Juan Maquieyra: Entre sueldos de privilegio, créditos a dedo y declaraciones juradas falsas

El Instituto de la Vivienda porteño es el organismo encargado de llevar adelante la política habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de sus ejes centrales, el de ofrecer líneas de créditos hipotecarios, se ha visto en los últimos dos años en el centro de la polémica. Discrecionalidad, nepotismo y declaraciones juradas falsas se han transformado en un problema diario puertas adentro del organismo.

Su titular es Juan Ignacio Maquieyra, quien lejos de necesitar los servicios que ofrece, alterna paseos entre sus tres autos y cobra un salario de 146.246,81 pesos mensuales por su cargo. Sin embargo, le debe al Banco Nación unos 5.3 millones de pesos, deuda que aumenta sostenidamente desde hace ya dos años.

Su nombre provoca escozor en numerosos funcionarios porteños. Tanto, que recientemente le nombraron en el directorio a Fernanda Reyes, hermana del legislador de la Coalición Cívica Hernán Reyes y mujer de confianza de Elisa Carrió. Una de las últimas polémicas que estallaron alrededor de Maquieyra surgió cuando el Instituto de la Vivienda tuvo que decidir qué aseguradora de riesgos del trabajo utilizaría el organismo. La comisión de Evaluación del IVC había recomendado no mantener contratada a Provincia ART, que cobra un 1,89 por ciento sobre el sueldo de los empleados, sino a Prevención ART, que cobra sólo un 0,5. A pesar de ello, Maquieyra, quien se posicionó como uno de los funcionarios jóvenes favoritos de Horacio Rodríguez Larreta, decidió inclinarse por la opción que cobraba casi cuatro veces lo que su competidora.

Tiempo atrás, la gerente operativa de Asuntos Administrativos y Contenciosos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), Elida Nora Fontora, entregó un crédito altamente irregular con el objeto de adquirir una vivienda, dado que el beneficiario fue una persona mayor de setenta y seis años. Para colmo de males, se trataba de su propio padre. La misma Fontora venía de firmar un dictamen que favorecía a otra funcionaria amiga que ya tenía tres propiedades. La beneficiaria, Paula Daniela Rodríguez, falseó su propia declaración jurada asegurando: “Ni yo ni mi grupo familiar somos propietarios, ni copropietarios, de muebles registrados en la República Argentina ni en el exterior”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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