SPB: 2.500 despedidos por Vidal siguen reclamando su reincorporación

El avance de la pandemia está visibilizando las condiciones del sistema carcelario, caracterizadas por el hacinamiento y la posibilidad que el virus circule velozmente entre los privados de su libertad, quienes al unísono en las diversas unidades penitenciarias del país exigen beneficios procesales.

Por otra parte, mientras los presos pertenecientes al grupo de riesgo por coronavirus piden irse de los penales, otros exigen volver a sus antiguos puestos laborales. Son aproximadamente 2.500 personas, la gran mayoría suboficiales, quienes continúan reclamando su reincorporación después de la gran purga del 2017.

Hasta el momento, realizaron cuatro acampes pacíficos en plaza San Martín e, incluso, agentes de seguridad penitenciarias femeninas se encadenaron en las rejas del palacio de gobierno. Sin embargo, fueron desoídos por la gestión anterior y se mantienen a la expectativa con la actual, aunque todavía no obtuvieron ninguna respuesta concreta.

EL ORIGEN

El gobierno de María Eugenia Vidal se jactó de una “supuesta depuración” de las fuerzas de seguridad provinciales, bajo el discurso de “terminar con la corrupción” en el seno del SPB. Aunque, lo que aparentaba mediáticamente una “profunda limpieza”, resultó ser un ajuste de personal en cargos inferiores del escalafón y no los que ameritaban peores prontuarios.

El motivo de los cesanteos fueron faltas leves como inasistencias sin aviso o muchos por casos de enfermedad y no presentar certificado a tiempo. Ante este panorama, se les inició un sumario administrativo, lo que determinó, mucho tiempo después, su expulsión de la fuerza bonaerense. Las bajas fueron dictadas por el subsecretario de Política Penitenciaria del ministerio de Justicia de aquel entonces, Juan Baric, y quien era el coordinador de la Auditoría de Control y Gestión, Fernando Rozas.

TESTIMONIOS

Una de las despedidas -que prefirió resguardar su identidad- se comunicó con este medio para dar cuenta de su situación particular y la de sus ex compañeros. En este sentido, contó que fue “una movida de Vidal para la prensa” y que los culpó de corruptos “sin justificativos”. En cuanto a los argumentos para echarlos, sostuvo: “Se fiaron del legajo virtual que no estaba actualizado, cuando el de papel sí, y la mayoría estábamos enfermos o con alguna afección física”.

Al respecto, agregó: “Incluso había algunos que estaban sumariados por ART o problemas de embarazos, pero fueron dados de baja con el sumario cerrado”. Igualmente, aclaró: “Antes de despedirnos tienen que darnos días de arrestos y recortarnos el sueldo, pero se saltearon todas las sanciones previas correspondientes”. También, se refirió al dinero que adeudaban, según las autoridades del SPB, por no haber trabajado con licencias –algunos desde 2009–, aunque “ni sabíamos que estábamos sumariados”, dijo.

Sobre su caso personal, puntualizó en su enfermedad que le imposibilitaba caminar y hasta “casi me amputan el pie”. A raíz de ello, le iniciaron un sumario en marzo del 2014, “haciendo caso omiso a la gravedad de mi lesión y obligándome a que vaya a trabajar”, relató. Y añadió: “Tanto la jefa de Personal de la unidad como la junta médica, decían que me operaba siempre de lo mismo, como si fuera mi elección”. Por último, indicó que la despidieron en junio del 2017 y que, ese mismo año, la quisieron “jubilar para callarme y que no reclame”.

Otro ex agente penitenciario que denunció las condiciones en las que fueron dados de baja, fue Gustavo Rivero, quien pertenecía la unidad 24 de Florencio Varela. “Nos catalogaron de ‘abandono de servicio’, cuando la mayoría de los casos, que teníamos más de diez años de antigüedad, fuimos despedidos por no presentar certificados en término”.  

Consultado por su situación particular, afirmó que ni le hicieron una junta médica “para reincorporarme”, después de haber sufrido “17 forúnculos por la infección que hay en la cárcel”. De todos modos, pidió volver al Servicio: “Que me sancionen o me hagan descuentos de haberes; estoy sin trabajo, necesito una oportunidad”.

Ante los requerimientos para justificar sus reingresos, manifestó: “Pedimos una mesa arbitraria  para que comprueben cada caso”. En esta línea, profundizó: “La gestión actual optó por realizar test psicológicos para reincorporarnos y obviamente muchos no quedaron bien mentalmente después de tanto tiempo sin trabajo”. Y finalmente, aseveró: “Estamos dispuestos a no reclamarles los salarios de estos años si nos devuelven nuestros puestos”.

LAS PALABRAS DEL ABOGADO

En ese marco, el abogado Marcelo Peña explicó: "Hemos peticionado la reincorporación de muchos cesantes a quienes en virtud del artículo 93 inciso 7 del decreto 9578/80 no les han permitido continuar con su actividad, a muchos por advertirles que se ausentaron sin previo aviso de sus funciones". Y siguió: "Ésta situación generó, en numerosos casos, infructuosos reclamos administrativos sin que la autoridad notifique como corresponde las resoluciones finales".

Para Peña, los cesanteados "no tienen más alternativas que peticionar a la Justicia una medida cautelar", aunque confió en que, "en otros casos, ello conlleva a incluso plantear nulidades y acudir al órgano contencioso administrativo". (www.REALPOLITIK.com.ar)

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