Córdoba: Transportistas continúan sin percibir sus haberes y sufren amenazas judiciales

En la tarde de ayer se realizó una videoconferencia con el ministerio de Trabajo de la Nación, en la que no se alcanzó solución alguna, por lo que la medida de fuerza por tiempo indeterminado se mantiene en vigencia. Inmediatamente se conoció que la seccional Rosario de UTA se sumó al reclamo.

En la audiencia celebrada por videoconferencia, las partes aguardaban un anuncio concreto de las autoridades nacionales sobre la remisión de nuevos fondos para completar los montos salariales. Esto no sucedió y tanto sindicalistas como empresarios se fueron con las manos vacías. Ya sabían de antemano que la municipalidad de Córdoba había asegurado que no cuenta con recursos para destrabar el conflicto. En tales condiciones, la negociación se cayó.

La declaración de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) posterior a la videoconferencia comunicó: “Después de mantener una audiencia virtual con representantes del ministerio de Trabajo de la Nación, del ministerio de Transporte y FATAP, donde no se obtuvieron respuestas favorables en relación al sueldo de los trabajadores/as, es que se ha decidido continuar con las medidas de fuerza dispuestas”.

Si la situación de los choferes y del transporte urbano de Córdoba es complicada, la del transporte interurbano es aún mucho más grave. En este caso, el último pago que percibieron los trabajadores fue el del mes de marzo, y sólo de manera parcial.

Como parte de sus reclamos, el sindicato que los nuclea, Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), había organizado para este lunes a las 12.00, una olla popular en la terminal de la ciudad de Córdoba. El fiscal de Instrucción, Carlos María Cornejo, dispuso la movilización de fuerzas policiales invocando el decreto de aislamiento preventivo vigente, que suspende todo acto institucional “que implique movilización, traslado y/o aglomeración de personas de todas las asociaciones sindicales”, bajo apercibimiento de aplicación del artículo 205 del Código Penal y eventual detención de los participantes.

El fiscal argumenta haberse enterado de la convocatoria a través de las redes sociales e identificó como organizadores a Emiliano Gramajo y equipo, haciéndolo pasibles de graves sanciones. Inmediatamente dispuso la concurrencia policial a la sede sindical de AOITA para las 10.00, para notificar a sus autoridades de la decisión judicial.

A la hora indicada se desplegó un amplio operativo policial en el domicilio del sindicato, en el que dirigentes y trabajadores sufrieron aprietes y amenazas muy graves.

Lamentablemente los actos de agresiones y persecución judicial de la oposición y de los reclamos sociales son una de las consecuencias de las restricciones a las libertades civiles que impusieron las medidas preventivas contra el avance del COVID-19 en varias provincias argentinas.

En lugar de abocarse a resolver la grave situación que afrontan amplios sectores de la población de nuestro país, la respuesta institucional se inclina, en muchos casos, a la amenaza, la represión y el armado de causas judiciales.

Es cierto que al virus debemos combatirlo entre todos, pero revictimizar a los más afectados no parece ser una estrategia razonable. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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