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7 de abril de 2020 | Interior

¿Fin del feudo?

Carlos Rovira, en su peor hora

Carlos Rovira mira con nostalgia la situación de la que gozaba un año atrás. Todos sus negocios marchaban viento en popa. La denuncia de una supuesta fake news y el allanamiento a un miembro del gabinete nacional, amenazan con arrebatarle el poder definitivamente.

Hasta no hace mucho, Carlos Rovira había conseguido alinear a buena parte del arco político para imponer a su candidato para la gobernación, Oscar Herrera Ahuad; la fundación Parque de la Salud permitía derivar fondos de la salud pública a un emprendimiento privado; el proyecto de la Escuela de Innovación estaba en pleno desarrollo; su control sobre las rutas misioneras era absoluto y las tradicionales fuentes de recursos asociadas a empresas de intermediación que compraban a precios de liquidación a los pequeños productores de té, yerba mate y productos primarios dejaban pingues ganancias. Por si todo esto fuera poco, un hombre del macrismo dirigía Yaciretá, el "cuerno de la fortuna" o el "monumento a la corrupción" misionero, y su influencia sobre el directorio era determinante. 1.000 millones de dólares de recaudación por año, de los cuales -según lo aceptado- 200 millones en la misma moneda anuales se destinaban a la "caja política", completaban el panorama de prosperidad.

El hombre fuerte de la provincia se restregaba las manos. Ni se imaginaba lo que vendría.

El Vía Crucis de Rovira se inició cuando las elecciones presidenciales instalaron la política nacional en la realidad local. Socio carnal del macrismo, intentó aposar al provincialismo impulsando una "boleta corta" para protegerse de cualquier contingencia que pudiera derivar de un cambio de signo político a nivel nacional. Pero su estrategia de llevarse bien con Dios y con el Diablo no funcionó. Sergio Lanziani, el "atómico" -ministro de Energía provincial por entonces- se convirtió en impulsor de la boleta larga que llevaba a Alberto y Cristina Fernández a la cabeza. La relación de Lanziani con Cristina venía de antes: ya la había asesorado en algunos tramos de su libro "Sinceramente". Más adelante, sus propuestas para el área energética sedujeron tanto a la ex presidenta como al presidente actual.

Rovira, a partir de entonces, supo que Lanziani era el obstáculo a eliminar para continuar con sus negocios y su control sobre Misiones. Desde un primer momento, no supo combatirlo. No estaba acostumbrado a que se le rebelaran de ese modo. Tampoco pudo digerir cómo la boleta larga auspiciada por Lanziani le hizo morder el polvo en las PASO, ni como muchos de los nuevos intendentes se alineaban detrás del actual secretario de Energía.

Para Rovira, el encumbramiento nacional de Lanziani era -y sigue siendo- una amenaza para la continuidad de su imperio misionero. Mucho más cuando detrás de Lanziani estaban Alberto Fernández y, sobre todo, Cristina, con quien mantiene desde hace años una pésima relación.

Por eso intentó socavarlo desde un primer momento. Rápidamente fue seducido un subsecretario del área de Energía, dándole conchabo dentro de las empresas controladas por el rovirismo. Las fake news y las campañas de desprestigio se sucedieron, y en Misiones se creó la ficción de que Lanziani era un cadáver político. Lo que realmente interesaba era poner a un peón de Rovira en la intervención del Ente Binacional Yaciretá (EBY). Uno a uno sus candidatos se fueron cayendo con el veto del cristinismo. Luis Lichowski (ministro de Industria misionero) y Marcelo Bacigalupi (subsecretario de Obras Públicas) fueron los primeros en caer, ya que las denuncias y antecedentes con que cargan no resisten archivo alguno. Tampoco el rovirismo tuvo suerte con la postulación del diputado nacional Diego Sartori. Y, cuando creían que otro delfín de Rovira, Suzel Vaider -"amiga de la vida del ministro Kulfas", según se encargaron de comunicar los medios misioneros- iba, por fin, a ser confirmada, un nuevo veto impidió su designación cuando el expediente se encontraba a la firma del presidente Alberto Fernández.

Carlos Rovira, según aseguran fuentes misioneras, perdió la paciencia y se decidió a lanzar su ofensiva final contra Lanziani. Primero se sondeó al juez provincial Alarcón, de Oberá, quien se negó taxativamente a participar de semejante despropósito. Entonces se recurrió al juez Cardozo, de Paraná, y a la división de Cyberdelito para autorizar un allanamiento y requisa del domicilio de una aliada política de Lanziani, Alicia Arruda, a sabiendas de que Lanziani había retornado a la provincia momentáneamente por cuestiones familiares y que en algún momento visitaría Oberá.

De este modo, cuando se concretó la llegada de Lanziani a Oberá se lanzó el operativo, llevado a cabo por una decena de efectivos policiales autorizados por el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, formado en el Liceo Naval y cuyo padre desempeñó función similar durante la última dictadura cívico - militar. La excusa fue la supuesta publicación de una fake new por parte de Arruda, en la que convocaba a un cacerolazo. Al llegar al domicilio, el operativo "casualmente" habría encontrado a Lanziani "durmiendo la siesta". Cuando el secretario de Estado puntualizó a las fuerzas del orden que no podían secuestrar bienes personales ni documentación de un funcionario del gabinete nacional, los efectivos consultaron a Pérez, quien les indicó que siguieran adelante. De este modo, el gobierno de Misiones asumió la responsabilidad de desconocer las normas vigentes y la propia autoridad del gobierno nacional.

En el operativo se secuestraron los celulares y ordenadores de Lanziani y de Arruda y de sus hijos, documentación, personal. Para tener en cuenta, los efectivos no utilizaron barbijo, guantes ni ninguna clase de elemento antiséptico, exponiendo al contagio a los moradores.

