“Lilita” Carrió, una vez más al servicio de los genocidas

Carrió no tuvo inconvenientes en jurar por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional. Así se incorporaba a la vida pública la autodenominada “fiscal de la república”. Con las fiscalías repletas de pedidos de hábeas corpus y denuncias por desapariciones de personas, “Lilita” se dedicaba a mirar para otro lado.

En 2010 Eduardo Amadeo, ahora su socio político en Juntos por el Cambio, escribió en una columna sus recuerdos de la gestión de Carrió durante los años de plomo: “Obviamente, ello no la hace responsable de los crímenes de la dictadura, salvo que se tome en cuenta que una de las peores masacres de ese tiempo, la de Margarita Belén, en la que se asesinaron 22 militantes políticos, estaba en trámite en su jurisdicción, y Elisa Carrió guardó un silencio cómplice que seguramente facilitó la impunidad de sus autores. (…) Carrió fue en ese momento -cuando muchos de quienes ella agrede cotidianamente se jugaban la vida- una colaboracionista; de aquellas que eran rapadas al final de la segunda guerra mundial por su apoyo a los nazis”.

Los años pasaron y Carrió intentó transmutarse en una ferviente republicana, aunque eso nunca afectó sus excelentes relaciones con los uniformados. A punto tal que su último acto como diputada nacional, antes de hacer efectiva su renuncia en el presente mes de marzo de 2020 fue, precisamente, la presentación de un proyecto de ley para que los genocidas encarcelados puedan salir de las cárceles. “Era mi deber de conciencia”, admitió públicamente, por si quedara alguna duda de ese vínculo.  

El proyecto propone modificar el Código Penal para concederle la prisión domiciliaria a los presos mayores de 75 años, con la siguiente adición: “Incluso aquellos a los que se los investiga por delitos de lesa humanidad”. 

Pero las concesiones de “Lilita” hacia los genocidas no terminan allí, ya que la prisión domiciliaria que propone incluye también a aquellos autores de crímenes de lesa humanidad “cuya privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere el alojamiento en un establecimiento hospitalario”. 

El texto excluye del beneficio a quienes cometieron delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional o desaparecieron personas y aplicaron tortura, inmediatamente les abre un atajo, al disponer el otorgamiento de la prisión domiciliaria por dolencias aun cuando éstas no necesiten internación. De este modo, cualquier enfermedad o dolencia, sin importar la gravedad, los habilitaría para abandonar la prisión.

Por si esto fuera poco, Carrió obliga al estado en su proyecto a hacerse cargo del traslado y alojamiento de los genocidas en instituciones para adultos mayores, cuando no tengan un domicilio declarado o terceros que se hagan cargo de ellos.

Al presentar su proyecto, “Lilita” reconoció que era su “deber de conciencia” hacerlo. Una conciencia muy poco republicana y democrática, como puede advertirse. Como antes, como ahora, como siempre. Una “Lilita” Carrió en estado puro. (www.REALPOLITIK.com.ar)

SI TE GUSTA
LO QUE
HACEMOS

Ayudanos a seguir haciendo
periodismo con la mayor
independencia y objetividad
posible.

COLABORÁ A PARTIR DE $500

COMENTÁ / VER COMENTARIOS