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2 de marzo de 2020 | Nacionales

Final abierto

La AFI le dice adiós a la caja negra de 2.000 millones de pesos 

En uno de los pasajes centrales de su discurso ante la asamblea legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció un DNU que modificará la ley de Inteligencia con el fin de impedir a su personal trabajar bajo la orden de jueces. Qué implica esa medida y qué alcances tendrá.

por:
Ariel Sancheta

“Tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia”. Con ese preludio enunciado en el seno de la asamblea legislativa, Alberto Fernández se refería a la necesidad de meter mano en el siempre polémico servicio de inteligencia argentino.

El presidente recordó su decisión de intervenir el organismo, para lo cual designó a la interventora Cristina Caamaño, y de complementar su labor con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación, que se sumó como contralor público de la administración de la agencia. Fueron esos los primeros pasos tendientes a terminar con el “oscurantismo” que imperó en estos años dentro de la AFI, que desempeñó un rol clave durante la administración de Mauricio Macri como parte de las estrategias desplegadas por su mesa judicial, más interesado en la persecución de adversarios políticos mediante el lawfare que en su función real.

ADIÓS A LOS FONDOS RESERVADOS

Fernández anunció los primeros resultados de esa intervención: “Ahora, como consecuencia de todas esas medidas, más del 90 por ciento del dinero que el gobierno anterior había declarado como fondos reservados, se han transparentado y han vuelto a ser públicos”. De ese modo confirmaba lo que había esbozado el día de su asunción el 10 de diciembre de 2019, cuando se refirió a una millonaria caja negra de más de 2.000 millones de pesos que durante el gobierno de Cambiemos se utilizó sin control y sirvió a cuestionadísimas intervenciones, como las que quedaron documentadas en el caso Marcelo D'Alessio.

Esos fondos también sirvieron para poner en funcionamiento las sedes de inteligencia en el área del Gran Buenos Aires, denominadas “sedes AMBA”, que a la postre sirvieron como un organismo para hacer espionaje ilegal sobre adversarios políticos, sindicalistas, líderes territoriales y que terminaron siendo caldo de cultivo para casos de extorsión o manipulación judicial. El “blanqueo” anunciado ayer por el presidente, implica que al menos 1.800 millones de pesos de esos fondos ya dejaron de estar a la sombra del control político y legislativo, y que deberán rendirse cuenta por el uso que se le decida dar.

EL PUNTO FINAL A LOS CARPETAZOS

Probablemente el punto más trascendental del anuncio de ayer en relación a la AFI, es la promesa de derogación -vía DNU- de un apartado del artículo 4 de la ley de Inteligencia Nacional que habilita a los agentes de inteligencia a trabajar como asistentes de la Justicia. El articulado del DNU del presidente significará una prohibición concreta para que los organismos de inteligencia puedan “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”.

La norma que ahora se modificará tenía originariamente la intención de imprimirle un control judicial a las tareas de inteligencia. Pero lo que sucedió en estos años es que “le permitió a los jueces y fiscales cargarle a la AFI tareas que no eran inherentes a su función específica; y así fue cómo la usó Cambiemos en estos años”. En manos de la administración anterior, el resultado de esto fue “una Justicia contaminada por servicios de inteligencia”, según lo describía Fernández el día de asunción.

 EL POLÉMICO INCISO QUE SE DEROGA

En su título II, “Protección de los derechos y garantías de los habitantes de la Nación”, la ley 25.520 de Inteligencia Nacional plantea con claridad que el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional "deberá ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la primera parte, capítulos I y II, de la constitución nacional y en las normas legales y reglamentarias vigentes”, y plantea en su artículo 4 que ningún organismo de inteligencia podrá “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley”.

Precisamente es allí adonde apuntará el DNU presidencial, con la clara intención de limitar de manera drástica una práctica de tergiversaba los roles tanto de la inteligencia como de la Justicia misma. “No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”, desafió el presidente.

Más allá de esta cuestión, queda el interrogante sobre el mecanismo idóneo para desactivar esa peligrosa brecha legal que fue la que permitió la distorsión perpetrada entre ciertos jueces y organismos de inteligencia. Si bien recurrir a un DNU termina siendo un mecanismo de rápida aplicación, en contrapartida pierde el peso institucional que podría tener una reforma de esa misma ley de Inteligencia, que, preferentemente, debería pasar por el Congreso.

Finalmente y no menos importante es que esta decisión deja abierta la posibilidad de que un nuevo DNU vuelva a habilitar el mecanismo que tanto dolores de cabeza le trajo al país. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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