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27 de julio de 2020 | Gremiales

Ajustazo

Gracias a la connivencia gremial, la educación y la ciencia entran en terapia intensiva

El viernes se reunió la paritaria docente nacional, de la que participaron las conducciones sindicales de CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET, junto al ministro Trotta. Los resultados resultan destructivos para los ya magros ingresos de los docentes, ya que los sindicalistas votaron por unanimidad un cero de aumento salarial para el resto del año.

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Entre los firmantes de este letal acuerdo se encuentran Sonia Alesso (CTERA), Roberto Baradel (SUTEBA) y Eduardo López (UTE), los principales sindicatos docentes del país. Lejos están los tiempos en que asumían posiciones confrontativas, incluso contra el propio Daniel Scioli. Cuando los sindicalistas se sientas a ambos lados de la mesa, los únicos perjudicados son los trabajadores.

Los medios nacionales anunciaron un aumento que en la práctica resulta inexistente, ya que no se trata sino de la continuidad de 1.200 de suma fija del FONID, a cuenta de futuros desembolsos. A esto se suman 210 pesos por material didáctico. Es decir, mil menos de los que cuesta un servicio de internet que los docentes deben abonar para poder cumplir con la continuidad pedagógica virtual. De este modo, la enseñanza “gratuita” termina siendo financiada por los propios trabajadores. Ya que la inflación proyectada durante este año es del 47 por ciento, queda en claro que los docentes serán una de las principales víctimas del ajustazo en curso.

La situación nacional no es diferente a lo que sucede en la mayoría de las provincias, en las que las paritarias han sido clausuradas y los gobiernos incumplen los acuerdos paritarios firmados en el mes de febrero de 2020. Son once las provincias en las que se ha producido este recorte: Ciudad de Buenos, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Tierra del Fuego, Catamarca, Corrientes, Santa Cruz, Chaco y La Rioja. Y esto sin contar con los atrasos en los pagos de salarios y la fragmentación del aguinaldo en cuotas. En Buenos Aires debía reunirse en el mes de julio la discusión del aumento para la segunda mitad del año, pero la paritaria simplemente fue cancelada.

Un maestro sin antigüedad de la provincia de Buenos Aires percibió en el mes de junio 31.059 pesos, mientras que, en el otro extremo, uno con 24 años de antigüedad recibió 42.003. De este modo, con los 1200 pesos a cuenta acordado por los sindicalistas con Trotta, incluso los docentes con mayor antigüedad han quedado por debajo de la línea de pobreza. Este castigo, llamativamente, ha sido definido por el ministro de Educación como un merecido reconocimiento al “enorme compromiso que está llevando a cabo el sector docente en el marco de la pandemia, para garantizar la continuidad pedagógica de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos”.

Los ataques sobre la educación por parte de la dirigencia sindical que forma parte del Frente de Todos no se iniciaron ahora. Ya en el mes de febrero Hugo Yasky, referente de CTERA y de la CTA, encabezó una campaña contra la cláusula gatillo, argumentando que promovía la inflación. Justamente el mismo argumento que levantaba el gobierno de Alberto Fernández, en continuidad con los sostenidos con la gestión de Mauricio Macri.

Los datos que presenta la docencia durante la gestión del Frente de Todos resultan calamitosos. No sólo hubo una drástica caída de la capacidad de compra de los salarios, incumplimiento de los compromisos acordados en varias provincias y cercenamiento de los aguinaldos, sino que también perdieron sus empleos más de 100 mil docentes, entre ellos miles de cargos flexibles excluidos del estatuto docente en programas como el FINES, que este año no fueron renovados. También avanzó la precarización laboral y la sobreexplotación laboral con el teletrabajo.

A esto deben sumarse los zarpazos sobre las cajas jubilatorias provinciales, el vaciamiento de las obras sociales -con el emblemático caso de IOMA a la cabeza-, y la continuidad de regímenes disciplinatorios como el presentismo o el “ítem aula” que aplica el gobierno de Juntos por el Cambio en Mendoza.

La profundización de la ofensiva macrista de precarización laboral y empobrecimiento de los trabajadores lleva a los sindicalistas que forman parte del Frente de Todos a adoptar posiciones de difícil retorno. Tal es el caso, por ejemplo, de Yasky, quien afirmó taxativamente, sin ruborizarse, que el movimiento obrero debe “defender al gobierno y al Frente de Todos porque el liberalismo y los grupos de poder pretenden dividir y debilitar, distanciar al presidente Alberto Fernández del kirchnerismo, porque necesitan alimentar la posibilidad de ganar los comicios de 2021″.

La gravísima situación de los docentes de la enseñanza básica se multiplica en el de la universitaria. En este caso no sólo no hay visos de convocatoria alguna a una reunión paritaria, sino que incluso se ha pegado el guadañazo sobre los acuerdos paritarios firmados el año anterior con el gobierno de Mauricio Macri, y se la ha excluido del acceso a sumas fijas y bonos recibidos por trabajadores públicos y privados desde fines de 2019.

El 20 de julio, las autoridades de CONADU (H) reiteraron su pedido formal de convocatoria a la mesa nacional de negociación salarial del sector docente universitario y preuniversitario al ministerio de Educación, a la secretaría de Políticas Universitarias y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en atención a la caducidad del período de vigencia del acuerdo salarial 2020, suscrito el 19 de marzo pasado.

La nota incluyó, además, un listado de obligaciones y costos adicionales que deben afrontar los docentes en el marco de la virtualidad educativa impuesta por el decreto presidencial de asilamiento social, preventivo y obligatorio. La única respuesta fue el silencio.

Para este lunes, el sindicato AGD porteño convocó a una movilización al Polo Científico, que será complementado con asambleas virtuales en varias facultades de la UBA y un apagón virtual en el dictado de clases para el próximo jueves 30. La elección del lugar de la protesta está fundado en la falta de renovación o ampliación de miles de becas y subsidios de investigación que concluían este año, sin que se haya generado iniciativa de continuidad alguna.

Curiosamente, en un "gobierno de científicos" -tal como lo definió el presidente Alberto Fernández-, los científicos y la ciencia argentina han sido colocados en terapia intensiva, sin que la mayoría presente síntomas de COVID-19.

Para el gobierno nacional la prioridad excluyente consiste en arreglar la negociación con los bonistas, mientras el presidente canta y toca la guitarra, y dedica sus fines de semana a agradables maratones de Netflix. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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