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19 de abril de 2020 | Provincia

Preocupación y miedo

El Patronato bonaerense anticipó que no podrá controlar a los presos que sean liberados

Para evitar el contagio masivo en las cárceles, el gobernador Kicillof estaría comenzando a liberar presos para evitar el hacinamiento. La autoridad que los controla aseguró que no tiene estructura para hacerlo y que los que salen deberán volver por voluntad propia.

La irrupción del COVID-19 obligó a la clase política a improvisar medidas. Nadie tenía en agenda la irrupción de una pandemia que paralice al mundo y condicione desde las políticas públicas a la ejecución presupuestaria. El sistema carcelario no es la excepción.

A pesar de que numerosos organismos internacionales reclamaron una reducción drástica de la superpoblación carcelaria en el país, aun no se han establecido estándares claros con respecto a las excarcelaciones y morigeraciones de numerosas unidades penitenciarias que se encuentran atestadas de presos.

Recientemente, se detectó a un guardia positivo de coronavirus en el penal de Campana, lo que encendió la alarma en las 55 unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. “Acabamos de activar 55 bombas atómicas”, advirtió un reconocido especialista en la materia. El panel de expertos que asesora minuto a minuto al presidente Alberto Fernández aseguró que el sistema sanitario no está preparado para la rápida propagación que el virus tendría de despertar dentro de una cárcel. Con celdas conteniendo hasta dos veces su capacidad, pésimas condiciones edilicias y de higiene, el virus se volvería imparable en pocos días.

Sin embargo, el Patronato de Liberados anticipó que no tiene la estructura necesaria para hacer un seguimiento de cada uno de los presos que libere, por lo que propuso una insólita solución: Que cada uno vuelva voluntariamente.

Con el hacinamiento que existe actualmente en las cárceles argentinas, se calcula que un virus como el que afecta actualmente al país tendría una tasa de prevalencia hasta 80 veces más alta que en el exterior. Tomada la decisión de liberarlos, los parámetros comienzan a ampliarse a un ritmo que preocupa a la población. Primero se consideró dejar liberados a los mayores de 65 años con enfermedades preexistentes y con tobilleras electrónicas. Luego se incluyó a otros que eran amigos del poder y finalmente se liberaron, en las últimas horas, unos 700 detenidos de los cuales sólo 70 se llevaron puesto algún tipo de dispositivo de rastreo. El resto, tal y como lo informó el Patronato, volverán cuando quieran. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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