Santa Cruz: Trabajadores involucrados en la lucha contra la pandemia piden mayor reconocimiento

El gobierno nacional anunció el pago de un plus de 20 mil a los trabajadores de salud en todo el territorio -en cuatro pagos sucesivos de 5 mil- y otro de 5 mil -por única vez- a las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), a través de los decretos 315/2020 y 297/2020 respectivamente. Se trata de sumas no remunerativas, como reconocimiento por su desempeño en el marco de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, el tiro parece haber salido por la culata en algunas provincias y, naturalmente, en Santa Cruz, que no deja de ser noticia. Para APROSA, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, el bono resulta “insuficiente”, ya que en la provincia el costo de vida es mucho más elevado que en el resto del país, por lo que exigió su duplicación a 40 mil. Por su parte, la Asociación Policial objetó que la medida sólo incluye a las fuerzas federales, por lo que demandó que el gobierno provincial desembolse la suma de 5 mil para la policía provincial, y además cancele los salarios adeudados. 

Al conocerse la sanción del decreto respectivo, APROSA juzgó “insuficiente” el monto de 20 mil ya que el costo de vida en la Patagonia es sustancialmente superior al del resto del país. Con fecha 19 de abril la entidad sindical elevó una nota al ministro de Salud, Mariano Nadalich, para que la provincia adicione un “aporte del 100 por ciento de su valor”, elevando así a suma a 40 mil pesos. 

Dicha nota incluyó, además, una alerta sobre la falta de insumos en los hospitales Regional y Piedra Buena, y exige una actualización salarial para toda el área de sanidad y un fortalecimiento de guardias activas, pasivas y jefaturas.

El texto del decreto respectivo asigna este reconocimiento “a los trabajadores y las trabajadoras profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia que presten servicios, en forma presencial y efectiva, relacionados con la salud” tanto pública como privada y de seguridad social, que se desempeñen en los casos asociados con el COVID-19. De este modo, ya que el desembolso “estará sujeto a la efectiva prestación de servicios”, los trabajadores que no hubiesen asistido a sus lugares de trabajo, o lo hubiesen hecho de manera parcial, quedarían fuera del beneficio o sólo lo cobrarían de manera proporcional -restricción que el sindicato objeta-, a “excepción de los casos afectados por COVID-19 conforme los protocolos vigentes, que recibirán la asignación completa”.

La nota del APROSA no ha recibido contestación oficial por parte del gobierno de Alicia Kirchner, por lo que reina la incertidumbre en el sector sobre el curso de acción a adoptar en caso de recibir una negativa. 

Otro caso de malestar generado por un decreto de reconocimiento de tareas excepcionales emitido por el gobierno nacional es el que afecta a las fuerzas de seguridad nacionales, y que excluye a las propias de cada provincia. El 27 de abril la Asociación Civil y Policial de Santa Cruz solicitó a las autoridades provinciales la aplicación de un “plus” del mismo monto a sus efectivos. El presidente de la Asociación, Daniel Barrientos, declaró: “Es insuficiente pero es lo que se otorgó en provincias como Neuquén, Chaco y otras, que dieron una compensación al esfuerzo que está haciendo en esta pandemia el personal de seguridad y todo lo que reúne a seguridad, como bomberos y Servicio Penitenciario en Santa Cruz”.

Barrientos puntualizó además que estos efectivos suman a las tareas habituales de garantizar la seguridad y prevención, las de control del cumplimiento del aislamiento.

También la asociación exigió el pago de “saldos adeudados” al personal que egresó en 2014 y 2015, a quienes “se había empezado a bonificar pero se suspendió y no han podido cobrar ese dinero”. El monto de esta bonificación es de seis sueldos por cada agente, y se debería aplicar a un universo de más de mil ex efectivos. En 2016 se había comenzado a pagar esta compensación, pero los pagos se suspendieron en el mes de agosto. Las áreas más afectadas son Gregores, Puerto Santa Cruz, San Julián y la Cuenca, donde la mayoría no ha recibido pago alguno. (www.REALPOLITIK.com.ar)