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1 de mayo de 2020 | Opinión

Pedido de cambio

Previo a la pandemia, el sistema carcelario ya estaba destruido

En el momento que escribo estas líneas existe toda una vorágine febril sobre la inminencia de excarcelaciones masivas de presos en las cuales monstruos, asesinos, violadores van a ocupar las calles en desmedro de la gente de bien que, por su parte, deberá mantenerse en un encierro domiciliario obligado en sus casas por el resto de sus vidas.

HORACIO DELGUY

por:
Fernando Díaz

Por supuesto que esa sensación de caos y las imágenes de un futuro distópico no son  fruto de la inocencia. Hay un sector al que siempre viene bien llevarnos al hartazgo para poder cambiar un orden que se vislumbra negativo a sus intereses y tomará cualquier oportunidad para ello.

Sin embargo, la existencia de ese caldo de cultivo no es responsabilidad de ese sólo sector y de su visión sesgada y manipuladora de la realidad. Esa realidad también es fruto de la inoperancia de aquellos que hoy se sienten del otro lado, de los que esgrimen las banderas de la prevalencia de derechos pero que nunca tuvieron un plan para el sistema.

Antes de la pandemia, ya existía un sistema carcelario o varios según se vea, colapsados, con hacinamiento, falta de recursos, sin ninguna otra función real que no sea anular temporalmente la actividad delictual de los detenidos. La ausencia de una política criminal y penitenciaria no es novedosa y viene desde hace muchos años. Un desierto con algún oasis que no sirvió para volverlo pradera.

En el año 1999 había en la provincia de Buenos Aires trece mil presos. Un gobernador y su ministro de seguridad impusieron el criterio de la mano dura e hicieron que cuatro años después ese número fuera de alrededor de treinta y dos mil (veinticinco mil del sistema carcelario  y el resto en establecimientos policiales). Esa sola experiencia debió ser ejemplificadora, ya que tamaño desatino en nada sirvió a mejorar la seguridad ciudadana, pero no fue así. Después de un muy breve período en el cual se redireccionó esa curva ascendente en el país con buenos y visibles resultados -a mi criterio- dentro de los sistemas de prisiones, volvió a cederse a la presión mediática que sobreactúa o multiplica hechos que, si bien son reales, no tienen entidad para generar la política de seguridad integral volviendo todo a desvirtuarse en los años subsiguientes.

Ya en los cuatro últimos años el panorama se agravó fuera de todo límite razonable. En todo el país el número de prisioneros se elevó exponencialmente sin respetar ninguna relación con cambios demográficos ni proliferación de hechos. Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se encarceló a consumidores de estupefacientes, se llenaron las cárceles con ladrones de celulares y con mucha otra gente marginada que debió haber conocido y no pudo a otras instituciones estatales como colegios y hospitales antes que a las prisiones.

Antes de la pandemia ya había en la provincia de Buenos Aires un 43 por ciento de presos con condenas menores a cinco años. Esas condenas indefectiblemente en Argentina responden a delitos no violentos y de mínimo daño para sus víctimas. En países como Suecia, por ejemplo, nadie va detenido con una condena de ese tipo sino que se aplican medidas alternativas a la prisión.

Cuando comenzaron a circular los fallos judiciales que hoy en la emergencia hablan de prisiones domiciliarias por motivos de salud, definitivamente se pensó en ese colectivo de presos, muy lejano al de violadores y asesinos que se pretende imponer a fuerza de mentiras a una opinión pública que ha demostrado ser receptiva a ese discurso.

Sin embargo parece que quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar llegan a las medidas obligados por la emergencia, con acciones espasmódicas y siempre con la ausencia de un plan de fondo.

