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Municipales
La pandemia y la cuarentena permitieron formular un diagnóstico del sistema de salud argentino. Más que nadas, sobre las graves deficiencias heredadas y de la precariedad e inseguridad en que funcionaban muchísimos centros de salud, clínicas y geriátricos a lo largo y ancho del país.
Los pacientes, que eran un gran negocio como aportantes y socios, se convirtieron inmediatamente en problemas al momento de llevar a cabo las contraprestaciones. Y desde entonces, muchos propietarios de estos establecimientos decidieron cerrar sus puertas, argumentando no contar con los requerimientos edilicios, equipamientos ni personal de salud capacitado indispensable.
En Santiago del Estero la situación no es diferente. Dos clínicas fueron denunciadas por cerrar sus puertas en las localidades de Añatuya, en el departamento Taboada, y en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, pertenecientes a un mismo propietario, el doctor Enrique Gil. Al tratarse de zonas alejadas, su impacto resultó aún mucho mayor ante la falta de alternativas para su atención.
Las denuncias sobre el cierre de las clínicas, sin aviso previo ni explicación alguna, fueron efectuadas por pacientes, médicos y personal afectado, que se encontraron con las puertas cerradas y un cartel con un número de teléfono para comunicarse, sin que se mantuvieran siquiera las guardias médicas.
En un primer momento, las autoridades de las obras sociales provinciales y nacionales intentaron contactarse con los responsables de las clínicas, sin conseguirlo, y elevaron un informe a las autoridades sanitarias de la provincia detallando la situación. Ante la acción oficial, el propietario del establecimiento realizó una reapertura parcial, aunque los servicios prestados fueron ciertamente deficitarios.
Muchos de los pacientes presentaban cuadros complejos o de gravedad, que se vieron en figurillas para continuar con sus tratamientos. Tal es el caso de María Isabel Juárez, afiliada del PAMI, quien fue trasladada de Quimili a Santiago del Estero y debió regresar a su pueblo sin los estudios y sin diagnóstico. En el trajín perdió 15 kilos. Y durante el traslado de vuelta sufrió una convulsión.
La única razón para que Juárez continúe con vida fue la mediación de una ONG, la fundación Misión-Ar, cuyo presidente Iván Camaño se puso en contacto con el hospital de Clínicas de Buenos Aires. Allí la médica y delegada General del hospital, Elsa Carrizo, se ocupó personalmente de la situación, contactándose con el centro coordinador del PAMI del Clínicas y con el propietario de las clínicas santiagueñas. Al llegar a Buenos Aires, la paciente había empeorado sensiblemente. Tenía medio cuerpo inferior paralizado, sin diagnóstico ni tratamiento.
Hoy Juárez se encuentra mucho mejor, en vías de recuperación. La doctora Elsa Carrizo aseguró que “debería haber un contralor y más aún en las provincias, porque sabemos que estas cosas pasan constantemente”. En este caso, el PAMI ha denunciado al doctor Gil por abandono de paciente. No es lo habitual.
“Nosotros recibimos muchas derivaciones”, comentó Carrizo. “Es inhumano en muchos casos lo que se les hace a los adultos mayores”, subrayó.
También resulta irracional que una paciente no pueda tener un tratamiento adecuado en su provincia, con el riesgos y costos que implica su traslado. Y más aún que, sin la mediación de esta ONG, María Isabel Juárez seguiría transitando de Quimili a Santiago, sin estudios ni diagnóstico, experimentando una sensible pérdida de peso, entre convulsiones y abandono por parte del sistema de salud.
María Isabel Juárez puede considerarse muy afortunada. A la mayoría de los casos similares no les aguarda una suerte similar. Y, para peor, los responsables no reciben demanda judicial ni sanción alguna. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Iván Camaño, PAMI, Gerardo Zamora, Santiago del Estero, Quimilí, Enrique Gil, Fundación Misión-Ar, Taboada, Añatuya, María Isabel Juárez, Elsa Carrizo¿Qué te parece esta nota?