Albertítere

Los primeros noventa días del gobierno de Alberto Fernández transcurrieron en un marco de indefinición. Los condicionamientos que le imponía la coalición Frente de Todos, sumada a la propia debilidad de su liderazgo, le exigieron lotear su gabinete para cumplir con los compromisos preexistentes. Esa misma fragilidad lo condujo a mantener en sus cargos a funcionarios heredados de la gestión Cambiemos, tratando de propiciar un entendimiento con los sectores más dialoguistas del Pro y de la UCR, a los fines de incrementar su capital político.

La pandemia de COVID-19 llegó en el momento oportuno y ofició como un fabuloso catalizador para incrementar su imagen personal en las encuestas, al tiempo que le permitió concentrar funciones y capacidades inéditas en tiempos de democracia. Los primeros dos meses fueron, tal vez, el momento más oportuno para ensayar una agresiva ofensiva de consolidación de su autoridad política y su liderazgo personal, pero no fueron aprovechados. Por el contrario, intentó extremar su coqueteo con Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores de la UCR, con lo que sólo amplió la mesa de los tironeos por recursos y cargos, aunque nada le sumó a su fortalecimiento político personal. 

Transcurrido ese lapso, no sólo el hastío creciente frente a la cuarentena indefinida, sino también los graves temores que cada vez más invadieron a nuestra sociedad originados en la gravísima crisis económica y productiva que no dejó de profundizarse, fue mermando sus números en las encuestas y dejándolo cada vez más desnudo ante la consideración pública. 

En vista de cómo evolucionaba su diálogo con la dirigencia más moderada de Juntos por el Cambio, Cristina Fernández comenzó a jugar sus fichas, avanzando significativamente en el control de cargos y de cajas estratégicas en el estado nacional. La figura de Alberto fue declinando, hasta convertirse en una especie de equilibrista enamorado de una cuarentena que amenaza con asociarse al auge y el ocaso de su gestión.

Aunque pocos lo reconozcan públicamente, la Argentina de la nueva normalidad deberá ser necesariamente muy distinta de la precedente. Tal como lo aseguró Guillermo Moreno, no sólo a nivel nacional, sino también internacional, emergerá un nuevo modelo de acumulación basado en la producción y el trabajo, en reemplazo de la etapa previa sostenida en la especulación financiera. En nuestro país este escenario adoptará sus formas más brutales, ya que para pagar la fiesta del endeudamiento macrista resultará necesario impulsar una economía productiva. Muchos son los que ponen en duda de que Alberto Fernández asuma la conducción de ese proceso. De allí el florecimiento de la política partidaria y el renacimiento del internismo, que exigió por ejemplo a que Rodríguez Larreta tuviera que salir a diferenciarse del gobierno nacional, mucho más de lo que aconsejaban los datos aportados por los epidemiólogos. 

El caso Vicentín resulta paradigmático en esta redefinición. Está claro que la solución adoptada no es del agrado del presidente, quien debió asumir su paternidad después de que Cristina lo primereara. Seguramente si hubiera sido por Alberto la empresa hubiera caído en manos de un consorcio privado -en lo se encontraba trabajando José Luis Manzano-, y no hubiera mencionado los términos intervención ni expropiación. Las deudas hubieran sido asumidas por la sociedad argentina y sus propietarios habrían quedado libres de culpa y cargo, perdidos en los laberintos judiciales.

Pero una vez más movió la dama y puso en claro la fragilidad de un presidente que se definió como socialdemócrata en las páginas de Perfil y como peronista en su viaje a Formosa, o que nos invitó a elegir entre la vida y la economía para después afirmar que esa opción era falsa. Renuente a construir un espacio político propio, Alberto Fernández deberá optar entre una de las dos alas del Frente de Todos. La pérdida de confianza que experimenta incluso al interior de la propia coalición lo expone a una tercera opción, inédita hasta ahora en un gobierno del que participa el peronismo.

El nuevo modelo económico lo impondrán los compromisos externos y el nuevo contexto internacional. Por esta razón la Argentina debe clausurar ya el proceso de renegociación de la deuda. En eso coincide todo el arco político nacional y el FMI, que cotidianamente sale a expresar su apoyo a un gobierno al que el poder parece escurrírsele como arena entre los dedos. No sólo habrá acuerdo con los acreedores privados. El Fondo quiere cerrar también el suyo lo antes posible. Sería la única manera -aunque dolorosa- de definir un horizonte de predictibilidad para una sociedad que inevitablemente deberá asumir un futuro poco grato, al menos en el mediano plazo.

El tema central es su instrumentación local. ¿Será un modelo que permita una recuperación de la economía argentina, con inclusión del conjunto de la sociedad, u otro que posibilite el crecimiento, aceptando una pobreza estructural con un 25 por ciento de excluidos?

Esa será la decisión central que deberá adoptar Alberto Fernández al momento de redefinir sus alianzas políticas: el nuevo modelo. Otros actores, en off, son más tremendistas, y suponen que la decisión sobre la Argentina que viene no quedará en manos del actual presidente, sino de una asamblea legislativa. 

Lo único en lo que coincide la clase dirigente de nuestro país es que la Argentina que saldrá de la pandemia será muy diferente a la que ingresó a ella. Y que los recambios serán inevitables, aunque esté en discusión cuáles serán su magnitud y su techo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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