La violencia de la “solidaridad”

El primero, es el error básico de atribución sobre el que está fundada nuestra patria, y consiste en creer que la conformación de nuestros estados nacionales dista mucho de aquel sistema de opresión heredado de España y la organización política del virreinato del Río de La Plata. El actual estado de privilegio del que gozan los dueños del poder político y sus secuaces (jueces, legisladores, periodistas, gremialistas y sindicales) se asemeja más a un sistema basado en relaciones entre amos y esclavos, que entre hombres libres. Ningún ser humano de a pié, con 16 causas judiciales sería tenido por apto / probo para presentarse como candidato a ningún lugar (esto sólo es factible dado el clima de doble moral en el que vivimos, y que lamentablemente todos compartimos y aceptamos. Si no, la historia sería otra… ¿será?).

El segundo, edificado en la creencia falaz de las garantías inherentes a todo sistema de gobierno democrático, reducido a sostener la mera existencia de la posibilidad de votar, o la ausencia de las fuerzas armadas en el ejercicio de alguno de los tres poderes (la sola presencia de ventajas para la élite de los amigos del poder, hace inviable la igualdad ante la ley).

Como resultado de este doble punto de partida engañoso, creemos que vivimos en un país democrático en el que se respira un hondo y fresco “estado de derecho”, aún a sabiendas ya, a la luz de los hechos, que el único estado que se respira es de privilegio. Y es, el único estado que pudiera respirarse….

Ésta etapa de ausencia de estado de derecho, nace con nuestra vuelta a la democracia después del 83. Consiste en haber edificado sus bases, a los pies de dos leyes violatorias de todas nuestras garantías constitucionales: las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, seguidas luego de los indultos otorgados a los condenados civiles y militares de las organizaciones guerrilleras y del juicio a las juntas, respectivamente, durante los años 89 y 90, en la presidencia de Carlos Saúl Menem.

Ningún estado democrático que se juzgue de tal, puede admitir contradicción fundacional semejante.

Del mismo modo en que ningún hombre libre, ni colectivo de hombres libres, que diga “luchar por la dignidad, los derechos humanos, la justicia social y la equidad”, puede ser testigo ni mucho menos partícipe, de dicha contrariedad. ¿O sí?

Desde éste contexto, que apenas traigo para ilustrar lo que sigue a continuación, ni el decreto del plan de Solidaridad en la Emergencia, ni el congelamiento de las jubilaciones mediante el otorgamiento de poderes extraordinarios al poder ejecutivo debieran sorprender a nadie.

Y sino, analicemos juntos el argumento “comenzar por los últimos para poder llegar a todos”, enunciado por el actual presidente, Alberto Fernández, para justificar la implementación del plan. 

¿Qué tienen en común este decreto y los decretos mencionados de Menem?

Dos cosas. 

Por un lado, el establecimiento de diferentes estatus de personas, a criterio del gobierno de turno: no todos somos iguales ante la ley. Unos gozarán de un privilegio o varios. Otros, perecerán a costas de los primeros. 

Y, en segundo lugar, la omnipotencia con que el estado, funcionarios mediante, se auto adjudica el rol de “otorgador de derechos”, cuando por definición, los tres derechos humanos fundamentales, a la vida, a la libertad y a la propiedad, son inherentes a toda persona humana: universales, inalienables, interdependientes e indivisibles. Es decir, que, partiendo de allí, la única responsabilidad que el estado tiene respecto de éstos derechos es garantizarlos, no repartirlos mejor.

No obstante, en la construcción de ésta supuesta “ética de las prioridades”, el presidente destaca que es urgente resolver la emergencia alimentaria y poner pan –dice-, en la mesa que haga falta; adjudicando a éstos faltos de pan, el estatus de últimos o postergados: “Los marginados y excluidos de nuestra patria, no solo necesitan que les demos pan, necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa grande de una nación que tiene que ser nuestra casa común”.

Pero, son precisamente, esos mismos postergados, que suman, cada día un número mayor, los destinatarios de absolutamente todas las políticas públicas de redistribución y beneficios sociales (en mayor o menor medida) al menos de los últimos 36 años. 

