AFIP: Jorge Schiaffini, el testigo arrepentido que integraba el grupo de tareas de Carrió

El repliegue de Carrió detonó en el interior de la AFIP. La línea interna que se identificaba con la diputada comenzó a ser investigada por la Justicia a raíz de la filtración de información bajo secreto fiscal, cuyo destino era nutrir las denuncias judiciales contra los adversarios políticos. La causa fue anexada al expediente por espionaje a jueces, gobernadores y dirigentes que instruye Rodolfo Canicoba Corral.

El magistrado le exigió al organismo que conduce Leandro Cuccioli que informe todos los accesos que hayan registrado a las bases de contribuyentes, desde todos los sistemas de AFIP, tanto del ex subdirector de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, como del titular de Auditoría y de Sistemas.

En ese clima, comenzaron a cobrar vigor casos icónicos en los que intervino toda la estructura que repuso Abad al principio de su gestión con Cambiemos. Mecikovsky conserva varias denuncias por falso testimonio acumuladas, entre ellas por haber otorgado supuesta protección a Badial, una de las empresas de Lázaro Báez que fue originalmente denunciada en 2008 y sobre la que luego él mismo se montó para denunciar a personal que reportaba a Ricardo Echegaray. Lo mismo sobre la investigación interna respecto a Marcelo Balcedo y el gremio SOEME, que luego derivó en el escándalo por millonarios bienes en Uruguay.

La Justicia Federal quiere saber a qué personas o empresas investigaron en los últimos cuatro años y qué datos recabaron, además de las razones funcionales que hubieran motivado las consultas. Cuando en tribunales cuenten con la información, comenzará una ronda de llamados a declaración indagatoria y, por primera vez, según especulan en Comodoro Py, creen que podría darse el escenario donde haya “arrepentidos” en personal de carrera.

EL PRIMER ARREPENTIDO DE AFIP

Jorge Schiaffini, funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), declaró recientemente en el juicio oral por el caso Oíl Combustibles, que en el organismo se armó un “grupo de control” contra la petrolera de Cristóbal López, algo que no ocurrió en sus anteriores treinta años de carrera. “¿Fue creado a propósito?”, le preguntó un abogado de Cristóbal López, a lo cual respondió afirmativamente.

El sexteto de ese grupo de tareas estaba integrado por Juan Carlos Santos (jefe de Grandes Nacionales), Eliseo Devoto (jefe de Jurídicos), Jorge Schiaffini (Investigaciones de Grandes Contribuyentes), Jimena Latorre (subdirectora de Coordinación Técnico Institucional y nexo con los jueces de Comodoro Py), Marina Lamagrande y Juan Capello. Además, el testigo confirmó que el material que producía la AFIP contra Cristóbal López era pensado para abastecer al fiscal Gerardo Pollicita.

La totalidad del persona que reviste tareas en AFIP, influyendo a Latorre y Schiaffini.
Fue autor del primer documento que motorizó el organismo recaudador respecto al “informe de situación fiscal” de la petrolera, se contradijo en varios tramos, aseguró no recordar bajo qué circunstancias le había sido encargado y dejó un manto de sospechas cuando enfatizó que venía siendo trabajado en borradores desde el 14 de marzo de 2016, cuando el caso recién se iniciaba. Es que ese informe de treinta carillas con detalles sobre los giros y la operatoria de Oíl con datos basados supuestamente en los balances tuvo “fecha de registración” en el sistema SIGEA el 1 de abril de 2016 a las 11.10 de la mañana. El problema es que su horario de recepción en la fiscalía de Gerardo Pollicita fue a las 14.00 del mismo día: dos horas y cincuenta minutos luego de su creación.

“Yo sabía que esto se iba a presentar en el juzgado. Sabíamos que teníamos que entregarlo”, indicó Schiaffini, que no lograba individualizar datos precisos respecto a las circunstancias en las que había tomado intervención desde la dirección de Fiscalización a la que acababa de ser ascendido en la AFIP, en 2016. En varios tramos, esta situación motivó la intervención del presidente del Tribunal Oral Federal Nro. 3 Fernando Machado Pelloni, dado que se mostraba impreciso, evasivo y eludía cualquier detalle en la mayoría de las preguntas.

Tras varias preguntas, lo único que dijo es que allí se volcaban actuaciones o pedidos respecto al conglomerado empresario de Indalo, pero no pudo asegurar que no participara gente externa a la AFIP, incluyendo al abogado Ricardo Gil Lavedra, contratado de manera externa. En realidad, parte de ese grupo que hacía seguimiento específico de la petrolera y las empresas relacionadas como una suerte de “mesa judicial” dentro de AFIP, operaba en el marco de la subdirección de Coordinación Técnico Institucional y su objetivo era nutrir no sólo la relación con el avance judicial de la causa sino filtrar información hacia la vicejefatura de Gabinete, entonces ocupada por Mario Quintana.

LOS ESCUDEROS DE MARCO DEL PONT EN LA AFIP

La actual administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, nunca trabajó en el organismo. Entre su conocimiento paulatino del terreno y la búsqueda permanente por diferenciarse de Ricardo Echegaray, fue llenando casilleros de un modo tradicional. Por ejemplo, haciendo “castings”: entrevistas a diversos profesionales, que nunca trabajaron en la AFIP, para ocupar un puesto. También suman a recomendados de la política, a uno de los cuales llegaron a preguntarle qué lugar quería ocupar, mostrando un organigrama con la mayoría de los casilleros vacíos.

Su idea es ubicar gente de su confianza, que antes fueron soldados, capitanes o coroneles de la época del lawfare, encabezada por los administradores Alberto Abad y Leandro Cuccioli. Uno de los casos más llamativos es el de Juan Capello, que entró a la AFIP en 2005 y también trabajó con Marcó del Pont en el Banco Nación y en el Central.

En ese sentido, es difícil encontrar gente que conozca a Capello y hable bien de él. “Tiene más soberbia que conocimiento”, apunta un ex funcionario que lo “sufrió” en dos organismos. Pero lo que volcaría la balanza no es eso, sino que Capello también fue parte del grupo de incondicionales de Abad, incluyendo el uso del lawfare contra Cristóbal López y Oíl Combustibles, dirigentes opositores y gremialistas como también a diversas personalidades del ambiente artístico y deportivo.

La recaudación de febrero, al igual que la de enero, será negativa en términos reales, creciendo por debajo de la inflación. Una responsabilidad directa de la directora Marco del Pont, que mientras tanto mantiene entre sus directivos jerárquicos a personas emblemáticas de la presidencia de Mauricio Macri, como Capello, Lamagrande (hasta su renuncia), Guillermo Antonio Sorrentino (Asuntos Jurídicos), Pablo Alejandro Brula (Recursos Humanos) o Santiago Alfredo Cataldo (Operaciones Impositivas del Interior). Este último, todavía es recordado por participar de la campaña de Juntos por el Cambio en Córdoba. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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