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23 de marzo de 2020 | Nacionales

Por falta de consciencia colectiva

Con el sistema de salud desfinanciado, el estado de sitio o el toque de queda son inminentes

La lucha contra el COVID-19 es cotidiana y sobre la marcha se van implementando nuevas acciones para tratar de confrontar la pandemia. El ministro de Salud, Ginés González García, admitió que, en el escenario más favorable, Argentina llegaría a los 250 mil infectados, utilizando una progresión matemática basada en experiencias de otros países. 

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por:
Alberto Lettieri

Según la estipulación del ministerio de Salud de la Nación, con una fatalidad del 2 al 3 por ciento, las muertes rondarían entre las 5 mil y y 7500 personas. Claro está que podrían producirse otros escenarios, sobre los cuales es preferible evitar declaraciones públicas, para evitar el incremento de la paranoia. 

La divergencia entre los posibles escenarios esta relacionada con diversas cuestiones que caracterizan al caso argentino. Las enfermedades preexistentes y la extensa población de riesgo, sumada a las condiciones de vida y de higiene con que convive buena parte de nuestra sociedad, componen esa bomba de tiempo. 

El abandono de la salud pública y la destrucción de la economía productiva que propició Cambiemos están al frente de las preocupaciones. En los últimos años, el promedio de los afectados de dengue anual ascendió a 500 mil personas. También reaparecieron otras enfermedades, como el sarampión y el chagas, a consecuencia de la decisión de limitar las campañas de vacunación, mientras las dosis se vencían en containers depositados en las aduanas. Ni qué decir de la degradación del ministerio de Salud en secretaría, con presupuesto constantemente recortado y una acción que no cesó de restringirse. 

La destrucción de la economía productiva incrementó la pobreza un 12 por ciento y más que duplicó la indigencia, alcanzando los dos dígitos. Cientos de miles de argentinos se vieron forzados a precarizar sus formas de vida, a vivir hacinados y mal alimentados, incrementándose las tasas de violencia social. 

Pero no sólo son éstas las víctimas predilectas del COVID-19. También los jubilados vieron dramáticamente limitado su acceso a la medicación, merced a la decisión de Mauricio Macri de desfinanciar el PAMI y limitar taxativamente la provisión de medicación gratuita, mientras que sus ingresos eran podados por la aplicación de una nueva normativa para las jubilaciones. El virus no es letal más que en un 2 o 3 por ciento en poblaciones alimentadas adecuadamente y con un sistema de salud e higiene razonable. Pero, en la Argentina y en América Latina en general, el porcentaje de la población de riesgo alcanza niveles que nos acercan a los de las sociedades medievales. 

Las grandes aglomeraciones urbanas son otro escenario privilegiado para la transmisión del mal. No por casualidad, con el 8 por ciento de la población total del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el triste privilegio de contar con cerca del 40 por ciento de los casos. Diversas son las razones que permiten explicarlo: desde el tránsito frecuente de turistas y viajeros prácticamente sin control, hasta un sistema de recolección de insumos que oficia como una verdadera bomba antihigiénica. También en la CABA la población es más pobre, tiene menor acceso a servicios de salud y una alimentación degradada. 

Hay otro elemento asociado con la psicología social y está relacionada con la anomia en los comportamientos que caracteriza a buena parte de la población, sobre todo en las grandes ciudades, sumada a un individualismo extremo que le permite creer -ilusoriamente- que está por encima de las normas. A diferencia de las condiciones anteriores que están predeterminadas, la inconsciencia y la escasa disposición a cumplir las directivas para afrontar el mal la convierten en agente efectivo para su multiplicación. 

Desde un primer momento, Alberto Fernández intentó hablar con la verdad al pueblo argentino y se mostró reiteradamente rodeado de la dirigencia de la oposición. El COVID-19 nos amenaza a todos y no únicamente a los que expresan alguna simpatía con el oficialismo. Esto que parece una verdad de perogrullo, en los hechos comprueba un contraste que genera escozor. 

En apenas dos días de restricciones a la circulación, fueron detenidas 5.800 personas por violar la veda. Los comportamientos antisociales exigen poner en cuarentena a los pasajeros de ferrys y aviones, y hasta cerca de 20 mil argentinos se trasladaron de vacaciones al exterior después de haber sido declarada la emergencia, y ahora pretenden ser repatriados gratuitamente por el estado. 

