias y prioridades definidas –afirman en el entorno del gobernador- es necesario mantener el nivel de ingresos del estado provincial".

Sin embargo, en sintonía con la propuesta de Alberto Fernández a nivel nacional, se sostiene que "es fundamental hacer más justa la recaudación, cobrando más al que más puede y generando alivio a los pequeños y medianos productores y propietarios". Tres son los conceptos que permiten definir la propuesta impositiva: progresividad tributaria, segmentación para el campo y aumentos atados a la inflación. 

El equipo del ministro de Economía provincial, Pablo López, anticipó que la propuesta enviada a la Legislatura plantea “actualizar los valores de los impuestos del año pasado tomando en cuenta la inflación de 2019”, que se estima en 55 por ciento. De este modo, no habrá un incremento de la presión impositiva en promedio en términos constantes, pero sí un análisis detallado de la valuación fiscal en materia inmobiliaria, ya que “hay mucha disparidad”. “Ahí vamos a ver que hay muchos que se verán ajustados por abajo de la inflación”.

Para ingresos brutos, por ejemplo, se mantendrá la alícuota vigente, mientras que para el impuesto inmobiliario rural y urbano, “la actualización estará por debajo de la tasa de inflación”, en promedio.

Pero existe un agregado que resulta fundamental para entender el cambio de orientación de la nueva gestión, ya que se incorporará un criterio “progresivo” a la recaudación. De este modo, las propiedades que tengan una valuación fiscal más baja experimentarán un incremento más bajo que el índice inflacionario, y que, en algunos casos, sólo será del 15 por ciento.

La “segmentación” aplicada a los propietarios rurales, considerando el tamaño y valor de sus propiedades, garantizará una adaptación de las tasas a su capacidad contributiva. Asimismo se prevé una bonificación para el pago anual adelantado de las tasas, que llegaría a un 20 por ciento.  
“Este proyecto de ley que dota de una mayor progresividad al sistema tributario se suma a la amplia moratoria y a las medidas de estímulo aprobadas en la ley de Emergencia Económica, de pronta implementación”, afirmaron voceros de la administración. 

En lo referido a los inmuebles urbanos, se prevé establecer una cuota fija a partir de los 207 pesos, con una alícuota sobre el excedente del límite mínimo de 0,028 por ciento para las unidades con valuación fiscal de hasta 179.851 pesos. En el extremo opuesto, las unidades valuadas en más de 10 millones abonarán una alícuota de 1,725 por ciento, con un techo de 118.646 pesos.

Del lado de la oposición se presentan dos objeciones básicas: la primera, que el impuesto inmobiliario para las propiedades más cotizadas llegaría, en algunos casos, al 75 por ciento. La segunda, el escaso tiempo que concedió el oficialismo para el análisis del proyecto, que ingresó a la Legislatura a últimas horas de la tarde del 24 de diciembre. Si bien hay consenso en otorgarle al ejecutivo las herramientas que necesita para sacar a flote la provincia, no cayó bien la presión para su aprobación en tiempo record.

La filosofía del nuevo gobierno provincial se sostiene sobre los criterios de progresividad y solidaridad, tratando de establecer cargas impositivas que estén al alcance de la capacidad de pago de los contribuyentes, sin por esto desfinanciar las arcas provinciales. De este modo, el nuevo round de discusiones en la Legislatura no sólo implicará un debate sobre porcentajes de actualización sino, fundamentalmente, sobre los criterios que deben regir la administración estatal. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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