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16 de mayo de 2020 | Judiciales

Polémica

Denuncian judicialmente a un fiscal por armar causas y ordenan liberar al hijo del imputado

Se trata de Carlos Arribas, fiscal de la UFI Nro. 12 de La Matanza, quien fue acusado por el abogado Fernando Sicilia ante la secretaría permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Además, pidieron el juicio político del magistrado.

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La grave denuncia tiene en su origen otra, llevada a cabo por Arribas, quien también se desempeña como fiscal general Adjunto del municipio del conurbano. En febrero, el denunciado solicitó el allanamiento y la detención de cuatro personas imputadas en una causa por presunta estafa millonaria. El principal apuntado, el contador Gerardo Ambrosio Boidi, se dio a la fuga, mientras que su hijo, Alejandro Gerardo Boidi, fue detenido. 

Se les atribuía una deuda suculenta y su acreedor reclamaba el pago, nada más que Marcelo Roberto Germinario, vicepresidente del Fuero de Menores y secretario General de la Asociación de Magistrados del mismo distrito judicial. Sin embargo, este fiscal nunca aclaró el dinero reclamado en su declaración jurada y es sospechado por lavado de activos de origen desconocidos. “Dijo que se olvidó declararlo”, informaron fuentes judiciales sobre su patrimonio.

Sin documentación respaldatoria, se presentó en la fiscalía de Arribas, por lo cual habrían montado una falsa denuncia para recurrir a este departamento judicial, ya que no se determinó quién era el fiscal competente. La única “prueba” que presentó Germinario fue un correo electrónico utilizado como fundamento para iniciar los allanamientos y la detención de la familia Boidi.

Como señalamos, el hijo fue arrestado y su abogado, Fernando Sicilia, requirió la eximición de prisión y un pedido de medidas antilavado, aduciendo el origen desconocido de esos fondos que debían ser investigados. No obstante, se encontró con la sistemática negativa para liberar a su cliente. Por lo tanto, Arribas se desligó de la causa y la trasladó a su compañera de dependencia, Karina Licalzi, que tampoco intervino y lo elevó a fiscalía General.

En este punto, la jefa de los fiscales del distrito matancero, Patricia Ochoa, giró el caso a procuración para que tome cartas en el asunto otra dependencia judicial debido a que, como indicamos previamente, no le correspondía a La Matanza investigar la denuncia. Finalmente, el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, tomó el expediente y ordenó la inmediata liberación de Boidi hijo, fundamentado en la “notable deficiencia de la imputación y el pedido de detención” solicitado por Arribas.   

Igualmente, Garganta pidió la nulidad del requerimiento, que había sido habilitado por las juezas de Garantías de La Matanza: Mary Mabel Castillo y Carina Andrijasevich. En esta línea, el abogado de la defensa solicitó el juicio político de Arribas por las pruebas que utilizó “parciales y tendientes a favorecer a los denunciantes, entre los que se encuentran su colega Germinario”. 

MÁS DENUNCIAS

Otra prueba que aportó la defensa son los gastos de las tarjetas de crédito secuestradas al contador Boidi, mientras duró la detención. Un pasaje low cost Jet Smart con destino a Chile, fechado el 26 de febrero, por un costo de 30.768 pesos, aparece en el resumen de la cuenta. También, el mismo día, se registró la compra de un artículo de la empresa Cetrogar por un valor de 14.598 pesos. Ambos consumos son parte de una maniobra extorsiva que se deberá investigar para saber quiénes los realizaron.

Pero este combo explosivo continúa. 

Fuentes judiciales cercanas al entorno de la familia denunciada dejaron trascender la idea de una devolución por la liberación de Alejandro Gerardo Boidi. “El único detenido era el hijo del contador, sin ningún argumento; lo tenían de rehén, aprovechando que está todo parado y ni siquiera está abierto el Juzgado”, agregaron.

GERMINARIO Y SUS VIAJES POR EL MUNDO 

El vicepresidente del Fuero de Menores, en sus redes sociales, suele ostentar todas las travesías que emprende alrededor del planeta. Cruceros, playas paradisíacas con palmeras y el agua cristalina se observan en las imágenes de su cuenta personal de Facebook (Ma Ger). 

EL SOBREGATE DE PATRICIA OCHOA 

La fiscal general de La Matanza, quien decidió “sacarse de encima” la causa y derivarla a procuración, también tiene otros antecedentes, más allá de su cercanía con su adjunto Arribas. La causa 14.320 conocida como “SobreGate” de La Matanza, está a su cargo, pero hace rato que tiene un freno de mano. Se trata de “delitos de gravedad institucional”, en la que el juez Raúl Ricardo Alí “pasaba a cobrar sobres por la comisaría”, según consignaron fuentes judiciales. Sin embargo, el caso se encuentra “cajoneado” y justamente hay un magistrado involucrado.

ARRIBAS, DE NO INVESTIGAR A ARMAR CAUSAS CON DUDOSAS PRUEBAS

El fiscal de la UFI Nro. 12 de La Matanza también tenía otras referencias de mal desempeño de sus funciones. Pero en este caso, no se trata del pedido de allanamientos y detenciones sin fundamento sino, al contrario, el no accionar ante la impunidad judicial en su distrito. 

En el 2015, tuvo a su cargo una causa de corrupción de licitaciones de empleados municipales matanceros que pedían dinero y está comprobado con cámaras ocultas. No obstante, lejos de remitirse a las pruebas, en el 2018, bajo las presiones respaldatorias de los videos, prefirió trasladar el caso a la ayudantía de Violencia Institucional, que se creó para estas ocasiones aunque suele archivar las causas. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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