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26 de abril de 2020 | Provincia

Caos en las cárceles

Se desató la polémica en torno a la liberación de los presos sin estructura para controlarlos

Lo que en un principio se circunscribió a la población de riesgo, ahora abarca jóvenes con denuncias por violación, abuso y venta de estupefacientes. El gobierno anticipó que no cuenta con suficientes tobilleras para monitorearlos.

La pandemia golpeó a un país desorganizado, con la fragilidad estructural inevitable de décadas de errores y una economía en franca recesión. Las provincias, especialmente la de Buenos Aires, se enfrentan a obligaciones de pago que probaron ser impagables en los términos pactados, el consumo interno cruje bajo una sequía que se remonta al 2016 y las pequeñas y medianas empresas atraviesan el parate sin oxígeno y sin herramientas de supervivencia.

En este esquema, el Servicio Penitenciario Bonaerense no es una excepción. La irrupción del coronavirus, lejos de encontrarlo organizado, lo golpea en un momento de colapso absoluto. Los penales de la provincia de Buenos Aires tienen un exceso de más de 10 mil internos en relación a la capacidad para la que fueron construidos. Las comisarías, que en su conjunto pueden albergar hasta 1.008 detenidos, albergan actualmente más de 3 mil.

Las pésimas condiciones edilicias, el hacinamiento y la higiene insuficiente provocaron una lluvia de hábeas corpus una vez desatada la pandemia. Los abogados, en palabras de las autoridades bonaerenses, “aprovecharon la volteada” y reclamaron la libertad inmediata de sus defendidos. Entre ellos, figuran polémicos nombres como Jorge “El Tigre” Acosta, jefe del grupo de tareas de la ESMA durante la dictadura y Julio Simón, otro condenado por crímenes de lesa humanidad.

Reticente a ceder, el gobierno propuso liberar a aquellas personas en situación de riesgo: Mayores de 70 años de edad, discapacitados, embarazadas y mujeres con hijos recién nacidos. La lista, en pocas horas, se multiplicó y abarcó a detenidos de todo tipo. Jóvenes, violadores, abusadores e internos con condenas igualmente preocupantes, como la comercialización de estupefacientes.

Alarmado ante el desafío que tenía enfrente, el Patronato de Liberados anticipó que no tenía forma de controlar a todos los que beneficiados por estas nuevas medidas y agregó, en un tono irónico, que muchos de ellos deberán volver “voluntariamente”.

Mucho de lo que sustenta el plan de liberaciones es una verdad ineludible. Las condiciones de detención son tan aberrantes que incluso institutos de prestigio como el CELS presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según un informe, “la violencia y el salvajismo descontrolado de los penales puede ser caratulado como tortura” acorde a los cánones actuales.

En lo que se constituye un ejemplo clásico del fenómeno de la frazada corta, hoy el gobierno no cuenta con una alternativa convincente. De continuar con el plan de liberaciones, no habrá forma de controlar con tobilleras electrónicas el actuar de los beneficiados y se volverá a introducir a la sociedad una preocupante cantidad de personas con delitos probados. De interrumpir la iniciativa, estará fermentando una bomba de tiempo, en la que una chispa de coronavirus desatará un incendio difícil de apagar. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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