El estado, justamente, es la clave para afrontar la crisis. Esta obviedad desmoronó el discurso libertario de economistas mediáticos, comunicadores y de políticos de la actual oposición, tanto a la derecho como a la izquierda del Frente de Todos. Sin embargo, el individualismo sembrado durante décadas no puede ser erradicado de un día para otro. "Mi cuerpo, mi decisión" es una consigna válida siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud ni la seguridad de millones. 

Según trascendió hace algunas horas, el acuerdo sobre la manera en que Alberto Fernández está conduciendo la situación catastrófica supera el 90 por ciento de los argentinos. Se ha ido consolidando en su imagen como jefe de estado, más allá de los escasos votos propios que se le adjudicaban. En algún aspecto recuerda el salto exponencial en la opinión pública de Néstor Kirchner en los primeros meses de su gobierno. 

El gran problema que desvela a las autoridades son las espaldas angostas con que el estado debe afrontar la situación, si las medidas -como es lógico suponer- deben extenderse y endurecerse con el paso de los días. 

El gobierno decidió ir por delante de la pandemia, lo cual es un enorme beneficio respecto de lo sucedido, por ejemplo, en España, Italia, Chile, Brasil o los Estados Unidos. El problema radica en la dificultad para contener y asistir a una población caída del mercado de trabajo, y que depende de la informalidad para su subsistencia. Sobre estos segmentos se anunciarán medidas la semana que pasó. Pero de ninguna manera puede descartarse la organización de saqueos y acciones violentas contra la propiedad, por razones de necesidad o de cálculo. 

Preocupan en particular los asentamientos y villas, por su extrema precariedad tanto en términos de higiene y de salud, como en lo referido a las condiciones de subsistencia. A tal efecto se han diseñado distintos escenarios de acción para las fuerzas de seguridad, tanto en lo referido a asistencia de los afectados como a la contención de eventuales disturbios. 

El gobierno tiene en claro que, para evitar que la situación se le escape de las manos, debe achatar la curva expansiva del virus, prolongando sus efectos en el tiempo para conseguir que un sistema de salud desfinanciado y obsoleto no colapse. Para esto resulta imperioso ralentizar la velocidad del contagio, restringiendo las posibilidades de contacto entre las personas. 

Pero este aspecto que debería ser el más sencillo en caso de contar con una población consciente, es -paradójicamente- el más difícil de conseguir. Por esta razón se evalúa la aplicación del estado de sitio y el toque de queda. 

Claro está que, en una sociedad donde las instituciones militares no gozan precisamente del favor popular, encargar a las fuerzas armadas el control interior es una riesgosa apuesta que Alberto Fernández ha tratado de evitar. Por esta razón ha llamado nuevamente este domingo a la reflexión, expresando preocupación por la "desaprensión" de  algunos ciudadanos que no toman conciencia del riesgo que implica el incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. 

"No quiero llegar al estado de sitio”, advirtió. Y, por si hiciera falta, recordó que "esto no es la pelea de un presidente, es la pelea de la sociedad". 

¿Conseguiremos evitar su aplicación? ¿Será posible que estos segmentos de la sociedad que ponen en riesgo a la mayoría tomen conciencia? Las respuestas no parecen ser demasiado esperanzadoras. Muchas veces la solidaridad social emerge en las catástrofes. En otras, es el fruto de la imposición externa. Ya sea en un caso o en otro, los argentinos estamos obligados a ser solidarios. En caso de pandemia, la salvación individual no existe. 

Tampoco es posible ilusionarse con lo que vendrá. La amenaza que afrontan las sociedades mundiales excede largamente la capacidad letal del virus. Sus consecuencias sobre la economía, el trabajo, el mundo financiero y hasta las relaciones humanas resultan imposibles de proyectar.  

La crisis nos pondrá al día con estadísticas sobre inclusión, niveles de salud, población de riesgo, actividad económica, acceso a la educación, etcétera. Deberemos ser capaces de utilizarlos para organizar nuestro futuro. 

Pero, antes de eso, está el combate contra el COVID-19. Una durísima prueba para una sociedad que deberá ser capaz de superar su grieta, para aspirar a vencerlo.  (www.REALPOLITIK.com.ar)


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