A manera de ejemplo, vale decir que desde hace años que quienes venimos propiciando blanquear la comunicación de los detenidos, ya existente en los penales mediante celulares, proponemos una reglamentación que imponga el uso de aparatos simples, sin acceso a redes, sin medios de filmación ni de grabación de sonidos, que son los más económicos en el mercado, con la correspondiente registración para su uso y hasta con el aviso de las empresas prestadoras del servicio que, al igual que la telefonía regular,  indica  que la llamada proviene de un establecimiento carcelario. Todo ello era factible con la tecnología disponible y sin mayores gastos hace años, pero el miedo a hacer cambios que pudieran ser objeto de escarnio por parte de los medios influyentes hizo que se debiera habilitar ahora el uso de móviles en la urgencia y por la ventana, sin mayores previsiones y expuesto a la crítica infundada de sus denostadores que nunca repararon en que el uso de la limitada telefonía instalada en cualquier cárcel del país trajo infinidad de conflictos entre internos desde antaño con muertes incluidas.

Este ejemplo de los celulares sirve para analizar lo que hoy se discute sobre las excarcelaciones de detenidos. Ya antes de la pandemia le sobraba al sistema ese 43 por ciento de detenidos al que hiciera previamente referencia, pero la verdad es que, si la decisiones devienen nuevamente como urgentes y sin previsión, seguramente el resultado a poco de andar va a ser negativo. Hoy, un Poder Ejecutivo con otras prioridades elude abrir otro frente y deja librado el tema al Poder Judicial que, sintiéndose sin apoyo y hasta amenazado, va a volver ilusoria la aplicación de medidas morigeradoras alternativas a la prisión.

Otra vez hay que insistir en la necesidad de contar con un plan de políticas sociales y criminales asociadas, coordinadas.

Por esa increíble capacidad de sobrevivir a nuestra desorganización innata, nuestro país ha originado movimientos sociales impensados en otras latitudes y con fuerza suficiente para realizar transformaciones. Alrededor del tema carcelario también se encuentran presentes y prosperan a la fuerza de voluntad pura, sin apoyo institucional y peleándola desde muy abajo, organizaciones de ex detenidos, cooperativas de trabajo, que sin nada se abren paso muy de a poco pero que, en esa incipiente labor, cada día hacen un aporte enorme para eludir al iceberg.

De contar con el apoyo necesario, estas nuevas organizaciones podrían ser las receptoras de todas aquellas personas que, salidas hoy de la cárcel se encontrarán indefectiblemente con la realidad de que no hay nada para ellos acá afuera. Me consta, después de muchos años de vincularme con el tema, que la enorme mayoría de los liberados que vuelven a reiterar conductas delictivas intentó previamente insertarse en actividades lícitas.

Para orientar la cuestión. Hoy, como en los últimos doce años, gran parte de la comida que se provee en las cárceles de Buenos Aires provienen de la misma empresa que hace poco fue noticia por los sobreprecios verificados en compras del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que fueron apartados quince funcionarios. Como la comida, todas las demás adquisiciones para cárceles y en realidad para la provisión del Estado en general, responden a la misma lógica de proveedores enquistados que, cada uno de ellos, desde una pequeña oficina provee desde fideos a computadoras de última generación.

Podría pensarse que con el mismo dinero que hoy va a las arcas enriquecidas de esos viejos empresarios, las genuinas necesidades del Estado sean cubiertas por un sistema de cooperativas que incorpore obligatoriamente a aquellos excarcelados que ingresaron al sistema penitenciario por su situación de vulnerabilidad y no por una cuestión “genética”.

En definitiva, la pandemia tarde o temprano va a pasar pero el sistema penitenciario y la seguridad ciudadana van a seguir muy mal. Los cambios deben venir con un plan y con organización que no se avizora se tenga en las actuales gestiones que en estos meses optaron por mantener el status quo heredado como síntoma de conformidad o al menos de indiferencia. Ese plan tiene que ser integral, consensuado y audaz, llevado adelante por funcionarios con conocimiento y vocación que puedan soportar las presiones de los sectores reaccionarios.

Tampoco sirve buscar culpas en estas cuestiones porque de verdad, a diferencia de otras, en las que sí existieron grandes diferencias, en la política criminal hubo pocos matices.

La respuesta a la pregunta de por qué los países con más equidad son los más seguros y los que menos presos tienen puede ser el inicio de la solución. No deberá escindirse la cuestión social de la seguridad como se viene haciendo porque eso es partir de las mismas premisas erróneas que nos llevaron a nuestros fracasos.

 

 

*Fernando Díaz fue jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense durante los períodos 2005 / 2009 y 2016.

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