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25 de marzo de 2020 | Provincia

Servicio Penitenciario Bonaerense

Polémica: 50 mil familiares de reclusos podrán transitar libremente y evitar la cuarentena

Para afrontar el COVID-19, el gobierno nacional dispuso una serie de restricciones a la movilidad con el objeto de aplanar la curva de contagio, para evitar el colapso del sistema de salud. 

HORACIO DELGUY

por:
Alberto Lettieri

Las medidas adoptadas impusieron una limitación muy significativa a la actividad económica, que requieren la comprensión y el acatamiento de la sociedad para resultar efectivas. Sin embargo, muchos argentinos parecen sentirse por encima de las normas vigentes, por lo que violan de manera compulsiva las restricciones impuestas. 

Según el informe difundido hace algunas horas por el gobierno nacional, desde el viernes 20 de marzo a las 00.00, cuando se iniciaron los controles de las fuerzas federales de seguridad, dispuestos por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en cumplimiento del DNU 297-2020, hasta las 8.00 de la mañana del martes 24 de marzo, se han detenido a 1229 personas por incumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio. 

El detalle es el siguiente: 988 personas fueron detenidas por la Gendarmería Nacional, 92 por la Policía Federal, 76 por la Prefectura Naval y 73 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

Asimismo se aprehendieron a 20403 personas, que fueron demoradas para luego indicárseles que debían retornar a sus hogares, y fueron secuestrados 543 vehículos.

El control de vehículos durante ese período alcanzó a las 81006 unidades. 

El comunicado destaca que la "marcada diferencia entre personas detenidas y aprehendidas se funda en que la situación de las personas es definida por el fiscal o juez una vez que las fuerzas dan intervención al poder judicial". 

Lamentablemente existe una marcada disparidad de criterios dentro del poder judicial, que amenaza con poner en cuestión el principio de autoridad indispensable en una situación de extrema gravedad como la que nos afecta. 

Pero no son únicamente los ciudadanos que violan el decreto presidencial, ni los jueces y fiscales que actúan con llamativa mano blanda frente a quienes ponen en riesgo la seguridad común. Este martes, el titular del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, Xavier Areses, exceptuó a 50 mil familiares de reclusos de las unidades carcelarias del cumplimiento del decreto respectivo, habilitándolos para transitar libremente para “suministrar elementos de higiene personal, elementos de limpieza y/o alimentos perecederos” a los detenidos. 

La decisión de Areses implica una bomba de tiempo para el cumplimiento del objetivo de las autoridades nacionales de aplanar la curva expansiva del contagio. De la noche a la mañana, 50 mil personas estarán habilitadas para transitar sin control por las rutas provinciales, sin mediar control de salubridad alguno.

La continuidad de este funcionario de Cambiemos a la cabeza de un área clave del ministerio de Justicia que dirige Julio César Alak, ha merecido ya muchas críticas y cuestionamientos, por los métodos implementados y por el grado de degradación que experimentó el sistema carcelario durante su gestión. 

También queda en duda si la decisión adoptada se incluye dentro de las facultades que le competen. 

El día de ayer se han sumado 86 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país, la jornada más negativa hasta el momento. Mientras tanto, irresponsables, jueces y fiscales y el jefe del SPB, disponen alegremente contradecir las políticas de estado.   

Aún no entienden que la pandemia debemos afrontarla entre todos, sin distinción de partidos ni de ideologías. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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