Diputados jujeños denunciaron penalmente a los responsables de encarcelar a Milagro Sala

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, y el titular del ministerio Público de la Acusación provincial, Sergio Lello Sánchez, fueron denunciados penalmente por diputados jujeños que los acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo de justicia, amenazas agravadas y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Según los legisladores, el accionar de los funcionarios judiciales data desde el año 2016 y la prueba de ello la dio el mismo presidente del máximo tribunal jujeño en los audios que se difundieron días atrás, en los que se refirió al caso Milagro Sala. “Dice una jueza, ahí en el superior…dice: ‘Yo soy la responsable de que salga esta y tengamos que volver a los quilombos permanentes, a los cortes, quema de gomas… que la suelten las Naciones Unidas, la Corte, yo no la suelto’”, sostuvo el juez.

Para los diputados, la serie de grabaciones en las que se escucha hablar a Baca evidencian que Gerardo Morales es su jefe, por lo que viola el principio republicano de separación de poderes del estado; al mismo tiempo en que también se evidencia que la líder de Tupac Amaru está presa por voluntad del gobernador.

Además, según los legisladores, los audios exponen que la ley que crea el ministerio de la Acusación es excesiva, que la hizo Lello Sánchez a su medida y que éste comete excesos en el ejercicio de su función. Asimismo, también sostienen que fueron acomodando las causas para disponer la tramitación contra funcionarios y dirigentes políticos, violando el principio de imparcialidad de los jueces.

Por último, los legisladores sostienen que el titular del ministerio Público de Acusación jujeño presiona a jueces que tienen causas de su interés y que tanto él como Clara de Falcone son incompetentes para estar en el cargo. “Se mete a presionar a los jueces, habla por teléfono, busca a uno, a otro, tratando de que las cosas sean como él quiere”, sostuvo Baca sobre su colega en uno de las mencionadas grabaciones.

Como si todo esto fuera poco, la denuncia también detalla que Lello Sánchez nombró a su esposa, Celina Florencia de Tezanos Pinto, como secretaria relatora del ministerio Público de la Acusación a su cargo, con un salario mensual cercano a los 200 mil pesos. Vale destacar que este nombramiento está prohibido por el artículo 45 inciso A de la ley 5.895.

En este marco, en las últimas horas Baca pidió licencia en el cargo para que la Justicia investigue como es debido. Sin embargo, el funcionario afirmó que no va a renunciar a su puesto y que la denuncia tiene el objetivo de desprestigiar al poder judicial jujeño en las causas que involucran a Sala. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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