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24 de febrero de 2020 | Nacionales

Tensión

Los aliados provinciales del Frente de Todos quieren cobrar y amenazan con romper

Las condiciones en que asumió Alberto Fernández permiten hablar tanto de “tierra arrasada”, como de “campo minado”. Por cada bomba que empieza a desactivar son varias las que inician su cuenta regresiva.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández no tuvo tiempo siquiera de empezar a celebrar el triunfo político relevante que significó el documento del FMI. Las declaraciones de varios miembros del gabinete nacional -Santiago Cafiero y Matías Kulfas-, anticipando nuevos aumentos de tarifas y servicios, generaron temores y quejas generalizados, que obligaron a Alberto Fernández a salir personalmente a desmentirlos. Todavía no está claro qué los llevó a hacer esas afirmaciones tan desatinadas, pero terminaron dañando la imagen del gobierno nacional, y expusieron innecesariamente al presidente. 

Cuando las aguas parecían comenzar a aquietarse y comenzaban a llegar novedades alentadoras sobre las conversaciones y acuerdos alcanzados por el ministro de Economía Martín Guzmán en la reunión del G20, la sumatoria de declaraciones y reclamos bajo la cuerda de los diputados aliados del Frente de Todos, y que le han permitido alcanzar el quórum de 129 legisladores, sembró la inquietud. Sus reclamos son coincidentes: el gobierno no habría cumplido acuerdos con sus provincias y les preocupan lo que definen como una “parálisis” de la gestión.

Las demandas llegan en un momento inoportuno, ya que esta semana se deberá tratar, en comisión y en sesión, el proyecto de ley sobre jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores. Y si bien los disconformes anuncian que seguirán apoyando al gobierno en esta ocasión, lanzaron una especie de ultimátum: si no hay respuestas a sus reclamos, en lo sucesivo pondrán fin a la alianza legislativa. 

Los diputados que encabezan la rebelión legislativa pertenecen a dos interbloques. Unidad Federal para el Desarrollo, presidido por José Luis Ramón (Mendoza) y que, entre sus ocho miembros, incluye a los tres misioneros del Frente de la Concordia y responden al señor feudal de la provincia, Carlos Rovira, e insisten en imponer a su candidato a la presidencia de la Represa de Yaciretá, Luis Lichowski

La cuestión de Yaciretá es un tema realmente espinoso para el gobierno, ya que el rovirismo jugó abiertamente en contra del Frente de Todos en las elecciones generales y fue derrotado en las PASO por la lista larga encabezada por Alberto y Cristina, impulsada por el ex secretario de Energía de la provincia -y actualmente, de la Nación- Sergio Lanziani. No sólo su apoyo, sino también su gestión provincial previa y la presentación de proyectos estratégicos para el área le granjearon el apoyo de Alberto y de Cristina, y a promoción a su cargo actual. Por la magnitud de los fondos y las expectativas que genera la producción, comercialización y exportación de energía, su continuidad en el cargo fue puesta en cuestión, sometido al fuego cruzado del ministro Kulfas, a las acciones del  rovirismo e, incluso, algunas pretensiones de un sector del Frente Renovador. Sin embargo, el oportuno respaldo de Cristina Fernández fortaleció su posición. 

Ahora el gobierno debe decidir qué hacer con Yaciretá: mantenerla sólo como una caja manejada por Rovira -y que fue utilizada generosamente para financiar muchas operaciones y campañas del gobierno de Mauricio Macri-, o dejarla en la órbita de la secretaría de Energía, para permitir aplicar los proyectos de desarrollo que tiene en carpeta su titular, con el aval de la vicepresidenta. No sólo se trata de una decisión política, sino también estratégica. En estos días que se celebra un nuevo aniversario del nacimiento del General Mosconi, su ejemplo no debería ser ignorado.

Dentro del interbloque que preside el mendocino Ramón también hay otros descontentos, aunque por cuestiones que, ni por asomo, alcanzan la relavancia de Yaciretá. Antonio Carambia, de Santa Cruz, y la tucumana Beatriz Ávlia -esposa del intendente Germán Alfaro, de la capital provincial- exigen obras y aportes del Tesoro para sus municipios, que aseguran haber sido negociados pero cuya concreción se dilata.

Por su parte, la diputada Alma Sapag, que integra un monobloque del MPN, pero que asimila generalmente sus posiciones con el interbloque presidido por Ramón, reclama por 2000 puestos de trabajo para su provincia, y la ley para Vaca Muerta, cuya redacción y elevación al Congreso aún no se concretó. 

También hay malhumor en el Interbloque Federal presidido por el randazzista-lavagnista Eduardo “Bali” Bucca, que suma once diputados nacionales. Aquí el reclamo es levantado por los diputados cordobeses liderados por Carlos Gutiérrez, que denuncian la existencia de compromisos no cumplidos con su provincia. 

Por lo que se puede apreciar, muchos legisladores, gobernadores y hombres fuertes de las provincias que demostraron una tolerancia llamativa con Mauricio Macri no parecen dispuestos a reiterar su actitud con el gobierno actual, que -recordemos- apenas lleva poco más de dos meses de gestión. Pero algunos sienten que se les escapan grandes negocios de las manos -como Yaciretá o Vaca Muerta-, y no están dispuestos a renunciar a esas fabulosas cajas. 

Si bien, hasta ahora, Sergio Massa y Máximo Kirchner han conseguido garantizar el quórum y las mayorías indispensables para las votaciones, desde las provincias -incluso desde los gobiernos que forman parte del FDT-, apuntan que la relación con el gobierno nacional se ha “enfriado” bastante y que sería necesario una interacción más activa con las carteras políticas del gabinete nacional. Una cuestión que, por ahora, parece limitarse casi exclusivamente al diálogo personalizado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, pero que será necesario tener en cuenta para mantener la armonía y un accionar acompasado con el Congreso de la Nación. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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