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7 de julio de 2020 | Provincia

Pamización y polémica

Provincia adquiere su primera clínica, asociándose a un empresario acusado de estafar al IOMA

Tan sólo algunas horas antes de que la Agremiación Médica Platense decida suspender los servicios a los afiliados durante 48 horas por la sistemática falta de pago del organismo, Homero Giles anunció que gastará unos 50 millones de pesos en arreglar un nosocomio privado que fue polémicamente vaciado en el 2018 y ahora fue alquilado por el IOMA.

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El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) concretó lo que muchos profesionales y afiliados de la provincia de Buenos Aires anticiparon con temor: sumó finalmente a su propio hospital con la idea de atender allí a sus asociados, en una suerte de tubo de ensayo del proyecto destinado a quitarles la posibilidad de elegir con qué médico atenderse. Se trata de la ex clínica Comahue, ubicada en Temperley. Las obras se encuentran avanzadas y la primera etapa tiene fecha de inauguración para el 17 de julio.

Homero Giles, presidente del organismo, que estuvo en la mira por numerosas irregularidades y un enfrentamiento con la Agremiación Médica Platense (AMP) durante las últimas semanas, se presentó en el establecimiento y buscó llevar tranquilidad al afirmar que la obra social no comprará la clínica, sino que sólo costeará su remodelación y reequipamiento, y ya tendría acordado un contrato de alquiler por un lapso de tres años y medio. Según sus cálculos, IOMA recuperaría la inversión en los primeros cinco meses de explotación, una predicción que pareciera tener más de deseo que de probabilidades.

La maniobra despertó el interés de numerosos prestadores del IOMA, que hace seis meses que no cobran. Hasta el mes de mayo, por ejemplo, sólo el sector odontológico mantenía servicios impagos por más de 240 millones de pesos, y se cree que la suma habría ascendido al doble en los últimos treinta días. Las farmacias pudieron cobrar parte de lo que les debía IOMA luego de llevar adelante medidas judiciales y aún resta pagar cirugías bariáticas y otros numerosos servicios e insumos.

La noticia tampoco cayó bien entre empresas de otros rubros, como las vinculadas al acompañamiento terapéutico, la rehabilitación, los cuidadores y la internación domiciliaria.

¿Quién era el titular de la clínica Comahue? No es extraño que los funcionarios bonaerenses se cuidaran de no mencionar el nombre de Damián Gerardo Capparelli en ninguna de las declaraciones ante los medios de comunicación.

Capparelli, quien apareció en numerosas entrevistas reclamando pagos a IOMA durante la gestión de María Eugenia Vidal, hoy es el nuevo socio de la provincia. Es propietario de Laboratorio Nutricional Argentino SA, una sociedad que actualmente cuenta con 2.9 millones de pesos en cheques sin fondos y tiene en despacho un pleito legal en el juzgado Comercial Nro. 11, por un pedido de juicio ejecutivo que le presentó el banco de Crédito Argentino SA.

Como corolario, el propio Capparelli fue detenido en el marco de una causa que investiga una estafa en perjuicio del IOMA y a una afiliada a esa obra social. Luego de ser detenido y declarar ante los fiscales Carlos Arguero y Esteban Lombardo, lo mantuvieron preso bajo el cargo de “fraude y estafa en perjuicio de la administración pública”. Una llamativa elección de socio por parte del ministro Daniel Gollán y el gobernador Axel Kicillof.

Capparelli, presentado como el dueño de la clínica.

Hace tan sólo unas horas, la Agremiación Médica Platense decidió suspender durante 48 el servicio a los afiliados de IOMA, quienes durante ese lapso serán considerados particulares, ante la falta de pago del organismo de los honorarios correspondientes a las prestaciones de abril y meses anteriores, y otros incumplimientos como la demora sistemática del pago, la falta de aplicación de aumentos de honorarios y débitos injustificados.

Puertas adentro de la institución, la decisión de Homero Giles –que fue acompañada por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán- motivó duras críticas. La clínica Comahue, la primera que pasará a depender exclusivamente de IOMA, estuvo en el centro de la polémica por un sospechoso vaciamiento en el año 2018 y su vinculación con sectores gremiales. Por otro lado, los trabajadores deslizaron que Giles estaría aprovechando la letra chica del DNU del presidente Alberto Fernández, que lo exime de pasar su decisión por los organismos de contralor.

Algo similar ocurre con las licitaciones y contrataciones. En el contexto de la pandemia se buscó agilizar los trámites y por ello se habilitaron las compras directas sin las auditorías necesarias, lo que dio vía libre a numerosas maniobras inescrupulosas por parte de las autoridades bonaerenses. La pregunta que hasta el momento Giles y Gollán fallaron en responder pareciera ser por qué, en un momento tan crítico como el actual, no resultaría preferible que el IOMA invierta el escaso dinero existente en mejorar los convenios con los sanatorios y el servicio que presta a sus afiliados. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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