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22 de abril de 2020 | Nacionales

Secretaria de Inclusión Social

¿Quién es Laura Valeria Alonso? La funcionaria K detrás de los sobreprecios que sigue en su cargo

El escándalo por la compra de alimentos con sobreprecios, que generó la renuncia de quince funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, destapó una puja interna de poder y complicidades que dejan al descubierto a funcionarios que sospechosamente no fueron desvinculados de sus cargos.

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La polémica por los sobreprecios en el ministerio de Desarrollo Social de la Nación se llevó puesta a varios funcionarios. Sin embargo, la sindicada como principal operadora de las licitaciones, continúa en el cargo: se trata de la secretaria de Inclusión Social, proveniente del riñón de Máximo Kirchner y amiga íntima del Andrés “Cuervo” Larroque.

En sus redes sociales, la “Laura Alonso buena”, como la llaman dentro del seno kirchnerista para diferenciarla de la ex funcionaria macrista, se describe como militante, peronista, licenciada en Trabajo Social de la UBA y ex diputada nacional por Unidad Ciudadana. La actual secretaria fue coordinadora del programa nacional de Voluntariado Universitario hasta el año 2011 y luego ocupó un rol clave desde la subsecretaría de Políticas Universitarias hasta el 2015.

Militante de la agrupación juvenil La Cámpora, pero también vinculada a KOLINA, Laura Valeria Alonso tiene línea directa con el diputado nacional Máximo Kirchner y con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

A pesar de lo amplio del nombre del cargo que ocupa, podría decirse que Alonso es la encargada del trabajo de inteligencia en las compras del ministerio. Es decir, realiza relevamientos y requerimientos en un enlace permanente entre la cartera social y las organizaciones sociales para posteriormente llevar a cabo las licitaciones.

Con una experiencia en la gestión pública que data desde el año 2011, la flamante secretaria de Inclusión Social, en el año 2018 poseía dos cargos, uno en la Universidad de Buenos Aires y otro en la Cámara de Diputados de la Nación, donde percibía alrededor de 162 mil y reportaba tareas al nucleo duro del kirchnerismo. Actualmente, la funcionaria conduce un Renault Duster Privilege 1.6, valuado en cerca de un millón de pesos. Según los datos arrojados por el BCRA, Alonso posee un exorbitante consumo de tarjeta de crédito que, entre sus cuentas en los bancos Nación, Patagonia y Santander, supera los 300 mil pesos mensuales.

LOS “RENUNCIADOS”

Luego de conocerse el caprichoso e infundado listado de los quince funcionarios desvinculados del ministerio por la compra con sobreprecios de hasta 62 por ciento, que incluía la adquisición de cinco toneladas por 534 millones, resulta llamativo el no apartamiento de la funcionaria ultra K.

En los pedidos de renuncia, no todos aceptados, que exigió el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se encuentran: Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de Política Social; Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica; Fabio Frega, coordinador de Abordaje Territorial; Pedro Procopio, coordinador de Depósito Metropolitano; Ana Barchetta, directora de Emergencia; Carolina D´Ambrossio, coordinadora de Asistencia Técnica Directa, y Florencia Plano, directora de Asistencia Crítica.

La lista la completan la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Ayudas Emergentes, Christian Escudero; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el coordinador de Gestión de Ayudas Urgentes, Ignacio Sabaini; el coordinador de Asistencias Institucionales no Gubernamentales, Víctor Oviedo; el director de Talleres Familiares, Gabriel Giurliddo; el director de Asistencia para Situaciones Especiales, Gustavo Cassieri; y el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña.

Esta implosión dentro del ministerio de Desarrollo Social ha incrementado la brecha entre las facciones en pugna dentro del oficialismo y, al mismo tiempo, puso sobre relieve el loteo en la cartera ministerial, donde el club de los intocables sale ileso, sin desvinculaciones y sin investigaciones en la sospecha por corrupción por sobreprecios de alimentos. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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