La Mesa de Enlace, dividida por la segmentación de retenciones

La política en materia de derechos de exportación es el mejor ejemplo. Durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri, Cambiemos anuló este impuesto en trigo, maíz y girasol y para soja se estableció una rebaja gradual del 0,5 por ciento. El final de esta historia es por demás conocido: las retenciones volvieron, en el marco de un gobierno que, a mediados de 2018, perdió la brújula en materia de política económica.

¿Cuál fue la reacción del gremialismo rural en ese contexto? La Mesa de Enlace nacional ensayó tibias protestas a nivel mediático y aceptaban las “disculpas” del ex presidente y el ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, que ante cada micrófono que cruzaban no perdían oportunidad de declarar que las retenciones “eran un mal impuesto, pero necesario”.  A nivel de protestas, no hubo un accionar de este espacio.

Las elecciones PASO de agosto del año pasado marcaron un punto de inflexión. El triunfo contundente del entonces candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, encendió las luces de alarma en el sector agropecuario. A partir de ese momento, en los principales medios periodísticos las versiones sobre intervención de mercados, cierre de exportaciones y fuerte suba en los derechos de exportación empezaron a correr como un reguero de pólvora. La campaña de desgaste al futuro presidente daba sus primeros pasos.

En ese contexto, también empezaron a adquirir presencia grupos de autoconvocados que hasta las elecciones presidenciales de octubre realizaron marchas en apoyo a Cambiemos en distintos puntos del país. Aunque, más allá de sus intentos de protagonismo con una fuerte presencia en las redes, carecen de representación institucional y su peso se irá perdiendo con el correr de los meses.

Las gremiales del agro llegan divididas a esta instancia, en donde intentan poner fechas límites a la Casa Rosada y amenazan con ceses de comercialización en granos y carnes. La realidad es que estas entidades no logran unificar un discurso en materia de política tributaria. Por un lado, Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se muestran críticos con las retenciones, sostienen que se trata de un impuesto que recorta la rentabilidad del sector y piden a las autoridades nacionales que den marcha atrás con el actual esquema, en donde la soja tributa un 30 por ciento, el resto de los cultivos un 12 y la carne bovina un 9 por ciento. En la vereda opuesta, Federación Agraria Argentina (FAA) también pide la eliminación de las retenciones y deja abierta la puerta para una segmentación basada en la escala productiva y la distancia al puerto. Además, una parte de la entidad –las denominadas Bases Federadas- no reconoce el mandato del presidente Carlos Achetoni. En este tablero, se suman entidades de productores del norte argentino, que también juegan la carta de un tratamiento diferencial para este impuesto.

Más allá de estas divisiones, hay dos puntos que no deben pasarse por alto. En primer lugar, el clima social y político no es el mismo de 2008, año en el que estalló el conflicto por las retenciones móviles. Los grupos de autoconvocados, que, según explicó REALPOLITIK, están vinculados con la polémica legisladora nacional Elisa “Lilita” Carrió, apuestan a un regreso a esta situación, con el objetivo de erosionar al presidente Fernández desde el campo. El segundo aspecto es que, más allá del ultimátum por parte de la dirigencia rural, la realidad es que la Mesa de Enlace ya asimiló el actual esquema de retenciones y sus esfuerzos apuntan a que el Gobierno no aplique un incremento del 3 por ciento, posibilidad que está prevista en la Ley de Solidaridad Social. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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