La implosión del sistema carcelario, en el peor momento

La pandemia sirvió como disparador para que muchas condiciones y situaciones que se mantenían solapadas a los ojos de la sociedad salieran a la luz. Y las soluciones que se proponen sólo consiguen generar temor e incertidumbre entre los argentinos. 

Sabido es que, en situación de pandemia, las comunidades aisladas son las más expuestas al contagio. Geriátricos y personal de salud han sido los principales afectados hasta el momento. El caso de los geriátricos es preocupante, ya que quedó evidenciada la pésima calidad de los servicios y de las condiciones de internación de sus ocupantes. En varios casos, sus autoridades y propietarios trataron de desentenderse del tema, convocando a los familiares para que retiraran a los internados. Hay varios procesos judiciales e intervenciones en curso motivados por la brutal decisión.

El personal de salud, con su pluriempleo y su limitado conocimiento de protocolos y estrategias para combatir el virus, terminó convirtiéndose en transmisor natural del COVID-19. En muchos casos, además, la falta de aprovisionamiento de medicamentos, de insumos elementales como barbijos o guantes descartables y hasta de elementos de limpieza, hizo el resto. 

Las cárceles también son comunidades aisladas en las que el contagio amenaza a todos sus integrantes. También en estos casos rápidamente apareció la sugerencia de posibilitar salidas o cumplimiento domiciliario de las condenas, como solución "mágica" para limitar su expansión. Sin embargo, si bien cerca del 80 por ciento de los presos aún no tienen sentencia firme -y en muchos casos ni siquiera han avanzado sus procesos- la simple idea de liberar y dejar expuesta a la sociedad a las potenciales acciones de delincuentes peligrosos es algo que espanta a los argentinos. 

Lamentablemente, algunos jueces no lo han entendido así. Al día de hoy ya serían más de 1200 los presos beneficiados con su reclusión domiciliaria. La gravedad de la situación es tal que, este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, debió condenar estas gravísimas decisiones. “Estamos viendo que, en algunos lugares, algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable”, señaló. Y anticipó que los magistrados que liberen a los presidiarios pueden ser sometidos a juicio político, en caso de que no cumplan con lo dispuesto por la ley de la Víctima, que fuera aprobada en su momento por el Congreso por unanimidad, y cuya aplicación funciona en la órbita de la Cámara que preside. 

"A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas -afirmó Massa-, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo social que tenemos los argentinos”.

Los argumentos de Massa parecen ser incontestables. Pero la Justicia parece pensar diferente. La autorización de que los internos fueran provistos de celulares para reemplazar las visitas, para así evitar los contactos personales y limitar el contagio del COVID-19, respondiendo a una medida cautelar que se presentó originariamente en Mar del Plata, pero que se aplicó en todo el país, lejos de remediar un problema, generó las condiciones para el virtual estado de rebelión que existe en las cárceles de buena parte del país. 

Los presos más peligrosos, interconectados entre distintos penales, armaron redes de comunicaciones a través de las que no sólo difundieron audios falsos y testimonios sobre situaciones de salud inexistentes, que fueron rápidamente viralizados por los medios, con clara intencionalidad política en muchos casos. 

De ahí a articular acciones programadas en los distintos penales para exigir mejoras en la situación carcelaria, e incluso la excarcelación de los internos, no hubo más que un paso. Desde la semana pasada, los motines -cada vez más violentos- se fueron multiplicando en distintos puntos del país. 

La violencia de las escenas viralizadas y el maltrato del personal carcelario una vez perdido el control de la situación en las unidades causa estupor en la sociedad argentina. Sobre todo porque el efecto dominó no parece detenerse. En la CABA, en varias unidades de las provincia de Buenos Aires y del resto del país, la marea continúa en ascenso. Este lunes fue el turno de la cárcel de Boulogne Sur Mer, ubicada en plena ciudad de Mendoza, como antes había sucedido con la de Villa Devoto, en Capital Federal. Edificios obsoletos, sin mantenimiento, con personal inadecuado y condiciones de hacinamiento para los reclusos componen el cóctel explosivo, que en estos casos se vuelve aún más preocupante por su instalación dentro de grandes centros urbanos. 

A las diletantes respuestas de la autoridades se suma una campaña de temor y de desconcierto impulsada por sectores de la oposición más radicalizada del Pro residual, que con Patricia Bullrich a la cabeza pretende descalificar la acción oficial y sembrar el temor -y hasta el terror- en sus apariciones públicas. Pero esta especie de conspiración del miedo no se limita a apariciones y publicaciones en los medios, sino también a audios que se viralizan dentro de las redes sociales y los grupos de chats en los que se argumenta que los desmanes carcelarios son parte de un plan estratégico atribuido al kirchnerismo para convertir a la Argentina en Cuba o Venezuela, y que estaría relacionado con procesos de empobrecimiento social y de quiebre generalizado de empresas propiciado por la cuarentena para que el estado se apropie de los medios de producción. 

Por más que los argumentos carezcan de mínimos visos de credibilidad, la sociedad argentina resulta particularmente propensa a creer que el realismo mágico proveerá de soluciones para todos nuestro problemas. En el marco de una profundización del declive económico y social provocado por la pandemia a escala mundial, y que en nuestro país se multiplica a consecuencia de las políticas implementadas durante la gestión de Mauricio Macri, la volubilidad tradicional de los argentinos no deja de incrementarse. Y la situación carcelaria y las imágenes apocalípticas que de ella se extraen no contribuyen, precisamente, a contribuir a la calma. 

Tal como lo señaló Sergio Massa, muchas decisiones judiciales resultan condenables y parecen apuntar directamente a dañar el interés general. Es de desear que el estado recupere la iniciativa y consiga poner coto a los desmanes carcelarios. Sin olvidar que el personal del servicio penitenciario está afectado en su totalidad al servicio, razón por la cual, en caso de que se expanda el contagio dentro de su seno, resulta difícil imaginar cómo se resolverá el tema de su reemplazo inmediato. 

La pandemia ha hecho visibles situaciones gravísimas en distintas órbitas de la sociedad argentina que permanecían encubiertas o a las que se prefería ignorar. Hoy han salido a la luz y, en muchos casos, han estallado. En el peor momento. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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