La sombra de “Lilita”, detrás de las manifestaciones del campo contra la presión impositiva

Como se recordará, el proyecto presentado por el oficialismo planteaba en el caso del impuesto Inmobiliario Rural un incremento del 15 por ciento para pequeños productores, del 30 al 55 por ciento para los medianos y de un 75 por ciento para superficies mayores a 2 mil hectáreas con una valuación fiscal superior a los 3 millones de pesos. 

El ruralismo bonaerense se encuentra en estado de alerta permanente y de la mano de tractorazos y asambleas buscaron torcer el rumbo de esta ley que finalmente fue aprobada en la Legislatura bonaerense. Esta modalidad de protesta por parte de los denominados productores autoconvocados empezó a ganar fuerza en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires a partir del triunfo en las PASO del año pasado de Alberto Fernández. 

A nivel nacional también se vive una situación similar, con una Mesa de Enlace que mostró su rechazo a los derechos de exportación, mientras se hace cada vez más visible la presencia de autoconvocados en las principales regiones agropecuarias. Estos grupos, nucleados bajo el nombre “Campo más Ciudad” empezaron a mostrarse tras el triunfo de Alberto Fernández en las PASO 2019, bajo consignas como “defender la república”.

Durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, los aumentos del impuesto Inmobiliario Rural se ubicaron en un promedio del 40 por ciento durante su gestión con picos de hasta 50 por ciento. Ante esta situación, si bien el ruralismo bonaerense planteó su disconformidad, no se registró el nivel de movilización que exhibe en estos días, con asambleas, tractorazos y amenazas constantes de cese de comercialización. 

El gobernador Kicillof comenzó su gestión con un fuerte rechazo a su proyecto de ley Impositiva, que para el sector rural estableció un aumento escalonado de este tributo. Más allá de este intento de morigerar su impacto, la dirigencia rural –tanto a nivel bonaerense como nacional- se encuentra en estado de alerta y movilización permanente. Al momento de redactar estas líneas, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) organiza una asamblea en Pergamino, para analizar si llevan a cabo medidas de fuerza. 

Hay dos vertientes muy diferenciadas al momento de analizar las protestas del sector agropecuario. Por un lado, las entidades que componen la Mesa de Enlace nacional a duras penas logran mantener un discurso unificado y deben lidiar entre la presión de sus bases y los tiempos de la política. 

Si bien coinciden en su rechazo a los derechos de exportación, las diferencias se hacen más visibles con la posibilidad de segmentar este impuesto y mientras la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no quieren saber nada sobre esta idea, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) no ven del todo mal una estrategia en esta dirección. 

La otra vertiente de reclamo agropecuario hay que buscarla en los productores autoconvocados, que desde las elecciones PASO de 2019 y al conocerse el triunfo de los entonces candidatos Fernández y Kicillof empezaron a organizarse bajo el nombre de “Campo más Ciudad”. Con una estética muy cuidada y con videos de edición profesional, este grupo convocó a través de las redes sociales a varias marchas de apoyo al ex presidente Mauricio Macri para las elecciones de octubre 2019, invocando el “Sí, se puede”. 

En su cuenta de Twitter se puede leer su “declaración de principios”, en donde sostienen que este espacio “constituye con una agrupación de ciudadanos apartidaría e independiente de cualquier otra entidad u organización. La pertenencia u orientación política o institucional de sus integrantes es respetada pero no representa bajo ningún punto de vista, la de la agrupación”. 

Un vistazo a algunos de sus referentes políticos permite inferir que nada más alejado de esos nobles y republicanos principios. Uno de los contactos obligados del movimiento es el diputado bonaerense Luciano “Lucho” Bugallo, que responde a la siempre polémica legisladora nacional Elisa Carrió. En off, varias fuentes apuntan a que parte de los fondos que permiten sostener esta “resistencia” provienen de “Lilita”, con el objetivo de esmerilar desde el minuto cero cualquier intento oficialista en materia de política agropecuaria. 

Como dato a tener en cuenta, cuando el ex presidente Macri reinstauró los derechos de exportación (incumpliendo una promesa de campaña al sector), estos productores se mantuvieron en estricto silencio. Las entidades gremiales del campo también, si bien ensayaron una tibia protesta jamás consideraron movilizarse contra el macrismo.

Hay un dato de la realidad que es por demás concluyente. A diferencia de 2008, en donde el público urbano no vinculado al agro hizo propio el lema “el campo somos todos”, que se instaló en aquellos días aciagos del conflicto por las retenciones móviles, en esta ocasión ese apoyo no existe y los grandes medios no han volcado su atención a los esfuerzos de los autoconvocados, más allá de alguna cobertura puntual de “tractorazos”. 

Otro hecho concreto es que, fuera de sus intentos por ganar visibilidad mediática, no cuentan con una representación real en la política agropecuaria y todo indica que estos “defensores del cambio” (como ellos mismos se denominaron durante 2019) se irán diluyendo del escenario con el correr del tiempo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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