Graciana Peñafort: “No se puede permitir que Vicentín cierre o que, para pagar sus deudas, se desguace”

Desde que Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentín, se generó un debate en torno a la legalidad del procedimiento, el resquemor de sus principales accionistas y el oportunismo del arco opositor, que no tardó en calificar la medida como inconstitucional e ilegal. La demostración de disconformidad más multitudinaria encontró lugar el pasado fin de semana en la localidad santafesina de Avellaneda, donde se encuentra la oficina central. Miles de personas, sin respetar el aislamiento dispuesto por el gobierno, se manifestaron en contra por considerarla un “atropello a la constitucionalidad”.

En contraposición, la abogada de Cristina Fernández de Kirchner,  Graciana Peñafort, aseguró que “se han cumplido todos los procedimientos legales”, tanto es así que “ante la alternativa de que exista otra posibilidad que no sea por la expropiación, el gobierno ha dado espacio para llevarla a cabo”. En este sentido, la directora de Asuntos Jurídicos en el Senado planteó que hay sectores que “buscan argumentos para decir que la democracia está en peligro y no tienen asideros legales”:

“La ley autoriza a que cuando hay un proceso de expropiación se designe una ocupación temporaria que tiene que ver con evitar un deterioro del bien y de la administración del mismo, en tal sentido se explicó que ese bien estaba destinado a la expropiación. Fue perfectamente legal, se mandó al Congreso para que se trate, no hubo tal ilegalidad”, detalló.  

Además, señaló que la expropiación está regulada constitucionalmente y que Alberto Fernández no puede hacerlo por su cuenta, porque esa es una atribución del Congreso. Sobre el carácter de “bien público” que tiene como finalidad la medida, Peñafort agregó que “el motivo por el cual no quieren que se expropie la empresa es el mismo motivo por el cual esa empresa es de interés público”. Vicentín, ubicada en un sector estratégico de la economía argentina, “es decisiva”, ya que “tenemos al sector agroexportador por completo extranjerizado”, indicó.

El vínculo con Mauricio Macri, las denuncias por fraude y los aportes a la campaña electoral del ex presidente, señaló la entrevistada, son cuestiones que “tiene que determinar la Justicia”. También sostuvo: “Era escandaloso el traslado de fondos de Vicentín, esperemos que se investigue y ellos se puedan defender, mientras tanto tiene que funcionar”.

“Hay muchos sectores que le entregaron su cosecha a Vicentín; que no se las pagó pero sí las vendió. Y ese dinero no lo cobró en la Argentina, lo cobró una empresa extranjera. Hay más de 2.000 productores que aún no han recibido el cobro por su cosecha. Es importante que la cerealera pueda pagar de algún modo esta deuda que tiene”, declaró.

Asimismo, estableció que “no se puede permitir que esa empresa cierre o que, para pagar sus deudas, se desguace” y señaló que “no hay condiciones para dejar 28 mil personas sin trabajo, esa gente tiene que comer y el sector tiene que funcionar”.  

“Hay personas que no quieren al gobierno. Son los mismos que hace un mes querían que se levantara la cuarentena”, afirmó, en relación a la marcha que se realizó en Santa Fe con motivo del rechazo a la intervención del gobierno en Vicentín. Y en este sentido, agregó que la medida del gobierno “no fue improvisada, fue ingenua”, ya que “el gobierno pensó que al salvar un montón de trabajo, no iba a encontrar resistencias”.

Finalmente, sobre el cruce de Alberto Fernández con la periodista Cristina Pérez, cuando fue consultado por la medida de intervenir la cerealera, la directora de Asuntos Jurídicos en el Senado indicó que “la ley es la ley, no se puede opinar sobre el texto de la ley”. Asimismo, determinó: “Mandar a leer a alguien no me parece una falta de respeto. Preguntar sin antes haberse informado me parece más”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

*La entrevista se realizó en el marco del programa Te la Debo que se transmite de lunes a viernes de 14.00 a 16.00 por RADIO REALPOLITIK.

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