Resulta urgente entonces, evaluar si estamos asociando al sector adecuado, la posición que le corresponde o estamos frente al tercer fatal error de atribución que caracteriza la irracionalidad en la que vivimos. ¿Son efectivamente los pobres, los “últimos”, los “excluídos” y los “postergados”?.

Si el otorgamiento de un privilegio, constituye razón necesaria y suficiente para obtener algún tipo de ventaja, cabría preguntarse a costas de qué otro sector, se toma ésta ventaja. En la respuesta a dicho interrogante, se encuentra, el actor real que padece la verdadera exclusión: los expoliados. 

Aquellos a los que se les quita algo que les pertenece, de manera violenta o injusta, y, en éste caso, para dársele a alguien más.

¿Existe acaso, algo más violento, que el despojo ejercido mediante la ley, por aquellos que tienen la responsabilidad civil y legal de salvaguardar nuestra igualdad, libertad y propiedad; nuestros derechos? ¿Es posible imaginar, desprotección y desamparo más grande que éste?

El problema de los pobres, no es la escasez, ni se resuelve a costas de aumentar la presencia del estado. Llevamos décadas viendo cómo las dependencias públicas crecen en número y en inoperancias de todo tenor, en una relación de proporcionalidad directa casi exacta. 

El problema de los pobres es que se los obliga, políticas de beneficencia mediante, a mantenerse ocupando un lugar de exclusión, que ya no habitan. 

Se les requiere analfabetismo a costas de mantener una educación pública de pésima calidad, a la que luego deberán acceder, para obtener el beneficio de algún plan,  perpetuando la inequidad que los separa de quienes tuvieron o tienen la posibilidad de elegir entre opciones más amplias.

Se les exige marginalidad, bajos salarios, familias numerosas, asistencia sanitaria precarizada y todo tipo de condicionantes para mantenerlos fuera de la competitividad mínima -tanto en formación académica como en know how- que establece el mercado. Como contrapartida, se crea un círculo vicioso del que les resulta imposible salir para crecer, producir, y realizarse. La base de la pirámide de Maslow, no se trasciende jamás.

Así, el proyecto de vida propio, fue deglutido por un estado feroz y gigante, que emerge como el principal obstáculo a sortear, para cualquiera que busque progresar en base al esfuerzo personal, a la inversión del tiempo y los recursos propios, en el desarrollo de cualquier vocación técnica, profesión o servicio que se quiera brindar.

Por un estado que criminaliza por defecto, el goce de los derechos humanos  fundamentales, sometiendo a unos a despojo y otros a condiciones de servidumbre propias de un pasado medieval… Separando a la ley de su razón de ser: impartir justicia; mientras es pervertida y convertida en instrumento hecho para despojar.

Aquí, hasta la elección de la palabra “solidaridad” resulta, extremadamente violenta. 

La naturaleza del término radica en tratarse de un acto voluntario. Convertirlo en obligatorio, implica, necesariamente un engaño.

Atenta contra la libertad esencial de aquellos hombres que, privados de elegir con quién, hasta dónde, cómo y por qué solidarizarse con, se ven expuestos a ser criminalizados, en caso de no estar de acuerdo con dicha resolución gubernamental.

Si desde el estado, a través de las leyes, se promueve la violación de los derechos esenciales del hombre, ¿de qué manera, dentro de la legalidad, es posible marchar en la construcción de una sociedad más justa?

Los verdaderos postergados, excluidos y vulnerados, sistemáticamente, de nuestro país, son los expoliados, no los pobres. 

Es el estado, garante y promotor de todo tipo de injusticias, a través de sus instituciones, diseñadas para empobrecer y despojar.

La única vía posible para revertir tal estado de violación permanente de derechos, sería una toma de conciencia global, por parte de la sociedad civil, que garantice la transición de un modelo a otro, mediante la derogación masiva de todas las leyes y decretos basadas en éste principio de inequidad. 

Tal parece que no será, durante estos próximos años, que nuestras ansias de paz social, desarrollo y crecimiento humano, vayan a poder concretarse. Excepto que tomemos la decisión personal de depararnos un futuro distinto. Nosotros. Los expoliados. Depende pura y exclusivamente de todos y cada uno de nosotros reconquistar nuestra inherente libertad y dignidad robadas.

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