Tal como es habitual en Misiones, donde la prensa goza de un grado de libertad casi inexistente -según reconocen en off, con evidente temor, los periodistas de la provincia-, se inició inmediatamente una campaña inmoral de degradación personal de los afectados, y se pretendió involucrar a la fundación Papa Francisco -de la cual Arruda es directora provincial- y a medios independientes bonaerenses en una supuesta conspiración que sólo existe en la creativa imaginación del rovirismo. La información veraz brilló por su ausencia.

Puntualicemos algunas cuestiones. Arruda nunca convocó a un cacerolazo, sino que publicó en un portal social una fuerte crítica a la convocatoria de Patricia Bullrich y el Pro residual en contra del gobierno de Alberto Fernández, difundida en las redes por los trolls de Marcos Peña, adjuntando la publicación de los organizadores como prueba. De este modo, lo que debió haber hecho el juez y la división Cyberdelito era dirigir el operativo hacia la ex ministra de Seguridad y la dirigencia que rodea a Mauricio Macri.

Tampoco parece tener sustento la supuesta denuncia de que Arruda no habría respetado la cuarentena, ni acusación similar que se formuló a Lanziani, quien, por su condición de secretario de Estado, está eximido de cumplirla en atención a sus responsabilidades de gestión. 

Al llegar a la vivienda, Lanziani no estaba "durmiendo la siesta", sino que recibió personalmente a los efectivos policiales. También consignó que en sus medios electrónicos se encontraba información reservadísima y de alto interés nacional, que no podía ser objeto de una acción ordenada por la justicia ni por las autoridades de la provincia. No fue escuchado.

Los gravísimos sucesos inducidos por el rovirismo e instrumentados a través de la Justicia provincial, la división Cyberdelito, los efectivos policiales y el gobierno misionero rápidamente fueron notificados a la primera línea del gobierno nacional. La situación es de una gravedad tal que podría llegar a ameritar la intervención de la provincia y de su poder judicial.

El primero en darse cuenta fue el gobernador Herrera Ahuad, que pretendió despegarse inmediatamente de Carlos Rovira, afirmando que no conocía personalmente a Arruda y que se enteró de lo sucedido al día siguiente y por la prensa misionera. El gobernador misionero está en un problema, ya que o bien aparece propiciando una acción de rebeldía contra el gobierno nacional, o bien reconoce que sus propios ministros no le responden y actúan por su cuenta, o respondiendo a las órdenes de un tercero.

El domingo la fundación Papa Francisco se comunicó con Herrera Ahuad exigiéndole que saliera a resguardar el buen nombre y honor de la entidad y de sus integrantes, y que aplicara la legislación vigente -entre ella, la referida a la publicación de fake news- con los medios misioneros que publicaron toda clase de falacias, agresiones y descalificaciones. Caso contrario, se recurriría a la Justicia Civil y Penal. El gobernador permaneció en silencio.

La gravísima situación generada por el rovirismo es objeto de análisis y de preocupación por parte de las más altas esferas del gobierno nacional. También de la Justicia Federal, ya que Lanziani inmediatamente se trasladó a Posadas para formular la denuncia respectiva. Sin embargo, al día de hoy los bienes y medios tecnológicos requisados no han sido repuestos, y ni siquiera está en manos del juez provincial que habilitó el operativo, sino en manos de la policía que responde al rovirismo.

Inmediatamente la cuestión se trasladó a los medios nacionales, por lo que la farsa se derrumbó como un castillo de naipes, dejando al descubierto a sus promotores. En su programa de anoche, Carlos Pagni (en su programa Odisea, que se emite por La Nación+), dió una cobertura detallada de la situación, en la que Carlos Rovira quedó decididamente muy mal posicionado.

A medida que pasaban las horas del lunes, los medios misioneros comenzaron a acusar el impacto, y varios de ellos decidieron privilegiar su compromiso con la verdad -a pesar de las amenazas y castigos que esto podría llegar a suponerles-, publicando análisis y evaluaciones mucho más ajustadas a la realidad de los sucesos.

No pasó lo mismo con el canal oficial ni con los medios más próximos al rovirismo que llegaron a culpar a Lanziani por el alto precio de los surtidores. Precios que, en realidad, fueron definidos por el gobierno de Mauricio Macri, aliado de Rovira, y que la actual administración congeló.

Contra las cuerdas, la última jugada del rovirismo se realizó a través de una información falaz que publicó LPO (www.lapoliticaonline.com). "En Misiones afirman que Lanziani se mueve en un Toyota Camry Full, que pertenecería a Fernando Luis Olaizola, dueño de Parques Eólicos de Buenos Aires S.A., lo que de confirmarse podría derivar en una investigación por el delito de dádivas", asegura el portal.

Las averiguaciones realizadas sobre el particular permitieron comprobar que el vehículo utilizado por Lanziani es propiedad de un antiguo amigo suyo, no es un Toyota Corolla Full sino un modelo 2014, y que tampoco pertenece al senador Walter Closs, según aseguró maliciosamente un medio provincial.

La versión misionera de "House of Cards" parece superar en creatividad al original. Claro está, todos sabemos cómo terminó Frank Underwood en la serie, y su protagonista, Kevin Spacey, en la vida real. ¿Cuál será el desenlace de su saga misionera? (www.REALPOLITIK.com.ar)

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08 Apr | 01:17
Elvira | Mail
¿Quien está haciendo una operación? ¿LPOL o ustedes? Se los ve muy interesados en defender a este señor secretario...ni que fuera familiar de ustedes...
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