La Justicia evita pronunciarse sobre las “cajas negras” de las comisarías porteñas

Los principales apuntados por este modus operandi son el comisario y jefe de la Comuna 11, Mario Gastón Vignart; el comisario y jefe de la Comisaría 45, Claudio Rojas; el comisario y jefe de la Comisaría 41, Enrique Aguirre; además de los subcomisarios Leonardo Salazar y Alejandro Muñoz, entre otros.

Los nombres se desprenden de la declaración de Alan Roy Taborda, efectivo policial y querellante que impulsa la denuncia, actualmente notificado con su pase a disponibilidad bajo el argumento de “no tener destinos”. Además, el denunciante cuenta con sus calificaciones “anuladas”, sumada a la postergación de sus ascensos.

Taborda, que en su momento ocupaba el cargo de segundo jefe detrás del comisario Rojas, elevó un informe de relevamiento de horarios y tareas acerca de cómo se trabajaba en las comisarías 41 y 45. Estas encomiendas, según señala en el expediente judicial, las realizaron junto al subcomisario Salazar en el lapso de dos semanas.

Tras la presentación del informe de “estado de tercio”, que detalla quiénes están recargados, de guardia, de servicio y enfermos, Taborda puso de manifiesto la presencia de “irregularidades” por las recargas de servicio y viáticos no remunerados. El personal policial, que tenía horarios rotativos, trabajaba cuatro horas más -doce en vez de las ocho correspondientes- para cubrir al tercio restante en su jornada de descanso.

LA ESTRATEGIA DEL DESGASTE Y EL SILENCIO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Luego de dicha exposición, presentada por escrito, Taborda tuvo una reunión con Vignart, Rojas y Salazar, donde hablaron del estado de situación de ambas comisarías. Y, según consta en la causa, Taborda se refirió a las palabras que utilizó Vignart dirigidas hacia él: “Tenés que sacarte el chip de abogado”. A lo que él le respondió que su competencia en materia jurídica lo habilitaba a las funciones que se le asignaron.

De aquí en más, Taborda resalta que, en lugar de tomar cartas en el asunto, sus colegas hicieron exactamente todo lo contrario, alegando una “sanción disciplinaria por su informe” que adjudica al entonces superintendente de Seguridad Comunal, Oscar Enrique Cejas, según le habría dicho su comisario. 

De tal forma, exhibe que ninguna autoridad de la Policía de la Ciudad lo llamó para ratificar o brindar algún tipo de información al respecto, lo cual le “llamo la atención” por la consistencia “detallada y minuciosa” de las pruebas presentadas y por la comprobación del delito de “estado de tercio”.

Asimismo, el denunciante no sólo ancló su versión de los hechos en la falta de respuesta de las autoridades, que llegó hasta la Oficina de Transparencia de la Ciudad (Asuntos Internos), sino que también destacó sus “constantes traslados” a diferentes dependencias policiales.

LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA Y EL TRASFONDO DEL ENTRAMADO POLICIAL

Después de idas y venidas entre autoridades judiciales que se declaraban incompetentes y argumentaban que la causa era laboral y no penal, finalmente la denuncia cayó en el juzgado Penal Contravencional y de Faltas Nro. 7 y la fiscalía en el Área de Contravenciones y Faltas Especiales, bajo las órdenes del Martín Perel. Aquí, Taborda explicita que el fiscal le negó la querella y que tampoco le pidió ninguna prueba. En cambio, el juez lo consideró querellante.

En síntesis, las denuncias por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, las horas recargadas del personal y la malversación de fondos públicos, tienen su curso ante la Justicia que parece dilatar los tiempos para que no avance la causa.

Mientras tanto, las sospechas se incrementan ante “el cajoneo judicial” y, por ahora, no hay certezas en torno a la “caja negra de las comisarías”.  (www.REALPOLITIK.com.ar)

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