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2 de abril de 2020 | Judiciales

Armas químicas y crímenes contra la humanidad

Denuncia cajoneada por encubrimiento a Estados Unidos salpica a CFK y Macri

Se trata de una denuncia radicada en 2004 y, desde entonces, cajoneada en la Cancillería argentina bajo la complicidad del estado que pone en evidencia la complicidad del gobierno nacional con el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, en la venta de insumos online para fabricar bombas químicas y biológicas en plena guerra de Irak.

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A partir de una investigación periodística que vislumbró esta operación, se realizó una denuncia penal con un pedido de intervención de la Justicia de Estados Unidos a cargo del juez Alejandro Acosta, que aún hoy continúa sin investigarse.

La denuncia, realizada por el ciudadano Aldo Sergio Parodi, bajo la denominación de “Comercio de armas químicas desde el Pentágono y crímenes contra la humanidad”, no obtuvo respuestas oficiales desde hace dieciséis años. Según explicó el denunciante, “hay un tratado internacional de cooperación recíproca en materia penal entre Estados Unidos y Argentina, en el marco de ese tratado hay una cooperación internacional mutua, lo que el estado argentino hizo es encubrir un delito, de eso se le imputa al estado”.

“El estado argentino tendría que haber hecho lo que pidió el juez penal Alejandro Acosta, que era hacer llegar la denuncia a manos del fiscal Federal en Washington. Se hizo todo lo contrario, se encubrió al delito y lo que es más grave, no se dio intervención a Naciones Unidas”, comentó Parodi que, vale agregar, en marzo del año 2010 notificó a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la protección y encubrimiento de la Cancillería.

“Señora presidente, en sus manos está el poder y la autoridad para que la justicia de Washington sea formalmente notificada sobre estos procesos penales internacionales iniciados en Argentina y lamentablemente demorados por la inoperancia, impericia y cobardía de las autoridades competentes en la dirección de asistencia jurídica internacional de la Cancillería argentina”, dice. Y continúa: “Atento a la relevancia mundial de estos expedientes judiciales solicito en carácter de urgente que el canciller Jorge Taiana ordene concretar las notificaciones judiciales oportunamente impartidas impartidas desde el ámbito judicial”.

Según estableció Parodi, un mes después, recibió una carta de la Presidencia de la Nación, firmada por la secretaria de Cristina Fernández, Elizabeth Miriam Quiroga, en donde le comunicaron que la carta había sido derivada para su consideración al Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio internacional.  Desde aquel entonces, la denuncia se cajoneó y no fue revisada por los sucesivos gobiernos, lo que considera Parodi como “inaceptable por encubrir al criminal más repudiado y poderoso del mundo”.

No solo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner pasaron por alto la denuncia penal, el gobierno de Mauricio Macri con Susana Malcorra a la cabeza de la Cancillería, también desestimaron el diligenciamiento procesal de los exhortos 85215-A, 87750-A y 55089-B, que fueron retenidos en la Cancillería argentina desde que se realizó la denuncia. En el año 2016, el denunciante dio constancia a la canciller Malcorra del exhorto a través de una solicitada.

George W. Bush y sus cómplices en sembrar la muerte, el terror y las torturas fueron ‘penalmente’ denunciados en la Justicia Federal de Mendoza y vergonzosamente encubiertos por la quien dijo ser presidenta de los derechos humanos, Cristina Fernández. Los brutales genocidios en Irak, El Líbano y Gaza en mi provincia se denunciaron como corresponde ante la Justicia Federal. Lo grave, sospechoso y criminal es que Cancillería argentina, en lugar de colaborar con los Jueces, ‘ayudó’ a criminales de la humanidad para gozar de impunidad”, comienza.

Y finaliza: “Usted y el señor Macri, presidente argentino ante la prensa internacional, ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional, deben denunciar éste retardo intencional de la Justicia bajo el nefasto y corrupto mandato de la señora Cristina Fernández, encubridora política del criminal George W. Bush y de sus socios asesinos”.

Toda esta cuestión surge a raíz de la explosión de la pandemia a nivel global, en donde existen acusaciones mutuas y teorías conspirativas entre Estados Unidos y China por la implantación del virus en el marco de una guerra declarada a nivel comercial. “China pidió el desmantelamiento de todos los laboratorios de producción de armas biológicas de Estados Unidos, ya que China sospecha que el país del norte ha cometido un acto de terrorismo biológico en territorio chino”, explicó Parodi.

En este contexto, remarcó el denunciante, es importante que intervenga la Corte Penal Internacional para investigar el origen de esta pandemia. “Tenemos que saber si fue un ataque con armas biológicas o si fue negligencia de las autoridades, en los dos casos hay responsabilidad, pero no podemos olvidar el conflicto de esta guerra declarada entre China y Estados Unidos, que primero empezó a nivel comercial y no se descarta que continúe a través del bioterrorismo”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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