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8 de febrero de 2020 | Judiciales

Caso Jorge Fernández

Tras la liberación del ex intendente de Lincoln, el fiscal de la causa mostró su desacuerdo con la medida

El ex mandatario de la localidad bonaerense consiguió su liberación tras dos años de detención preventiva. A finales del año pasado había sido beneficiado con prisión domiciliaria al ser investigado por varios hechos de corrupción y lavado de activos públicos.

REALPOLITIK se comunicó con el fiscal de la causa que investigó los sesenta hechos de corrupción que le indilgan al ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, y a varios de sus colaboradores ante su liberación. “Fue una decisión de la jueza de Garantías, me opuse fundado en la ley y recomendación de Corte y Procuración. No obstante ello, fue concedida”, se refirió Javier Ochoaizpuro sobre el pedido de liberación luego de cumplirse los dos años de prisión preventiva.

Y continuó el dialogo con este medio: “Se ampara en el plazo que prevé la ley de prisión preventiva, sin observarse la prórroga prevista por multiplicidad de hechos y complejidad de la investigación. La fiscalía observó todos los plazos, pero el juzgado omitió tratar un recurso y eso generó un gran retardo procesal que terminó beneficiando al imputado”.

En ese marco, la acordada de la Corte bonaerense 3341/19 que cita la resolución de la jueza de Garantías Marisa Muñoz Saggese explicita, ante la situación de público conocimiento del sistema penitenciario: “Reiterar, una vez más, la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes”.

Sin embargo, como explicó el fiscal, es necesario que este tipo de prisiones preventivas sean mantenidas en aquellos casos en los que la complejidad de los hechos investigados (60) y el grado de los delitos múltiples tengan fuerza suficiente como para que la misma siga teniendo curso. Recordemos que los autos se encuentran caratulados como presunta defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales, cohecho, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Desde lo procesal, el funcionario judicial reconoció que la causa se encuentra debidamente concluida y con todos los pedidos de la defensa rechazados, excepto el que determinó su liberación. Vale aclarar que aquellos a los que no se dieron lugar fueron los que solicitaban la nulidad de los autos y el sobreseimiento de los imputados, por lo que más allá de la liberación el juicio, debe elevarse al tribunal oral.

Lo cierto es que los plazos ya no existen porque la fiscalía finalizó la etapa de recolección de pruebas y ahora son los jueces de Casación quienes deben determinar cuál será la sala que deberá dar curso al tratamiento de la causa. Sin embargo, la Justicia bonaerense no escapa a lo que pasa en Comodoro Py e inclina la balanza hacia el color político que gobierna el ejecutivo.

En este sentido, se desprende que la celeridad que se le dé a esta etapa dependerá pura y exclusivamente del juego político que se inmiscuye una vez más en el quehacer judicial. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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