La discusión de los presos políticos reabre la grieta entre albertismo y cristinismo

Durante la campaña electoral, Alberto Fernández fue muy claro en tres cuestiones. Una, que no pensaba influir en el ejercicio de la justicia, provocando una intromisión de poderes. Dos, que en nuestro país existían detenciones arbitrarias, y que la encargada de resolver esas cuestiones no podría ser otra que la Corte Suprema. La tercera se orientó a la necesidad de promover una profunda reforma judicial, habida cuenta de que justamente la Justicia es el poder que más desacreditado desde la perspectiva de la sociedad argentina. 

Si bien Alberto Fernández encargó la elaboración de un proyecto de profunda reforma del poder judicial para su tratamiento legislativo, la Corte Suprema no muestra -ni por asomo- voluntad alguna de revisar las acciones de los jueces vinculados con las causas de los presos políticos en la Argentina. Hace unos días murió el juez Claudio Bonadío, pero su deceso no estuvo acompañado de cambio alguno en un poder judicial que no expresa predisposición alguna para ajustarse a las normas judiciales ni constitucionales. Las causas que se tramitan sobre los ex funcionarios y dirigentes del kirchnerismo están muy flojas de papeles, y no se ha respetado el debido proceso en la mayoría. 

La pata cristinista del Frente de Todos sostiene a rajatabla la tesis del lawfare que viene sosteniendo la vicepresidenta argentina desde hace mucho tiempo. Incluso se ha postulado la creación de una CONADEP judicial para investigar la administración de la Justicia en nuestro país durante los años del macrismo por parte de la sociedad argentina, habida cuenta del descrédito que reviste el poder judicial. 

La cuestión divide al Frente de Todos. Del lado del albertismo queda claro que sería suicida interpelar a la Corte Suprema para que avance sobre la revisión de la administración de Justicia en los citados casos, ya que tal facultad no ha sido conferida al ejecutivo por nuestra constitución. Tampoco se considera adecuada la firma de un indulto presidencial, ya que, en la práctica, implicaría el reconocimiento de los delitos adjudicados a los detenidos. Algo que, por lo demás, la mayoría de ellos rechaza. A las razones institucionales y a las convicciones personales esta posición de aparente prescindencia se fundamenta en términos de realpolitik, ya que no resultaría inteligente poner en cuestión la independencia de poderes mientras se renegocia la deuda heredada del macrismo con el FMI y los acreedores privados.

Pero los días pasan y la situación de los presos políticos no experimenta cambios significativos, lo cual ha provocado el enojo de quienes consideran que un gobierno peronista no puede tolerar la continuidad de los encarcelamientos de compañeros a los que no se les ha garantizado, siquiera, el debido proceso dispuesto por las normas judiciales y la constitución nacional. En la última semana, los decibeles de la confrontación entre albertistas y cristinistas se multiplicó de manera exponencial y en términos escasamente cordiales. Al respecto cabe preguntarse si sólo se está discutiendo este tema, de por sí ya trascendente, o por el contrario la cuestión de los presos políticos ha sido el elegido para solapar las disputas de poder existentes al interior de la coalición gobernante. 

Sabido es que, en el mes de mayo de este año, se deberán elegir las nuevas autoridades del PJ nacional. Gioja quiere reelegir, pero Cristina estaría dispuesta a respaldar a un candidato propio, que no sería otro que Jorge Capitanich. Esa definición será trascendental para la composición de las listas electorales de 2021, pero también para la distribuir las porciones de poder al interior del estado nacional desde el día mismo de su convalidación. 

Adicionalmente, desde hace tiempo viene construyéndose el albertismo, con elocuente silencio de radio de los medios nacionales. En los últimos días resultó imposible seguir ocultando que Santiago Cafiero y Gabriel Katopodis serían las puntas de lanza de este nuevo espacio para las elecciones legislativas de 2021. Sus reiterados actos políticos en distintos distritos del conurbano comenzaron a llamar la atención, y la agenda será aún mucho más intensiva a partir de ahora. También la resolución del pago de la deuda de la provincia de Buenos Aires, con sus dimes y diretes y la decisión adoptada finalmente por el gobernador Axel Kicillof entre gallos y medianoche, demuestra que no es la fluidez la que priva en su relación con el gobierno nacional.

Aunque nadie lo acepte públicamente, es sabido que las legislativas de 2021 serán el parteaguas de la coalición del Frente de Todos. Allí se definirá si Alberto Fernández ha consolidado su liderazgo, o si deberá subordinarse a la autoridad de Cristina Fernández. ¿Conseguirá el presidente cristalizar un liderazgo sólido que le permita optar a su continuidad en el tiempo o, por el contrario, deberá aceptar la condición transicional de su gestión, para verse obligado a dar un paso al costado una vez renegociados los compromisos externos y mínimamente encaminadas las variables internas de la economía argentina? (www.REALPOLITIK.com.ar)

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