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9 de marzo de 2020 | Interior

Intervención del poder judicial

Milagro Sala, la carta ganadora de Gerardo Morales 

Gerardo Morales transita su segundo período consecutivo como gobernador de Jujuy. No tiene posibilidad de reelección y su aspiración es convertirse en candidato presidencial. ¿Cómo lo beneficia el pedido de intervención del poder judicial jujeño por el caso Milagro Sala?

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por:
Alberto Lettieri

La iniciativa de intervenir el poder judicial por el caso Milagro Sala que impulsan algunos legisladores próximos a Cristina Fernández de Kirchner podría significar una ayuda impensada para el proyecto presidencial de Gerardo Morales. En las elecciones presidenciales no le fue bien al tener que enfrentar al peronismo reunificado, pero la opinión de la mayoría de la sociedad jujeña parece ser muy diferente de la que priva en la lejana Buenos Aires. 

Para los observadores de la realidad provincial, una intervención del poder judicial provincial, con el correlato inmediato de la liberación de Milagro Sala, haría subir fuertemente las acciones del gobernador para confirmar su presidencia de la UCR provincial primero y luego tratar de acceder a la conducción nacional del partido. De allí a pugnar por la candidatura presidencial por Juntos por el Cambio no habría más que un paso.

Hasta unas semanas atrás, Morales venía con sus acciones en baja. Con la provincia muy endeudada, había tenido que salir a respaldar con sus legisladores nacionales varias de las iniciativas promovidas por el gobierno de Alberto Fernández. Tampoco le fue bien en el proceso electoral nacional, donde fue derrotado por el peronismo reunificado, y sólo el adelantamiento de las elecciones provinciales, con una oposición aún dividida, le permitió reelegir en su cargo.

Pero la difusión de un audio de un juez de la Corte jujeña, admitiendo irregularidades en el procesamiento de Milagro Sala, podría producir un efecto absolutamente diferente al que se estimó en un primer momento. Para Cristina Fernández de Kirchner y la mayoría de los referentes del Frente de Todos, las revelaciones del magistrado significaron una confirmación del lawfare. El presidente Alberto Fernández definió inmediatamente a Sala como presa política. Y hasta el senador Guillermo Snopek, dando un giro drástico en su posicionamiento respecto del kirchnerismo, presentó un proyecto de intervención del poder judicial de la provincia. 

Pero la figura de Milagro Sala es muy poco grata en la provincia norteña, y la iniciativa del senador jujeño fue tomada como un avance del poder nacional sobre las instituciones provinciales. Esto fortaleció la figura de Morales, quien apareció como una posible víctima del estado Nacional, y recibió inmediatamente el respaldo de las principales figuras del Pro, incluso de algunos como Mauricio Macri o Mario Negri, que serían sus posibles competidores en la interna de Juntos por el Cambio o de la UCR. 

El próximo martes se reunirá la comisión del Senado encargada de analizar la propuesta de Snopek. No queda en claro que consiga su aprobación. Lo más probable es que quede en tratamiento para resolverse en un futuro incierto. Está claro que Alberto Fernández lejos está de involucrarse en un avance sobre el poder judicial, y que la cuestión quedará finalmente en el grado de involucramiento que registre la vicepresidenta de la nación. Sin embargo, el nombre de Milagro Sala tampoco cuenta con una opinión favorable para la mayoría de los senadores, por lo que la presión que deberá ejercerse sobre los legisladores del Frente de Todos debería ser muy alta. 

Hay un segundo problema asociado con esta situación y es la posición adoptada por Alberto Fernández en sentido que debería ser la Justicia -y no la política- la encargada de resolver sobre la libertad de las víctimas de “detenciones arbitrarias”, tal como prefirió denominarlas. Por esta razón, el canal más adecuado para expedirse sobre esta situación sería una resolución de la Corte Suprema. Existen denuncias y recomendaciones de distintos organismos de derechos humanos, e incluso de la OEA, que subrayan la gravedad institucional de su situación, ya que se encuentra presa desde hace cuatro años sin condena firme y que fue detenida por una causa que no conllevaba pena carcelaria. 

Para en el fino juego de equilibrio de poderes que intenta el presidente argentino, es la Corte quien debería expedirse. Pero el órgano máximo de la Justicia argentina no tiene plazos perentorios para hacerlo, ni tampoco el convencimiento de dejar en libertad a la referente de la Tupac Amaru. 

Mientras tanto, Morales agradece la situación creada por una llamada filtrada que debería haberlo hundido en un país normal, pero que, en la Argentina, puede constituirse en factor clave para sus aspiraciones presidenciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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