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27 de junio de 2020 | Historia

Entre 1976 y 1979

El plan económico de Martínez de Hoz

Una vez concretado el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el dictador Jorge Rafael Videla conformó un gabinete integrado exclusivamente por militares. 

HORACIO DELGUY

por:
Alberto Lettieri

El ministro de Economía fue el general Joaquín de las Heras, el único militar que ocupó ese cargo en la historia argentina. Pero no alcanzó a durar una semana. El 29 de marzo fue reemplazado por Martínez de Hoz, representante de las corporaciones golpistas, quien el 2 de abril anunció su plan que, no casualmente, había sido elaborado por Ricardo Zinn, quien fuera viceministro de Celestino Rodrigo e ideólogo del “Rodrigazo”.

Cuando el 2 de abril de 1976 Martínez de Hoz expuso su plan de acción, lo sintetizó en un planteo en el cual reapareció la lucha antiinflacionaria como un objetivo central. Según señalara los objetivos centrales eran: “1) Lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable, como base para la modernización y expansión del aparato productivo del país, en todos sus sectores, lo que garantizará un crecimiento no inflacionario de la economía; 2) Acelerar la tasa de crecimiento económico, 3) Alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando  el nivel de los salarios, en la medida adecuada a la productividad de la economía”. 

En el contexto general del discurso se afirmó que la puja por la distribución era la base de los problemas de la economía argentina. La interpretación clara era que, tal como sucedió, se desataría una fuerte represión sobre la protesta social y particularmente la sindical.

Martínez de Hoz y el poder corporativo no pudieron ejecutar en plenitud su programa ya que en algunos aspectos actuaron como moderadores los propios militares genocidas. Tal es el caso del proyecto de privatizaciones de las empresas públicas, que no pasó por el filtro de las Fuerzas Armadas en razón de que éstas las tenían como cotos de caza en las que ubicaban a sus parientes, amantes y amigos. Los directorios de esas empresas estaban conformados por militares que también desempeñaban cargos gerenciales. 

Así fue que Martínez de Hoz debió archivar el tema que pasó para una tercera instancia después del fallido intento del “Rodrigazo” y de las trabas de los socios uniformados del ministro de Economía y las corporaciones. Esa tercera instancia fue la del gobierno de Carlos Menem, dos décadas más tarde.

La primera medida implementada por Martínez de Hoz fue el congelamiento de los salarios por tres meses, en tanto se eliminaron los controles de precios. Como no podía ser de otra manera, en una política de ajuste, se devaluó la moneda y, con eso, la capacidad de compra de los asalariados, que en un lapso brevísimo cayeron un 30%.

Para poder ejecutar esta política se disolvió la CGT, se prohibieron las actividades  sindicales, se eliminaron las convenciones colectivas y se anuló el derecho de huelga, entre otras disposiciones en la misma dirección. Respecto de la disolución de la CGT cabe como anécdota que cuando los propios dirigentes optaron por desalojar el edificio central antes de que llegaran los militares, los dos últimos que salieron y cerraron la puerta fueron dos economistas que también se desempeñaban como sindicalistas: Juan Carlos Chervatín y Jorge Brugnoli. El primero sería más tarde, con el retorno al régimen constitucional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y el segundo, más adelante, secretario de Relaciones Internacionales de la misma casa de estudios.

Complementariamente se aplicaron normas tendientes a la apertura de la economía y a la desprotección de las industrias nacionales. Así fue como se bajaron los aranceles de importación en el orden del 40 por ciento, se volvió a ajustar el tipo cambio a fines de año y se dejaron de lado los beneficios existentes para los exportadores, mientras se resolvían los problemas de la balanza de pagos apelando a préstamos otorgados por el FMI y la banca privada. 

La práctica del endeudamiento irresponsable se prolongó en el tiempo y terminó sextuplicando la deuda externa heredada del gobierno de María Estela Martínez. Se indexaron las deudas con el estado, se incrementaron las tarifas y se profundizó la presión fiscal incluyendo una generalización del IVA que incluyó a todo tipo de bienes. Ello hizo que disminuyera el déficit fiscal ya que por un lado creció la recaudación y por el otro disminuyeron en un 40 por ciento las partidas salariales. Esto último no sólo tuvo que ver con las políticas económicas de congelamiento, sino también con miles de cesantías, en un buen porcentaje sin pagarse indemnizaciones, justificadas en la presunción de que tales cesanteados eran potencialmente peligrosos por sus orientaciones ideológicas.

La caída de los salarios reales fue acompañada por transferencias de recursos intersectoriales que, en un principio, beneficiaron a la actividad agropecuaria, debido a que los mayores ingresos que generaban las exportaciones no eran compensadas con retenciones, como en la anterior dictadura de Juan Carlos Onganía

En cuando a la inflación, que se había acercado al 40 por ciento mensual para el golpe en marzo de 1976, se desplomó casi a cero en junio de ese mismo año. Posteriormente tuvo un rebote y se mantuvo alrededor del 10 por ciento hasta fines de 1979 cuando retrocedió levemente. Ese rebote fue la consecuencia de la caída del consumo que provocaron los ajustes salariales por lo que hubo que dar, parcialmente, marcha atrás en la materia mientras, complementariamente, se aplicaba un congelamiento por 120 días para los precios. 

A medida que pasaba el tiempo, las contradicciones entre las medidas adoptadas saltaban a la luz, más allá de que el discurso público siguiera insistiendo en su inspiración en la corriente del neoliberalismo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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